La Junta de Andalucía vacía de competencias a la Intervención de Salud que envía información a los juzgados

El Gobierno andaluz, en manos del PP, ha arrebatado hace dos semanas a la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) la fiscalización de la mayoría de sus cuentas en plena tormenta judicial por los casos de los contratos de emergencia sanitarios. El movimiento desde la cúpula de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos supone despojar a la interventora del SAS del control financiero permanente, que atañe a más del 80% de sus contratos ―conciertos, contratos de obras, servicios y suministros sanitarios―. Pero también le quita la decisión sobre qué información mandar ―y cuál no― a los juzgados de Sevilla y Cádiz, que desde ahora se tomará desde los servicios centrales de la Intervención General, a un año escaso de las elecciones andaluzas.

“La Junta se jactaba de que había cesado en febrero a casi todos los jefes de división de la Intervención, excepto a la del SAS. Ahora no la han sustituido, pero da igual porque le han quitado toda su materia gruesa”, revelan fuentes del caso sobre el control financiero permanente, operativo que fiscaliza las cuentas a posteriori mediante auditorías de cumplimiento anuales. La Intervención del SAS tiene mayor peso que ninguna otra consejería andaluza dado su volumen de gasto en plantilla sanitaria y hospitales, y por eso compone una de las siete divisiones del organismo fiscalizador. A partir de ahora solo retendrá ahora la fiscalización previa del gasto, una parte muy reducida de sus funciones de control sobre el presupuesto global del SAS. El de este año asciende a 14.870 millones, el 30% de los 48.836 millones del presupuesto de la Junta.

El Ejecutivo autonómico alega que la imposición a la Intervención del SAS busca “poner al día” sus auditorías. “El control financiero inicialmente estaba implantado en las agencias y puntualmente en algunos gastos, pero con los años ha ido creciendo y recaía sobre los mismos interventores”, responde por escrito una portavoz de la Consejería de Hacienda.

El nuevo interventor general desde enero, Miguel Ángel Figueroa, cesó tras su aterrizaje a cuatro de los ochos jefes de división del órgano de fiscalización de la Junta, pero no a la del SAS, para así evitar que se interpretara como una purga por los informes críticos que su departamento había emitido respecto a los contratos de emergencia sanitarios que investiga la justicia, según estas fuentes. En la causa principal de Sevilla y ariete de la oposición política, un juez escudriña contratos por 242 millones y mantiene imputados a la gerente del SAS, Valle García y sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. En paralelo, otro juzgado de Cádiz investiga el fraccionamiento masivo de contratos menores del SAS por importe de 235 millones.

Hasta el pasado enero, las diferencias de criterio entre la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, y los responsables del envío de la información vinculada a los contratos de emergencia, sobre qué documentos mandar y qué no a los juzgados, han sido constantes, coinciden varias fuentes del órgano fiscalizador. Ese enfrentamiento soterrado se acabó con la llegada de Figueroa al mando de la Intervención General. Ahora, el control financiero permanente del SAS estará al cargo de la nueva directora de División de Control Financiero Permanente y Supervisión continua II, Silvia Iglesias, amiga personal de Figueroa y nombrada por él pese a que no pertenece al Cuerpo Superior de Interventores al no tener la condición de interventora-auditora, a diferencia de su predecesor, cesado en febrero. Mientras que la interventora del SAS es responsable de la división del control del Servicio Andaluz de Salud desde 2018, Iglesias no lleva ni tres años como interventora.

Solo el año pasado los interventores del SAS vigilaron, mediante control financiero permanente, expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia; sus centros de gasto periféricos; subvenciones concedidas por la Consejería de Salud en 2022 y 2023; gastos en farmacia hospitalaria, ingresos por la asistencia sanitaria a reclusos; o ingresos por la asistencia sanitaria a personas no aseguradas ni cubiertas por el sistema nacional de salud. Así lo refleja el plan de auditoría, control financiero y supervisión continua de la Intervención para 2024.

La Intervención General es un cuerpo de élite de altos funcionarios que fiscalizan las cuentas de la Junta y que hacen gala de su independencia para confirmar que cada gasto se ajusta a la ley. Sin embargo, desde la llegada de Figueroa, la Intervención General está paralizada y apenas se avanza en actuaciones económico-financieras de calado, censuran varios interventores. Para justificar sus inesperadas destituciones, el interventor general prometió una reestructuración de los servicios centrales que no se ha producido seis meses después. Su aterrizaje estuvo precedido de un enfrentamiento inédito de Hacienda con la asociación de interventores, a los que Martínez advirtió en diciembre que hacía falta “un nuevo interventor general con mano dura que os meta en cintura”.

Un mes después, la número dos de Hacienda cesó a la interventora general María Antonia González y la sustituyó por Figueroa. Solo tres semanas después de su nombramiento, este cesó a cuatro jefes de división de la Intervención General, un hecho inédito que debilitó al dispositivo de control. El mensaje subliminal tras estas sustituciones fue que había que tener “mucha atención con lo que se escribe”, según coinciden varios altos funcionarios.

Fuentes de la Intervención rebaten las explicaciones de la Consejería sobre el relevo en la coordinación del control financiero permanente desde Salud a los servicios centrales: “El cambio realizado no supone ninguna especialización de los interventores. Tanto antes como ahora, el control financiero permanente del SAS lo llevan a cabo los ocho interventores provinciales del SAS”.

Los informes de auditoría que realizan los interventores al visar los movimientos de dinero de las consejerías, agencias públicas, fondos europeos y universidades entre otros, son el primer escalón del que luego tiran los fiscales para armar los casos de delitos económicos que tienen que ver con las arcas públicas. Son los primeros ojos que visan si los gastos son legales y calibran la gravedad del desvío, para deducir si hay responsabilidad contable, menoscabo de fondos públicos o delitos económicos.

El control del relato

Desde que ascendió al poder en 2019, el Gobierno de Juan Manuel Moreno siempre ha querido subrayar su lucha contra la corrupción. Nada más surgir el caso ERE en 2011, el PP andaluz se personó como acusación particular y durante casi tres lustros ha repetido el mantra del mayor caso de corrupción de la historia de España. Esta macrocausa pesó sobremanera en la primera victoria del PP para desbancar al socialismo del poder tras casi 37 años y los populares han intentado vestirse con el traje impoluto de tolerancia cero estos seis años frente a los anteriores desmanes de los exdirigentes del PSOE.

Ahora, a un año escaso de las próximas elecciones autonómicas en junio de 2026, la Junta quiere mantener el control del relato y no quiere que se desbarate esa imagen que distorsionan las imputaciones de los altos cargos del SAS. Que se sienten en el banquillo de los acusados por prevaricación o malversación, o que se archiven sus investigaciones, está en manos de la Fiscalía y de dos jueces. Eso sí, es posible que se sumen otros magistrados tras las previsibles denuncias del PSOE en otras provincias andaluzas.

En estas causas judiciales abiertas resultan decisivas las informaciones y detalles concretos sobre los contratos de emergencia que la Junta suministre a los jueces. Hasta ahora, estas decisiones correspondían a la Intervención del SAS, pero con este reciente cambio ahora corresponden al interventor general, de la máxima confianza de la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, antigua consejera del PP en la Cámara de Cuentas, ex interventora general y cargo muy afín a los populares. Hace solo dos semanas el magistrado José Antonio Gómez, titular del Juzgado 13 de Instrucción de Sevilla, exigió a la Junta “claridad y precisión” para que le envíe la información completa de todos los expedientes que incluyen los acuerdos con la sanidad privada por 242 millones entre 2020 y 2024.

Otro órgano fiscalizador externo a la Junta es la Cámara de Cuentas de Andalucía, que a menudo desvela irregularidades contables que saca los colores al Gobierno andaluz. Para evitar que el panorama se complique, esta semana PP y Vox han votado a favor de suspender temporalmente la fiscalización prevista por la Cámara de los contratos menores adjudicados a dedo entre 2022 y 2023. La justificación de los populares y ultras es que el juzgado de Cádiz investiga los contratos menores de la Junta en esa provincia. Pero los consejeros de PP y Vox han menospreciado la clave del veto temporal: el trabajo previsto de los auditores abarca 2022 y 2023, cuando el juzgado gaditano analiza los contratos de 2021.