Moreno anuncia la intención de la Junta de personarse ahora en el ‘caso ERE’, cuando se dirime que llegue al Tribunal Europeo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha dado una nueva vuelta de tuerca al proceso sobre la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, que en verano del año pasado anuló las condenas a una decena de exaltos cargos de la administración autónoma condenados en la llamada pieza política del caso de los ERE. El barón popular ha anunciado esta mañana la intención de su Gobierno de personarse como parte perjudicada ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que este martes afronta la tercera jornada para dirimir si plantea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión prejudicial para que determine si los fallos del alto tribunal español son conforme al derecho europeo.

“Dadas las circunstancias que hemos vivido en el último año, toda vez que ha habido una sentencia firme por parte de la Audiencia Provincial y una sentencia corroborada y confirmada por el Supremo, la Junta de Andalucía va a volver a personarse a lo largo del día de hoy o de mañana”, ha señalado Moreno ante las preguntas de los periodistas antes del Comité Ejecutivo del PP en Madrid. El presidente regional ha justificado este cambio de postura por parte de la administración, que decidió desistir de la acción penal en la pieza política de los ERE -que es la que ahora se ha ordenado revisar por parte del Constitucional-, en el deber de la institución de “evitar cualquier menoscabo de fondos públicos”. “Tenemos la obligación de recuperar esos casi 700 millones de euros que, según la sentencia de la Audiencia Provincial, confirmada por el Supremo, se desviaron de la Junta, por tanto, nuestra labor es aclarar, denunciar y, sobre todo, tener toda la información y que esos 700 millones vuelvan a las arcas públicas”.

El anunció de Moreno sobre la intención de que el Gobierno andaluz se persone ahora como parte perjudicada ha sido recibido con escepticismo por parte de los abogados de los ex altos cargos de la Junta cuya revisión de su sentencia condenatoria debe ejecutar la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, tal y como determinó el Constitucional, por entender que es “incongruente y extemporáneo”. “Habrá que ver cuáles son sus fundamentos, pero todo parece un brindis al sol”, sostiene uno de los letrados, cuyo cliente fue absuelto por el alto tribunal y que pide mantener el anonimato. “Con esta pretensión, el Gobierno andaluz está afirmando que el Constirucional no es legítimo”, abunda otro de los abogados consultados, que también solicitan no dar su nombre.

Las principales dudas que suscita la pretensión del presidente de la Junta pasan por el hecho de que si la administración autónoma renunció a ejercer la acción penal en la pieza política de los ERE no puede solicitar ser parte en la ejecución de los fallos del Constitucional que absolvieron parcialmente a los acusados de sus condenas de prevaricación y malversación dictadas por la Audiencia Provincial y que ahora debe corregir de acuerdo con el nuevo criterio dictaminado por el alto tribunal. Es la misma tesis que comparte Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y antiguo letrado del Tribunal Constitucional. “Si la Junta no fue parte, no puede personarse siquiera, porque se está ejecutando la sentencia que corrige una sentencia anterior y en este sentido solo puede participar quién hubiera sido partícipe en esa sentencia anterior”, indica.

Fuentes cercanas al Gobierno andaluz defienden la posibilidad de volver a personarse en la causa y alegan que “la Junta, en la época de Susana Díaz no hizo una renuncia expresa, sino una reserva de la acción civil”, lo que, permitiría a la administración andaluza reincorporarse de nuevo al procedimiento, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, sostienen, permite al perjudicado a ser oído en cualquier momento del mismo. “La cuestión prejudicial es la ventana que hemos visto para volver al caso”, recalcan los interlocutores.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de ejecutar las revisiones de las sentencias a los ex altos cargos de la Junta condenados en los ERE, sorprendió hace unas semanas cuando planteó elevar una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia Europeo por entender que los criterios adoptados por el Constitucional para reformular las sentencias condenatorias que esos mimos magistrados dictaron en 2019 -y que el Supremo confirmó en 2022- contravenían el derecho europeo. Los magistrados entendían que el alto tribunal “se extralimitó en la función de control que le corresponde, invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces al revisar la valoración probatoria y el juicio de subsunción realizado por la Audiencia y el Supremo”.

Tras consultar a todas las partes personadas en esa causa sobre la posibilidad, insólita en España, de elevar esta consulta a la justicia europea, los jueces fijaron tres días para deliberar sobre qué decisión adoptar, el último de los cuales termina este mismo martes. “Aunque la Audiencia permitiera la personación de la Junta, habría precluido la posibilidad de incorporarse al debate sobre acudir al TJUE”, sostiene otro de los letrados consultados, que también pide no citar su nombre y que considera que la estrategia de la Junta se basa en poder alegar ante el Tribunal de Justicia Europeo en el caso de que, finalmente, la Audiencia elevara la cuestión prejudicial y esta fuera admitida a trámite. “Siempre tendría un mayor peso los argumentos si está personada una administración pública”, concluye.

Velar por el dinero defraudado

Los abogados y expertos consultados no solo cuestionan la viabilidad procesal para que la Junta pueda volver a personarse en la causa política, sino el fondo esgrimido por el presidente andaluz: la obligación de velar por el destino de los casi 700 millones de euros malversados -680, de acuerdo con la sentencia de la Audiencia de Sevilla-. “En la pieza política jamás se habló de devolver el dinero defraudado”, señala Urías. En 2016, la Junta renunció a exigir responsabilidades civiles a los ex altos cargos enjuiciados en la pieza política de los ERE, reservándose ese derecho para las piezas separadas en las que se juzgaba cada reparto concreto de las ayudas. De esta manera, la Fiscalía no pudo reclamar fianzas a los exdirigentes del Gobierno autónomo, puesto que, como perjudicada en el desvío de esos fondos, la administración era la única legitimada para hacerlo.

Las fuentes de la Junta consultadas esgrimen que los efectos de las sentencias absolutorias del Constitucional pueden hacer inviable que se pueda recuperar en las piezas separadas el dinero público desviado, por lo que la administración andaluza se vería doblemente perjudicada por la pieza política de los ERE, una nueva razón para pedir de nuevo la personación en la causa.

Pese al interés en recuperar los 680 millones de euros “robados”, según el calificativo que utilizan muchos consejeros de la Junta, el hecho es que el criterio de los letrados de la administración pública en ocasiones no se corresponde con las declaraciones de sus dirigentes políticos. Es lo que ocurre en aquellas piezas en las que no hay “intrusos” -como se denomina a quienes se beneficiaron de esas ayudas sin cumplir con los requisitos para recibirlas- en las que la Junta ha decidido pedir el archivo de las causas, una estrategia que le ha valido la censura del instructor de los ERE, que recriminó que con esta medida se estaba renunciando a percibir la totalidad de las cantidades extraviadas. En otras piezas separadas, las cantidades reclamadas por la administración, en calidad de acusación particular y “titular del derecho subjetivo primariamente perjudicado”, son inferiores a los que pide la Fiscalía lo que ha determinado al tribunal a rebajar la cantidad impuesta en concepto de responsabilidad civil.