La oposición acusa a Moreno de “boicotear” la investigación de los contratos sanitarios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se enfrenta este jueves al resto de partidos de la oposición en un pleno monográfico en el que se debatirá sobre la situación política de Andalucía y ya sabe que, además del colapso sanitario -casi el único tema del que se resiente una gestión que todas las encuestas avalan-, tendrá que rendir cuentas sobre las investigaciones judiciales de los contratos sanitarios y las últimas decisiones tanto de la Cámara de Cuentas, como de la Intervención General, que limitan el alcance de los controles sobre esas adjudicaciones. “Es un presidente que ha destrozado los servicios públicos y está manchado por la corrupción. De todo esto tiene que dar explicaciones”, ha sostenido Mario Jiménez, portavoz del PSOE de Andalucía.

Tanto él como los representantes de Por Andalucía -el equivalente a Sumar en la comunidad- y Adelante Andalucía han censurado la decisión de la Intervención General, desvelada por este diario, de vaciar de competencias a la Intervención del Servicio Andaluz de Salud, responsable de los informes que cuestionaron el sistema de contratación de emergencia por el que se adjudicaron 242 millones a empresas privadas entre 2021 y 2024 -cuando ya no estaba vigente esa forma de adjudicación a dedo- y el fraccionamiento masivo de contratos por las centrales provinciales de compras del SAS, ambos investigados por un juzgado de Sevilla y otro de Cádiz, respectivamente. “Nos parece escandaloso que se esté amordazando a la Intervención”, ha señalado Jiménez.

La medida adoptada por la Intervención General, dependiente de la Consejería de Hacienda, implica dejar a la división del SAS -el organismo del que emana el mayor volumen de contratos de la administración andaluza- únicamente con la fiscalización previa del gasto, mientras que todas las competencias en materia de control financiero permanente pasarán a depender directamente del interventor general. Esto supone que será su departamento quien decidirá también qué informes enviar a los jueces que están investigando las presuntas irregularidades de las adjudicaciones del SAS. Esta decisión llega después de que el nuevo responsable del órgano de fiscalización relevara de su puesto a la mayor parte de los jefes de división de la Intervención.

“Lo que está haciendo Moreno Bonilla con la investigación de los contratos del SAS es un boicot en toda regla. No escatima esfuerzos para que no se sepa la verdad, para que la opinión pública no se entere y además está intentando también por todos los medios trabar y dilatar la investigación judicial”, ha opinado Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, sobre esta maniobra. “Por eso ha cesado a interventores que en sus informes pusieron negro sobre blanco que las cosas se estaban haciendo mal y por eso ahora deja la Intervención del SAS carente de competencias, como si fuese un florero para impedirle que decida qué papeles hay que mandarle al juzgado y cuándo hay que mandárselos”, ha añadido.

En una línea similar se ha pronunciado José Ignacio García, portavoz parlamentario de Adelante Andalucía: “El PP y el señor Moreno Bonilla, están empeñados en que ni la Cámara de Cuentas ni la intervención de la Junta de Andalucía, es decir, los dos organismos que tenemos para auditar y para fiscalizar las cuentas de la Junta de Andalucía, no tengan ningún tipo de herramienta ni posibilidad de hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque hay algo que esconder”. Además de a la decisión de vaciar de competencias a la Intervención del SAS, el representante de la formación andalucista aludía a la decisión de la Cámara de Cuentas de impedir la fiscalización de los contratos de la administración andaluza entre 2022 y 2023, adelantada por la cadena Ser, en virtud a un cambio de reglamento impulsado por su presidente, Manuel Alejandro Cardenete, que en esa época ocupó los cargos de viceconsejero de Presidencia y consejero de Educación, tras la muerte de Javier Imbroda. “Nos parece un auténtico caso de corrupción”, ha dicho García sobre esta medida.

El portavoz del PSOE, por su parte, ha indicado que ese cambio de reglamento para impedir la fiscalización de su propia actividad podría suponer un delito de prevaricación. Tanto en esa decisión, como en la de privar de la competencia sobre el control financiero permanente a la Intervención del SAS, Jiménez ha señalado directamente al presidente de la Junta como último responsable. “¿Quién puede darle las instrucciones al presidente de la Cámara para que haga eso, Moreno”; “Todo eso se ha dictado desde el despacho de Moreno”, ha sostenido, respectivamente.

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, de quien depende la Intervención, ha negado que la decisión implique un vaciamiento de las competencias y ha enmarcado a medida en un cambio de modelo que empezó a poner en marcha la anterior interventora general y que ya se ha aplicado en el resto de divisiones en el que se separa la intervención previa de la intervención financiara permanente, informa Lourdes Lucio. “En todas las consejerías así se ha hecho y la única que quedaba por culminar ese proceso de separación de tareas era el SAS. Por eso se ha realizado. La interventora va a seguir realizando el control previo y el control financiero permanente, pues al igual que el resto de la Junta de Andalucía, se va a realizar por los servicios centrales”, ha dicho España.

“Todo esto es muy grave, pero es una prueba más de que Moreno Bonilla sabe que lo que ha hecho está al margen de la ley de contratos del sector público y que le ha entregado gratis cientos de millones de euros del SAS a clínicas privadas, mientras que la sanidad pública y la atención cotidiana en nuestros centro sanitarios, a nuestra gente, se deteriora día a día”, ha remarcado Nieto.