Las universidades públicas andaluzas cargan contra la Junta por evaluarlas con criterios dispares a las privadas

Andalucía ha pasado en apenas dos años de contar con una universidad privada a seis. En 2022, el Gobierno andaluz creó la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) que debía ser el órgano encargado de verificar y proponer las nuevas titulaciones demandadas desde los centros públicos y privados. Pero ese organismo se encuentra descabezado desde el pasado marzo, cuando dimitió “a petición propia” su director, Antonio José Cubero.

Desde entonces, la agencia tiene en su cúpula a dos políticos, al consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y al secretario general de Universidades, Ramón Herrera. Esta situación de interinidad ha provocado la queja de los rectores de las universidades públicas que, en una carta a la que ha tenido acceso este periódico, han denunciado la “disparidad” y la “excesiva rigidez” en los criterios utilizados por la agencia para la concesión de nuevas titulaciones.

El detonante del malestar de los rectores andaluces se ha producido esta semana, tras conocerse el informe negativo de la ACCUA a la implantación del Grado en Ingeniería Biomédica que se iba a impartir en las universidades públicas de Jaén (UJA) y Granada (UGR) y para el que ya había más de 800 preinscripciones para iniciar el Grado el próximo curso. El mismo día en el que se rechazaba ese Grado en Jaén y Granada, la agencia pública emitía informe favorable para impartirlo en la Universidad Loyola de Andalucía, de carácter privado. “Exigimos las mismas reglas de juego y las mismas exigencias que las universidades privadas para que podamos competir en igualdad de condiciones”, denunció el rector de la UJA, Nicolás Ruiz.

Los rectores, agrupados en la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), han mostrado su preocupación por el deterioro en el funcionamiento y los procedimientos de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), una situación que, aseguran, contrasta con la “alfombra roja” que se le está poniendo a los nuevos centros de titularidad privada. Los rectores reclaman que la dimisión del director de ACCUA “no suponga ni una merma, ni un retraso, ni una paralización de los procedimientos que afectan a las universidades, cuestión que ya se ha sufrido y por lo que se han visto perjudicadas en el anterior cambio de dirección”, se indica en la carta que las universidades públicas andaluzas han enviado al Gobierno autonómico.

Entre las anomalías que ponen de relieve destacan la insuficiencia del número de evaluaciones anuales para cubrir adecuadamente todas las necesidades del sistema universitario, con solo dos ventanas a lo largo del curso; así como la carencia de un sistema claro y definido para acreditar a los centros que imparten estos títulos.

La AUPA censura una “disparidad” en los criterios aplicados por las comisiones evaluadoras, “lo que genera incertidumbre y dificulta la planificación universitaria”. Los rectores ponen como ejemplos criterios diferentes entre comisiones evaluadoras en la misma convocatoria. Las comisiones emiten distintos juicios sobre los mismos criterios en distintas universidades o incluso dentro de la misma universidad. En algunas ocasiones, se ha dado un informe desfavorable por una comisión sobre un aspecto concreto para ser subsanado, y al siguiente año la nueva comisión pide subsanar en el sentido que derivó en la evaluación desfavorable, “dejando a la universidad indefensa, sin saber cómo actuar”.

Finalmente, los rectores aluden a la rigidez excesiva en los criterios de evaluación, especialmente en procesos de verificación y modificación, en comparación con los informes emitidos por otras agencias evaluadoras. “La excesiva rigidez de estos procedimientos contrasta con la flexibilidad de los procedimientos de evaluación europeos. La impresión es que el Procedimiento Europeo para la Garantía de la Calidad de los Programas Conjuntos es mucho más flexible en la aplicación de sus criterios de evaluación y en la consideración de los planes de estudios que los programas nacionales”, critican las universidades públicas.

Los rectores de los centros públicos dudan de que todas estas exigencias se impongan también a las universidades privadas. Cuando menos, entienden que sus argumentos no son más débiles que los que han llevado a aprobar el Grado de Ingeniería Biomédica en la Universidad Loyola de Córdoba, de carácter privado. En Jaén y en Granada se han suscitado numerosas críticas de agentes sociales, grupos políticos y colectivos ciudadanos, por lo que consideran una discriminación a dos universidades públicas punteras, tanto en la rama de Ingeniería como en la de Ciencias de la Salud, poniéndose en tela de juicio a ambos centros de reconocido prestigio internacional.

Además, se da la circunstancia que desde que entrara en vigor el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ni la UJA ni la UGR han tenido un informe desfavorable a las nuevas titulaciones (en el caso de la UJA se ha sometido a verificación más de 100 títulos oficiales). “¿Qué está pasando en esta agencia de evaluación? ¿Se han activado todos los mecanismos de control, seguimiento y supervisión necesarios? Todo apunta a que no”, ha criticado el rector de Jaén, Nicolás Ruiz.

Mientras tanto, el consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha tildado de “auténtica irresponsabilidad poner en duda la labor” de la ACCUA, al tiempo que ha subrayado que los criterios de evaluación de títulos “son exactamente los mismos” para las universidades públicas y privadas. También ha recalcado “la independencia” de la agencia, que “se mueve por una serie de criterios a niveles nacionales, igual que todas las agencias, a nivel de la Unión Europea”.