La jueza admite la querella del PSOE de Andalucía contra un alto cargo de la Junta por los contratos sanitarios troceados

La jueza que Cádiz que investiga la presunta malversación en el fraccionamiento de contratos sanitarios por la central de compras del Servicio Andaluz de Salud de Cádiz por valor de 235 millones de euros ha admitido a trámite la querella del PSOE de Andalucía contra su director económico, Demetrio González, por supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad de documento público. el director económico. Este alto cargo de la administración andaluza ya ha fue citado como investigado el pasado mes de abril por la instructora.

El PSOE ha conseguido así estar personado en una causa cuya investigación ya había solicitado al juez de Sevilla que también está investigando por presunta prevaricación al SAS por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios entre 2021 y 2024, en este caso, empleando la modalidad de emergencia, cuando la normativa que amparaba este procedimiento que permite realizar adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia competitiva ya había decaído y por los que, presuntamente se habrían destinado a clínicas privadas 242 millones de euros. Entonces, el instructor consideró que él no era competente para ampliar la investigación y que deberían hacerse cargo los juzgados de las centrales de compras provinciales que los autorizaron. En este procedimiento también están imputados otros tres altos cargos de la Junta: los tres gerentes del SAS que ha tenido Juan Manuel Moreno desde que es presidente del Gobierno autónomo.

En su auto, que ha adelantado elDiario.es Andalucía, la jueza también confirma la personación de la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiaria, una petición que solicitó la administración después de haber pedido intervenir como perjudicada. La jueza mantiene el argumento del “carácter embrionario de la investigación” que ya esgrimió en su momento para aceptar el cambio de postura del Gobierno regional. La magistrada también confirma el derecho de Podemos, que fue quien finalmente presentó la querella contra la central de compras del SAS en Cádiz, a constar como acusación popular.

El supuesto troceamiento de contratos no fue exclusivo de Servicio Andaluz de Salud gaditano. Todas las provincias emplearon ese mismo mecanismo de abuso del fraccionamiento en las adjudicaciones que realizaron en 2021. En el cómputo total de todos los contratos menores suscrito por las ocho centrales provinciales de compra del SAS, el supuesto fraude alcanzó los 1.223 millones y la Intervención constató que el 92% contenía irregularidades.