Una jueza frena la puesta en libertad de Kilmar Abrego García

Kilmar Abrego García casi queda libre. Una jueza federal de Tennessee ha pausado la orden de otro magistrado del mismo Estado que ordenó este miércoles la liberación del salvadoreño deportado por error en marzo y devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar un juicio por transporte ilegal de migrantes indocumentados. La magistrada Barbara Holmes pospuso su liberación por otros 30 días, o hasta que se emita una nueva orden judicial. La suspensión, solicitada por ambas partes, le dará al Gobierno de Trump la oportunidad de apelar y al equipo legal del inmigrante la posibilidad de buscar un nuevo recurso.

La decisión de Holmes llegó tan solo horas después de que otros dos magistrados federales ordenaran la puesta en libertad de Abrego García: el juez de distrito de Nashville Waverly D. Crenshaw y la jueza Paula Xinis, de Maryland. En su orden, Xinis también prohibió que el hombre fuera detenido por agentes de inmigración mientras espera su juicio.

Los fallos de Crenshaw y Xinis de este miércoles marcan un punto de inflexión en una saga legal que ha atraído la atención nacional, pendiente de los acontecimientos que giran en torno al salvadoreño. Abrego García se ha convertido en un símbolo de las injusticias cometidas en la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

“Estos fallos constituyen una contundente reprimenda a la conducta ilegal del Gobierno y una garantía crucial para el derecho al debido proceso de Kilmar”, declaró Simon Sandoval-Moshenberg, uno de sus abogados, al conocer las decisiones de Crenshaw y Xinis, que favorecen al salvadoreño. “Tras su deportación ilegal una vez sin previo aviso, esta protección legal es esencial. Agradecemos que el tribunal haya reconocido que los derechos y la seguridad de Kilmar están en juego, y que las acciones pasadas del Gobierno son motivo de seria preocupación”, añadió el letrado.

En su decisión de ponerle en libertad, el juez Crenshaw rechazó la moción de la Administración que pedía revocar una orden anterior de Holmes. El magistrado argumentó que el Gobierno “no logra demostrar con una preponderancia de pruebas —y mucho menos con pruebas claras y convincentes— que Abrego represente un peligro tal para los demás o la comunidad [y] que dichas preocupaciones no puedan mitigarse con las condiciones de su liberación”.

Anteriormente, la jueza Holmes había otorgado la libertad a Abrego García, pero lo mantuvo bajo custodia a petición de la defensa por el temor a que, al ser liberado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuviera.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, ya había anunciado que, cuando el detenido fuera liberado, las autoridades migratorias lo arrestarían de nuevo con la intención de volver a deportarlo, esta vez a un tercer país, que podría ser México o Sudán del Sur.

Por ello, la magistrada Xinis, de Maryland, que sigue un caso civil por la deportación del salvadoreño, emitió una orden que prohíbe a la Administración Trump poner bajo custodia del ICE a Abrego García tras su liberación. Además, la magistrada estableció que las autoridades migratorias deben notificar a los abogados de Abrego García su intención de deportarle de nuevo con 72 horas de antelación, avisando a dónde lo enviarían. Xinis también ordenó su regreso a Maryland, el Estado donde residía con su familia, tal y como solicitó su defensa, aunque eso no será posible por el momento.

Abrego García, de 29 años, fue deportado por error a El Salvador en marzo y encarcelado en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot) junto con más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños. La Administración Trump los acusó sin pruebas y sin juicio previo de pertenecer a las pandillas criminales Tren de Aragua y MS-13. El caso de Abrego García se volvió célebre porque el propio Gobierno admitió haberlo deportado por un error administrativo, puesto que el salvadoreño contaba desde 2019 con una protección judicial que impedía su deportación al país centroamericano por el temor fundado a que sufriera represalias por parte de las pandillas.

Abrego García salió de su país a los 16 años huyendo de la violencia de esos mismos grupos. En Maryland trabajaba como obrero metalúrgico y residía con su mujer, estadounidense, y tres hijos.

El 6 de junio el Gobierno de Trump sorprendió regresando al salvadoreño a suelo estadounidense. Desde su deportación, el republicano había rechazado iniciar las gestiones para su retorno, a pesar de que la jueza Xinis e incluso el Tribunal Supremo ordenaron que “facilitase” su vuelta.

El regreso de Abrego García no se produjo, sin embargo, para enmendar el error de la Administración, sino para que enfrentara cargos penales. El Gobierno acusó al salvadoreño de ser un criminal peligroso que traficaba con migrantes indocumentados y fue detenido nada más aterrizar en Estados Unidos. Desde entonces, se mantenía bajo custodia en Tennessee, donde espera su juicio. Abrego García se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.

“Las decisiones de los tribunales brindan a Kilmar cierta protección y a su familia cierta tranquilidad”, declaró Ama Frimpong, directora legal de la organización CASA, que ha mantenido una campaña de apoyo al salvadoreño desde que fue deportado. “Sabemos que esto no elimina la amenaza de deportación, pero reafirma la importancia de la supervisión y la rendición de cuentas en el proceso. Este no es el final de nuestra lucha popular; sin embargo, es un momento de rendición de cuentas. Nuestra lucha por la verdadera justicia para Kilmar continúa, y seamos claros: cuando luchamos, ganamos”, apuntó.