El interventor general andaluz retiene en un cajón tres propuestas de informes de actuación

El interventor general de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha guardado en un cajón durante cuatro meses dos propuestas de informe de actuación que sus auditores le han remitido para actuar contra la agencia pública Idea y el Consorcio de Transporte Metropolitano en Sevilla, por ignorar sus recomendaciones contables de control del gasto. También está paralizada desde hace un mes y medio una propuesta contra la Agencia Andaluza de Educación, que ha caído en saco roto. Los interventores delegados urgieron a Figueroa a tomar medidas contra estos tres organismos públicos, pero el jefe de la Intervención General, nombrado por el Gobierno autonómico (PP) a principios de año, las ha retenido sin ofrecer explicaciones.

El interventor general no dispone de un plazo legalmente estipulado para ratificar o rebatir una propuesta de informe de actuación, pero la pauta habitual nunca ha excedido de un plazo prudencial de dos semanas, subrayan fuentes del organismo fiscalizador. Sobre todo porque la urgencia apremia, ya que los interventores proponen un informe de actuación a su jefe cuando los organismos públicos desoyen de manera repetida sus advertencias para corregir procedimientos irregulares de gasto. “Es muy grave. Entre la propuesta y el informe no hay plazo, pero se decide sí o no rápido, porque si no procede [el informe de actuación] hay que responder al interventor que propone con una resolución motivada”, lamentan fuentes del organismo fiscalizador.

Figueroa se puso al frente de la Intervención General a principios de enero procedente de la agencia pública Idea. Un mes después, el 5 de febrero, recibió una dura propuesta de informe de actuación sobre su anterior gestión como director de Idea (entre 2022 y 2024): de las 30 medidas recomendadas por la interventora, la agencia solo atendió tres, 13 estaban en proceso de implantarse y 14 no habían sido implantadas a fecha del pasado 14 de diciembre (un 46%). Ante esta desobediencia de la gestión debida por parte de Figueroa y sus subalternos en Idea, un mes y medio después la interventora delegada elevó una propuesta de informe de actuación.

En vez de abstenerse por conflicto de interés y derivar la propuesta a la jefa de la división de Control Financiero y Supervisión Continua I, Alicia Castro, Figueroa la ha guardado en un cajón durante cuatro meses. Preguntada al respecto la Consejería andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, una portavoz ha alegado que no puede detallar el manejo de los tiempos del interventor general, a pesar de que el organismo está integrado en dicha Consejería. Figueroa ha rechazado responder.

La interventora censura en su propuesta de informe de actuación cómo la dirección de Idea incurrió en una inacción que imposibilitó recuperar parte de un pasivo de 115 millones de euros que arrastra desde hace décadas. Ahora la agencia intenta eliminar de un plumazo dicho saldo, según la Consejería de Hacienda.

“Durante 15 años [11 con el PSOE en el poder, 4 con el PP], la Agencia no ha realizado ninguna actuación tendente a la recuperación de las cantidades entregadas a diferentes empresas en concepto de préstamo. De otro modo, se habría interrumpido la prescripción, cosa que no ha ocurrido a tenor de lo indicado por Idea. De lo anterior se desprende una actuación totalmente falta de diligencia por parte de la Agencia y sin interés en la recuperación de los fondos públicos destinados a estos préstamos”, censura la interventora en su propuesta de informe de actuación elevada a Figueroa, a la que ha tenido acceso este diario.

“Se pueden adoptar medidas concretas de corrección para subsanar las deficiencias observadas (…) Son recomendaciones derivadas de salvedades de especial relevancia y con graves efectos negativos (…) Debe tenerse en cuenta el plazo de dos años transcurrido desde la emisión del informe definitivo en el que se formulaban las citadas recomendaciones”, subraya la propuesta de informe de actuación. El escrito, de 42 páginas, condensa las medidas que Idea ha ignorado y la información que no ha aportado durante años de seguimiento por parte de los interventores que la auditan.

La Intervención General ha puesto durante un lustro serios reparos por el descomunal desbarajuste contable de Idea, agencia creada para dinamizar el mercado con ayudas a empresas, muy cuestionada en el caso de los ERE y ahora en fase de liquidación. Los interventores han emitido un informe desfavorable, tres informes por responsabilidad contable y una propuesta de informe de actuación.

Otros informes de actuación postergados

En paralelo, el pasado 14 de febrero Figueroa recibió la propuesta de informe de actuación sobre el Consorcio de Transportes en Sevilla por falta de implantación de recomendaciones durante el año 2020. El informe crítico, elevado por la División de Control Financiero y Supervisión Continua 2, demanda reclamar 195.000 euros abonados a la empresa concesionaria de la Estación Plaza de Armas de Sevilla por distintas obras que debió asumir la compañía privada y no la Junta. Además, el interventor instaba a la revisión de oficio del acuerdo del consejo de administración del Consorcio alcanzado en 2021 para aprobar “medidas de restablecimiento del equilibrio económico del contrato de gestión de servicio público” en la explotación de dicha estación sevillana de autobuses. Las dos jefas de división que elevaron las propuestas de informes de actuación respecto a Idea y el Consorcio sevillano de Transportes fueron destituidas por Figueroa bajo la excusa de una reestructuración que aún no se ha producido seis meses después.

Por último, el interventor general ha recibido el pasado 23 de abril una propuesta de informe de actuación contra la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) por haber fraccionado los contratos del servicio de transporte escolar que ofrece la Junta. La APAE ignoró un incumplimiento de especial relevancia detectado en el ejercicio 2021, escrito elevado por la División de Control Financiero y Supervisión Continua I.

“La APAE, para dar continuidad a la prestación del servicio de transporte escolar una vez agotadas las prórrogas de los contratos vigentes licitados mediante procedimientos abiertos, ha celebrado procedimientos abiertos supersimplificados o abreviados y multitud de contratos menores, disminuyendo la cuantía de su objeto para ajustarse a las limitaciones cuantitativas de esos procedimientos”, censura el interventor. El auditor reprocha a la agencia pública que no eliminara “cualquier tipo de fraccionamiento del objeto del contrato” para así garantizar la publicidad de la concesión del servicio de transporte escolar.

El interventor apremia a su superior porque el riesgo de merma en el erario es elevado y ha visto claro que la contratación por parte de la agencia, que se sigue aplicando hoy pese a sus exigencias para que se elimine, es del todo irregular: “La multiplicación y atomización de los procedimientos instados por la Agencia para prestar el servicio de transporte escolar en los últimos ejercicios ha conllevado que, fruto de esta amalgama de procedimientos abiertos, simplificados o simplificados “abreviados”, así como de contratos menores, el riesgo de fraude y colusión se incremente de forma significativa”.

Desde la llegada de Figueroa al frente de la Intervención General, las voces críticas internas que le acusan de “parálisis” aumentan, según varios testimonios de altos funcionarios que pertenecen al Cuerpo. Al margen de las tres propuestas de informes de actuación que guarda en un cajón, el interventor general aún no ha presentado, casi seis meses después de su nombramiento, un informe general con los resultados más relevantes de la ejecución del Plan Anual de Control Financiero que dejó su predecesora, finalizado y listo para elevarlo a la consejera, Carolina España. El equipo de María Antonia González, desmantelado por Figueroa, dejó redactado el informe general de los ejercicios 2022 y 2023 que España debe presentar al Consejo de Gobierno de la Junta, tal y como obliga el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención, en vigor desde 2022. “Se está trabajando en la elaboración de estos informes”, alega una portavoz de la Consejería de Hacienda.