El PP de Moreno impone a sus candidatos a la Defensoría del Pueblo y la Oficina Antifraude

El Partido Popular ha impuesto sin consenso previo a sus candidatos a ocupar la Defensoría del Pueblo Andaluz y la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, rompiendo una acreditada tradición parlamentaria basada en el acuerdo. Los populares, que tienen mayoría absoluta, no han podido alcanzar pactos con los otros cuatro grupos parlamentarios. Al menos a las claras y por ahora, porque en el caso de la persona que sustituirá a Jesús Maeztu como Defensor, el PP dice que tiene un acuerdo con Vox, mientras el partido ultra lo niega.

Los candidatos han comparecido este miércoles en la comisión de nombramientos del Parlamento andaluz y no han pasado un buen rato. Normalmente este examen de idoneidad es un trámite bastante inútil donde nadie pregunta nada porque todo llega pactado antes. No ha sido el caso.

Inma Nieto (Por Andalucía) ha advertido al inicio de la reunión del incumplimiento del Reglamento, ya que los grupos han recibido la documentación sobre los aspirantes ayer martes, cuando la norma dicta que deben tenerla “al menos con 48 horas de antelación”. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP), no ha atendido la queja, tampoco el letrado mayor ha dicho ni mu al ser interpelado. Es lo que suele hacer Aguirre (y el letrado) cada vez que le instan a cumplir con el procedimiento. Esto está generando una “profunda preocupación” en el cuerpo de letrados de la Cámara, que cree que se están subordinando los criterios jurídicos a los políticos.

El PP ha propuesto a Rosario García Palacios, enfermera y presidenta de Cruz Roja de Andalucía como Defensora del Pueblo; y al magistrado Francisco Sánchez Zamorano como director de la Oficina Antifraude. Todos los grupos de la oposición han afirmado que estas propuestas no han sido consensuadas con ellos y se han quejado de las prisas del PP que dieron, sin avisar, un plazo de cuatro días a los grupos para registrar sus propuestas.

Los socialistas han reconocido que han mantenido conversaciones con los populares para llegar a un acuerdo sobre el Defensor, pero “en mitad de esas conversaciones el PP rompió la baraja”, ha afirmado la diputada del PSOE Verónica Pérez. “No votamos contra usted sino contra un procedimiento que daña a la institución”, ha dicho. Previamente el portavoz adjunto socialista, Rafael Recio, había acusado al Gobierno de Juan Manuel Moreno de no buscar la renovación de estas instituciones, sino de “apropiación para tener todo bajo control”. Pérez le ha preguntado a García Palacios si había formado parte de una lista electoral y si ha militado en algún partido “porque el que va en una lista electoral, imparcial no es”.

La candidata a Defensora propuesta por el PP figuró en el puesto número 15 de la candidatura municipal que encabezó Teófila Martínez en Cádiz en 2015. García Palacios ha reconocido que figuró en la lista, que “jamás” ha militado en un partido y que tras las elecciones se desvinculó de esa candidatura. Pérez se ha sumado al argumento de otros portavoces de que la falta de acuerdo “macha a una entidad como Cruz Roja”. “Imparcialidad ninguna”, ha dicho en sus redes sociales la vicesecretaria general del PSOE andaluz y portavoz de su grupo, María Márquez.

Respecto a la propuesta del juez Sánchez Zamorano, el grupo socialista se ha quejado de que no habido “ni un solo contacto ni una llamada de teléfono” para intentar consensuar su nombramiento. “Quieren tapar la boca a la Oficina Antifraude para prevenir la corrupción, quieren matarla”, ha opinado Pérez.

La elección de la nueva Defensora requiere una mayoría reforzada de tres quintos (66 de los 109 diputados). El PP por sí solo no tiene votos suficientes (58) por lo que debe rascar diputados en otro grupo. Vox, que se ha abstenido en las votaciones sobre los dos aspirantes, ha criticado el procedimiento exprés seguido y ha negado tener un acuerdo con el PP. El partido ultra defiende la desaparición de “los Defensores del Pueblo, estos que llaman autonómicos. No queremos duplicidades”, ha dicho en rueda de prensa su diputado Ricardo López Olea. Y ha añadido: “Si el PP necesita una mayoría cualificada, tendrá que buscársela”.

Pese a que Vox mantiene que no hay tenido contactos con el PP, el portavoz del grupo popular, Toni Martín, ha dado por hecho que la ultraderecha “respaldará” a García Palacios. “Contactos ha habido y muchos, ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro”, ha subrayado. El interlocutor en ese caso ha sido el portavoz de Vox, Manuel Gavira, “una persona de palabra”, en opinión de Martín, quien ha achacado al “juego político” las palabras de López Olea o “a que no ha hablado con su portavoz”.

El pleno del Parlamento andaluz votará la candidatura de la futura Defensora en el último pleno del mes de julio y hasta entonces todo estará en el aire, aunque el PP no tiene dudas de que saldrá adelante con Vox. Respecto a la falta de acuerdo con el PSOE, Martín ha asegurado que no es culpa de ellos sino de la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, “que ha dado la orden de que no se acuerde nada”. Martín ha recordado que el actual Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, fue ministro y candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid. La elección del director de la Oficina contra el Fraude también requiere una mayoría reforzada en primera votación, pero en la segunda sale adelante con la mayoría absoluta del PP.

“La Defensoría del Pueblo es un contrapoder del Gobierno sobre todo por su independencia e imparcialidad y la única manera de garantizarla es el consenso. No ha habido ni una llamada. Esto es la primera vez que ocurre”, ha afirmado el portavoz del grupo mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, para explicar su voto en contra de la idoneidad de los candidatos. Tanto este diputado como el resto no han puesto en duda la capacidad y méritos de los candidatos, pero han cuestionado con rotundidad la falta de acuerdo.

La portavoz de Por Andalucía ha pedido a García Palacios que renunciara al puesto “para no verse afectada en su prestigio” ni el de la Cruz Roja por la falta de acuerdo; y al magistrado le ha dicho que la Oficina Antifraude requiere “de un plus de independencia” a través de acuerdos previos que no se han producido. Nieto le ha recordado que a la Oficina contra el Fraude “le falta personal, recursos y tiene expedientes atrasados”.