La Fiscalía destapa facturas falsas por 300.000 euros en el transporte escolar de la Junta andaluza en Cádiz

La Fiscalía de Cádiz ha denunciado esta semana en los juzgados, tras un año y medio de investigación, el menoscabo económico de unos 300.000 euros por facturas falsas y trabajos no prestados en el servicio de transporte escolar gestionado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae) del Gobierno autonómico (PP). El ministerio público incrimina a varios empleados de la agencia pública y empresarios por malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento mercantil, según fuentes de la Fiscalía.

La investigación surgió tras una denuncia de la Intervención General de la Junta, que en paralelo ha detectado irregularidades contables en el Parque de las Ciencias de Granada. Aunque la Fiscalía no vio delito en la gestión de este museo público, el Gobierno andaluz sí asumió un daño al erario y ahora reclama 120.000 euros a tres exresponsables del museo granadino. En paralelo, la Intervención también ha alertado a la Oficina Andaluza Antifraude tras detectar daños económicos en los controles económico-financieros que peinan las cuentas de estos organismos: la agencia agraria y pesquera Agapa, el Consorcio Fernando de los Ríos y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

“Se habría contratado por 762.210 euros un servicio que hubiera debido tener un coste de 172.863 euros. De lo contratado, se indica que Marceli y Juanito SL [empresa de autobuses], habría emitido facturas por importe de 544.580 euros, de las que se habrían abonado 455.035 euros”, desgranó el interventor que destapó el caso en febrero de 2024, con 38 contratos menores duplicados entre 2022 y 2023.

El desbarajuste contable afecta a varias rutas de transporte escolar en la provincia gaditana, entre ellas el instituto Fernando Quiñones y el colegio José de la Vega en Chiclana de la Frontera, “prestándose el servicio una única vez, pero abonándose repetidamente a través de los diferentes expedientes con la misma empresa, Marceli y Juanito SL”, detalla el informe. Las pesquisas concluyeron con el despido de un administrador de gestión empleado en la agencia, que había ejecutado traspasos presupuestarios (barrados) sin seguir el procedimiento establecido. Este diario ha intentado recabar la opinión de Marceli y Juanito SL, pero no ha obtenido respuesta.

En paralelo, la Intervención remitió a la Fiscalía de Granada las irregularidades contables detectadas en el Parque de las Ciencias de esa ciudad, pero el ministerio público no apreció delito, según una portavoz del ministerio público. Sin embargo, el órgano fiscalizador de la Junta alertó de que su exdirector gerente Ernesto Páramo cobró dinero sin trabajar durante una época en 2020. Además, tras la pandemia y durante un tiempo prolongado, este directivo no acudió presuntamente a su puesto de trabajo y tampoco se le autorizó el teletrabajo.

Ahora la Consejería andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional reclama en los juzgados a Páramo 50.000 euros cobrados de manera supuestamente indebida. En paralelo, la consejería exige otros 70.000 euros a la ex directora gerente Cristina González, sucesora de Páramo, y al ex director económico del Consorcio público que dirige el museo granadino, Pablo Espinosa. El pasado otoño una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la procedencia del despido del exdirector económico, tras el recurso de este empleado.

La Intervención General denunció una serie de contratos efectuados por el museo, entre los que sobresale uno con la entidad Sede Electrónica SL por un supuesto conflicto de intereses por parte de un técnico del museo. El centro carecía de profesionales cualificados en ciertas áreas, por lo que estos trabajaban mediante contratos menores “perpetuados” en el tiempo, dada la experiencia que iban acumulando. Los contratos señalados, incluidos uno por la atención al público, ronda el millón de euros. Ahora la Junta afirma que actuará al respecto tras recibir informes jurídicos que avalan la reclamación de fondos por irregularidades contables.

“El Parque de las Ciencias era un proyecto artesanal y exitoso de público, pero otra cosa es el control de las cuentas”, resumen fuentes del Ejecutivo autonómico, que recuerdan que el museo aprueba este año por primera vez sus cuentas, después de tenerlas bloqueadas varios ejercicios, lo que permitirá el uso de 800.000 euros retenidos en tesorería.

Tres casos de irregularidades contables

Mientras, la Intervención General ha derivado tres casos de irregularidades contables a la Oficina Andaluza Antifraude por si debiera depurar responsabilidades contra los altos cargos responsables. A finales de 2023 comunicó a dicha oficina un informe remitido al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el que denunciaba 27.373 euros percibidos de manera supuestamente indebida por los trabajadores del Consorcio de Mijas entre 2009 y 2021, por considerarlos “infracciones muy graves” en la gestión económica-presupuestaria, según la ley estatal de transparencia 19/2013. La interventora subrayaba los dos directores gerentes del Consorcio malagueño con posibles responsabilidades, de iniciales M. A. T. y V. M. L., que podrían ser destituidos o sancionados.

También remitieron los interventores informes a la Oficina Andaluza Antifraude por la gestión económica del Consorcio Fernando de los Ríos, donde detectó “contrataciones de personal no sometidas a informe de control previo”, considerada una “infracción grave” según la ley.

Por último, hace un año la Intervención alertó a esta oficina antifraude el informe definitivo de control financiero permanente sobre la agencia agraria y pesquera andaluza Agapa, dependiente de la Junta, entre 2019 y 2021. En dicho informe se recopilaba el seguimiento que Agapa había hecho del informe de cumplimiento de 2017, y la agencia había implantado 17 medidas recomendadas por la Intervención, pero había evitado implantar 18 y tenía en proceso de adaptar 21 medidas en abril de 2024. Es decir, un seguimiento de las medidas económico-financieras muy limitado para lograr ajustarse a la ley, especialmente las referidas a los ingresos y al personal.

La Oficina Andaluza Antifraude ha rechazado confirmar si se han derivado sanciones en los tres casos detectados por la Intervención. “La oficina no puede facilitar dato alguno relativo al estado de tramitación de procedimientos concretos”, alega un portavoz, que echa balones fuera y ni siquiera confirma que estén en investigación o concluidos.