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El Supremo confirma la prisión provisional de Cerdán ante los indicios de su “papel activo” en la trama

Los magistrados recalcan que su puesta en libertad supondría un “peligro” que puede perjudicar “irremediablemente” la investigación

Santos Cerdán llega al Supremo para declarar como investigado, el 30 de junio.
Reyes Rincón

Santos Cerdán seguirá, de momento, en prisión preventiva. La Sala de Apelación ha rechazado el recurso de sus abogados contra la decisión del juez Leopoldo Puente de enviarlo a la cárcel por el supuesto amaño de obras públicas a cambio de comisiones en la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. La sala argumenta su decisión en los indicios que apuntan a que el ex secretario de Organización del PSOE ejercía “un papel directivo y de control en la actividad criminal” de todos los investigados. “Está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración del magistrado instructor de existir un peligro de que pueda perjudicarse irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista del recurrente”, señala el auto, del que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena.

La decisión del Supremo se produce un día después de una vista a puerta cerrada en la que la defensa y las acusaciones confrontaron sus argumentos sobre la situación de Cerdán, encarcelado de forma preventiva en Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio. En la cita del martes, los abogados del exdirigente socialista reclamaron su puesta en libertad y denunciaron que el tribunal está aplicando sobre Cerdán una “presunción de indecencia”, en vez de la “presunción de inocencia” que la ley establece para los investigados en una causa judicial.

La Sala de Apelaciones, integrada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Llarena, rechaza este y el resto de argumentos de la defensa y, en la línea de lo defendido por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular (bajo la dirección del PP), sostiene que los fundamentos para concluir que existe el riesgo de que el ex secretario de Organización obstruya la investigación si es excarcelado son “lógicos y razonables”.

“Con ello se justifica convenientemente que el instructor garantice la prosecución de la investigación sin unas erosiones que, en este estado inicial, serían particularmente lesivas para el esclarecimiento de la realmente acontecido y los fines perseguidos por la Justicia”, recoge el auto.

Para llegar a esa conclusión, la sala analiza los indicios acumulados en la causa contra Cerdán, que califica de “nutridos y poderosos”. Entre ellos destaca los audios hallados en varios dispositivos de Koldo García, asesor de Ábalos en Transportes y también investigado en la causa. Estas conversaciones, señalan los magistrados, “resultan claramente indicativas y confirmatorias de la realidad que se investiga”.

Los magistrados también han valorado los mensajes de texto que Cerdán envió a Koldo García, cuando Ábalos acababa de ser nombrado ministro, como uno en el que le advertía de la importancia de que se nombrara a como director general de Carreteras a Javier Herrero, que finalmente fue designado para ese puesto y está imputado en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional; y otros mensajes en los que Cerdán se interesa por determinadas obras en su municipio, Milagro, y en Logroño o Sevilla.

A estos indicios los magistrados unen el análisis sobre “numerosas” obras públicas adjudicadas por Transportes en la etapa de Ábalos, a través de la Dirección General de Carreteras o de su entidad Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que beneficiaron a la empresa Acciona Construcción a pesar de que esta empresa no había presentado la mejor oferta económica, “sino que su oferta se había visto favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva que estarían pervertidos”.

Para los magistrados, estos indicios desvelan por sí solos “la naturaleza de la actividad que se desplegó, así como el modo en que se desarrolló y cómo los investigados se repartían, de manera furtiva, unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero, en un comportamiento que solo se muestra coherente con la actividad delictiva que se investiga”.

Cerdán “impulsaba” las adjudicaciones

La sala sostiene que el riesgo de perjudicar la investigación si Cerdán es puesto en libertad no es “el genéricamente apreciable en la fase inicial de cualquier otra investigación” porque este ejercía “un papel directivo y de control” sobre el resto de los implicados en la trama. Las conversaciones, señalan los magistrados, reflejan que el exdirigente socialista “impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que debían adjudicarse determinadas obras concretas”. También que era él quien pagaba a Ábalos y a Koldo García el dinero que les correspondía por las comisiones obtenidas con el amaño de las adjudicaciones.

“Se refleja de este modo, que era Santos Cerdán quien gestionaba y trasladaba la información de las empresas que habían comprometido el pago por determinadas obras públicas y que debían resultar beneficiadas con la adjudicación final, además de ser quien aparentemente conoció y validó unos mecanismos ocultos de pago que efectivamente se emplearon y que todavía se desconocen”, recalca la resolución.

Para la sala es también determinante el hecho de que la investigación no haya podido desvelar todavía todas las empresas que fueron finalmente beneficiadas por obras de forma irregular; ni quiénes las representaban y mantuvieron contacto con Cerdán; ni cómo se abordaba el pago y se ocultaba después el dinero de las mordidas; ni si subsisten “ciertos depósitos o activos que hayan sido obtenidos con ocasión de su actividad delictiva”, lo que, según los magistrados, resultaría “coherente” con que solo el importe total de las obras adjudicadas a la Acciona por organismos dependientes del Ministerio de Transportes ascendió a 537.271.005 euros y con que por estas adjudicaciones se ha desvelado un flujo monetario de alrededor de un millón de euros, un importe que el instructor considera “exiguo” en el marco de este tipo de delitos.

“Existen indicios de que el recurrente, que niega cualquier responsabilidad, conoce a todos los que pagaron estas comisiones y sabe cómo le fueron pagadas, además de saber los conceptos con los que pudieron maquillarse los pagos y, quizás, incluso la propia procedencia bancaria de los fondos”, recoge el auto, que añade: “Sólo él parece conocer el destino que dio al dinero, así como el camino que siguió hasta su entrega a los beneficiarios últimos, quiénes fueron éstos o dónde podría haber quedado depositado el dinero que no haya sido repartido. Y sólo él conoce el rastro y los vestigios que su actividad puede haber dejado”.

Riesgos de su puesta en libertad

Según los jueces, hay una posibilidad cierta de que Cerdán pudiera intentar concertarse con otros investigados “para construir descargos”, así como destruir documentos, crear otros que puedan ahora “justificar movimientos pasados”, concertarse con testigos o, incluso, “modificar el actual emplazamiento de sumas de dinero defraudadas que pudieran estar bajo su control u de ocultarlas bajo sociedades u hombres de paja”. Estas circunstancias, apuntan, “justifican sobradamente” la precaución del instructor ante un riesgo que “no es en modo alguno apreciable con la misma intensidad respecto del resto de investigados”, en contra de los reproches de “agravio comparativo” que sostiene la defensa de Cerdán.

Los magistrados tampoco comparten que, como esgrimieron los abogados, si el exdirigente socialista hubiera querido destruir pruebas podía haberlo hecho en los 15 días que mediaron entre que se conoció su implicación en el caso (el 12 de junio) y su encarcelamiento (el 30 de ese mes). “La concreción de lo que se atribuye y un conocimiento detallado de la orientación de la investigación son los condimentos precisos para que aquellos responsables que conocen los aspectos todavía no desvelados de lo ocurrido puedan ensayar las estrategias de obstrucción eficaz que consideren convenientes y que el juez de instrucción trata de conjurar”, afirman los magistrados.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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