El juez amplía sus pesquisas para escudriñar los contratos de emergencia de la Junta de Andalucía

El juez José Antonio Gómez ha ampliado su investigación para peinar los contratos de emergencia de la Junta andaluza firmados por 242 millones entre 2020 y 2024. El magistrado ha pedido al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que le envíe cada detalle de todos los contratos firmados esos años, incluidos los correos electrónicos con las clínicas privadas para cerrar los acuerdos, facturas, prórrogas e infinidad de datos para aclarar cómo fueron concertados estos servicios entre el Gobierno andaluz (PP) y la sanidad privada. Tal multitud de reseñas las había requerido en esta causa la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE, que está personado como acusación popular, para comprender las circunstancias exactas de cada contrato. Hasta ahora el juez no había accedido a ello.

“El SAS deberá remitir unificadamente cada contrato derivado del oportuno expediente de contratación CAS, completo; desde el primer momento en que dicho contrato despliegue sus efectos, hasta su extinción; con su adjudicación, prórrogas, adendas, comunicaciones y correos electrónicos de los responsables del SAS con el proveedor de los servicios, clínicas y hospitales (especialmente, las relativas a la acreditación en el adjudicatario de capacidad y solvencia, la fijación de precios, facturas, justificación, prórrogas, necesidades de ampliación de crédito o plazo)”, exige el magistrado en una providencia fechada la semana pasada y avanzada este jueves por El Correo de Andalucía. El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla mantiene investigados por prevaricación a la directora gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

El SAS había remitido ya parte de la información, pero de forma desordenada y por cada año de ejercicio. Ahora el juez solicita al organismo “claridad y precisión” para cada expediente correspondiente a cada contrato, que deberá incluir todos los detalles al respecto. También “la persona designada responsable del contrato y documento que acredita su conformidad a la prestación realizada, detalle de los pagos efectuados y facturas, es decir, toda la vida de cada contrato, con toda la documentación obrante al respecto”, añade el instructor en su resolución.

En paralelo, el magistrado incide en que a mediados de 2020 el SAS decidió concertar con la sanidad privada una tarifa distinta para las operaciones y pruebas diagnósticas que ya ejercían los hospitales privados bajo otros precios hasta entonces vigentes. Es decir, las mismas intervenciones a pacientes que ya estaban concertadas a un precio determinado, la Junta decidió cambiarlo en plena pandemia, tal y como informa elDiario.es. La pregunta que lanzan los socialistas es si los precios ya concertados se incrementaron y por qué razón se aumentó el gasto público. Preguntada la Consejería de Salud y Consumo al respecto, este diario no ha obtenido respuesta.

Esta sospecha del PSOE la recoge el juez para pedir los detalles que amparaban cada contrato: “Requerir al SAS para que remita el listado de todos los expedientes de asistencia sanitaria complementaria y pruebas diagnósticas que estuvieren vigentes al tiempo de la declaración de la pandemia, y los posteriores que estén en curso de licitación o vigentes al día de la fecha”.

El juez deja asimismo la puerta abierta a incluir en la causa a Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, para que sus peritos ofrezcan su criterio técnico sobre si los contratos siguieron la ley en todo momento durante ese lustro (2020-2024). Los peritos de la IGAE intervinieron en el caso ERE para aclarar cuestiones técnicas decisivas y que fueron la base sobre la que asentó la primera sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla.

El magistrado Gómez avanza que en función de los resultados que ofrezcan la ingente documentación solicitada al SAS ahora, decidirá si reclama a la IGAE que designe ciertos interventores para que le auxilien: “Con su resultado, se resolverá en orden al informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado o de la Intervención General de la Junta de Andalucía”, reza la providencia. A pesar de que el magistrado lo ofrece como posibilidad, es improbable que los interventores de la Junta sean designados, ya que en tal caso deberían pronunciarse sobre informes previos realizados por su propio departamento.

Por último, el juez le pide a la asesoría jurídica del SAS que le remita los informes redactados sobre cuatro contratos de 2021 y 2022, así como los acuerdos que afectan a la asistencia sanitaria en la costa de Huelva y el hospital militar de Sevilla Vigil de Quiñones. Sobre este centro sanitario, la providencia incide en recabar el expediente completo por el que la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS verificó los gastos con fondos europeos que sirvieron para reinaugurar este hospital en plena pandemia, que ahora funciona a medio gas. El juez remata y aclara la confusión que ha provocado a la investigación la forma en la que la Junta ha remitido la información hasta ahora: “En el caso de que ya lo hubieran enviado, reseñen específicamente su ubicación en la documentación ya remitida”.