La Intervención General andaluza alertó de seis casos de menoscabo de fondos públicos antes del reciente relevo de su cúpula

La Intervención General de la Junta andaluza alertó de seis casos de posible menoscabo de fondos públicos por 22 millones en diferentes organismos entre 2023 y 2024. Los interventores remitieron seis alertas a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, para lograr que el Gobierno andaluz (PP) frenara de inmediato la pérdida de dinero por irregularidades contables. La agencia Idea, el Parque de las Ciencias de Granada, el Servicio Andaluz de Empleo, la agencia de educación Apae, la agencia agraria y pesquera Agapa y el Consorcio Fernando de los Ríos protagonizaron estos casos con indicios de “dolo, culpa o negligencia grave” por parte de los funcionarios o personal laboral y detectados por los interventores en sus controles económico-financiero.

La Intervención General es un Cuerpo de élite compuesto por altos funcionarios que controla y audita todas las operaciones económicas y financieras de la Junta para garantizar que se ajustan a la ley. Desde la llegada a principios de año del nuevo interventor general, Miguel Ángel Figueroa, la consejera España ha recibido dos comunicaciones por el artículo 110 de la Ley General de Hacienda Pública andaluza sobre menoscabo de fondos ―que desde 2022 sustituyen a los informes de actuación―, según una portavoz de la Consejería. La agencia Idea, dirigida por Figueroa entre 2022 y 2024, es el organismo que acumula más alertas por acciones u omisiones supuestamente ilegales: la primera en julio de 2022, la segunda en octubre de 2023 y la última el pasado octubre.

El primer informe sobre la pérdida de fondos en Idea desgranaba la falta de reclamación de 15 millones por parte de la dirección de Idea a las empresas que habían recibido préstamos de la Junta. Las ayudas concedidas eran reembolsables e Idea podía haber reclamado los fondos, pero no lo hizo. “No solo no se ha tratado de recuperar los fondos objeto de las operaciones anteriores, sino que además determinadas empresas han recibido más de un préstamo. Es decir, pese a no devolver los préstamos recibidos, han resultado beneficiarias de nuevos préstamos, que tampoco han reintegrado. Con ello se ponen en cuestión los criterios utilizados por Idea para concederlos y su falta de celo en cuanto a su recuperación, ya desde el mismo momento de la concesión”, censuró la interventora en su informe crítico. La auditora reprobó la “total falta de diligencia” de la agencia pública para recuperar los fondos prestados a empresas como High Tecnology Composites, que recibió de la Junta andaluza seis préstamos en los años noventa.

La Intervención General advirtió en enero de 2022 a Idea de que debía mover ficha con urgencia para defender su patrimonio. Dos meses después, la agencia denunció ante la Fiscalía de Sevilla la concesión por parte de sus antiguos responsables de 48 préstamos impagados. A continuación, el Juzgado de Instrucción 20 de la capital andaluza abrió causa e imputó a 20 antiguos dirigentes y técnicos de Idea. Sin embargo, algunas ayudas están prescritas y ciertas actuaciones penales ya se han archivado. En el ámbito administrativo, la responsabilidad contable que denunció la interventora ha prescrito, según fuentes del caso.

La segunda alerta de la Intervención General sobre la agencia Idea advirtió de un menoscabo de 2,2 millones detectado en octubre de 2023 debido a un antiguo convenio firmado con el Consorcio Fernando de los Ríos entre 2011 y 2013. Y la última alarma fue remitida el pasado octubre por un menoscabo de 7,5 millones en los avales concedidos por Idea en 2013, que sumaron en total 71 millones. De estos, se consideraban “irrecuperables” más de 25 millones, por lo que el interventor alertó de un posible daño al erario. Hasta 2020 Idea aseguraba que esos 7,5 millones hurtados a la hacienda pública eran recuperables, pero durante la pandemia la agencia aceptó que ya se trataba de un dinero perdido sin posibilidad de reversión, con el consiguiente reproche del interventor a Idea. Tras una caótica contabilidad, la agencia intenta recuperar ahora en la justicia 64 millones de los avales concedidos. “Un 78% del importe de los avales concedidos resultaron fallidos”, concluyó el auditor en su informe.

A pesar de la reprimenda contable de los interventores, Idea intenta ahora borrar de un plumazo su deuda de 115 millones mediante la presentación de sus cuentas de 2020, según la Consejería de Hacienda.

En paralelo, la Intervención General remitió a la consejera España una alerta en abril de 2024 por un menoscabo de 170.000 euros en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), entre 2019 y 2021. El dinero reclamado por el interventor proviene de ocho deudas de otros organismos ―bancos, empresas y la Universidad Pablo de Olavide, entre otros― con la agencia y que Agapa declaró prescritas en 2022. Por ello, el interventor nombra a los cinco últimos directores generales ―incluido el actual, José Carlos Álvarez― como supuestos responsables de la pérdida en el erario al declarar prescritas las deudas.

El interventor que analizó las cuentas de la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae) en 2021 detectó “pagos indebidos” por 34.127 euros a la directora de la asesoría jurídica de dicho organismo, por lo que emitió un informe de alerta en 2023. Sobre el Parque de las Ciencias de Granada, el interventor identificó un posible menoscabo de 70.474 euros con responsabilidad contable en el cobro de guardias abonadas a la exdirectora gerente en funciones y pagos del exdirector del área de economía y recursos humanos.

Sobre el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Intervención General identificó a finales de 2023 un menoscabo de 27.373 euros debido a irregularidades contables en cantidades percibidas por cinco empleados del Consorcio de Mijas. Por último, el Consorcio Fernando de los Ríos abonó 4.214 euros de manera irregular a su director general entre 2019 y 2020, según denunció en un informe la Intervención General el pasado diciembre.

La consejera justifica al interventor general

Tras la publicación el pasado miércoles de que el interventor general, Miguel Ángel Figueroa, había retenido propuestas de informes de actuación en un cajón durante cuatro meses, la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, justificó la dilación de la principal propuesta, que afecta a la agencia Idea: “Aquí no hay nada paralizado (…) Hay una solicitud a gabinete jurídico para saber quién tiene que firmar esa propuesta de informe [de actuación], puesto que el interventor se tiene que inhibir. Y ese es el motivo del retraso. Estamos esperando saber quién es la persona competente para firmar [la propuesta]”.

Fuentes de la Intervención General rebaten la explicación de la consejera y aclaran que el informe del gabinete jurídico para determinar quién sustituye a Figueroa en caso de conflicto de interés es “por completo innecesario”, ya que en estos casos siempre han firmado los directores de división correspondientes: “Hay precedentes claros y recientes, como los ex interventores generales Vicente Fernández y María Antonia González, que se abstuvieron en numerosas ocasiones y siempre firmaron en su lugar las directoras de división que tocaba”. Ante el conflicto de interés de Figueroa por haber dirigido Idea entre 2022 y 2024, la pauta marca que debe delegar la decisión en su directora de la división de control financiero y supervisión continua I, Alicia Castro. La consejera España dice que los servicios jurídicos llevan desde febrero estudiando la cuestión.