La Iglesia aún debe buscar “rostro a rostro” a los encubridores

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Iglesia católica española siempre ha tenido pánico a los números en el escándalo de la pederastia. En el histórico acuerdo firmado con el Defensor del Pueblo para indemnizar a las víctimas, no ha querido saber nada de baremos. Quizá porque la propia Iglesia los ha usado en secreto y cuando han salido a la luz han sido un escándalo: como desveló este diario en 2021, los jesuitas tenían una tarifa de 5.000, 10.000 o 15.000, según la gravedad del caso. El propio papa Francisco ya dijo en 2024 que, por ejemplo, 50.000 euros era muy poco.

En medio del caos, la negligencia y la prioridad de tapar todo, cada obispo o superior religioso ha hecho lo que le parecía en las escasas compensaciones pagadas desde hace pocos años. Eso ha dado lugar a que cada vez que se conocía un caso concreto de resarcimiento, otras víctimas descubrían que les habían pagado mucho menos. Por eso es importante unificar criterios, y aunque no se ha fijado por escrito, es lo que acabará ocurriendo en la práctica, o será fuente de nuevos problemas.

Las cifras han sido enemigas de la Iglesia en este asunto desde el principio. En septiembre de 2018, cuando este periódico comenzó la investigación de esta lacra, escribió a las 70 diócesis españolas para saber cuántos casos conocían. Solo respondieron 18, y la mayoría para decir que no sabían nada. En aquel primer balance resultó que solo existían oficialmente 34 casos, sacados de noticias y sentencias. Luis Argüello, que este lunes ha firmado el acuerdo como presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), es el mismo que en 2021 dijo que en España solo había “cero o muy pocos casos”.

En esta historia la Iglesia ha callado o mentido siempre, esperando que pasara el temporal o EL PAÍS se cansara. Solo ha actuado obligada, por los medios, por la presión social o por el Papa, como en esta ocasión, pues León XIV quiere llegar en junio a España con esto resuelto. La CEE dijo que no tenía datos porque no podía preguntar a cada diócesis por sus casos y acabó haciéndolo; afirmó que no sabía cifras, y luego las dio; aseguró que nunca encargaría una auditoría interna, y un día la tuvo que pedir; advirtió que no tenía previsto pagar indemnizaciones y terminará haciéndolo. Por eso es necesario seguir exigiendo respuestas en lo que aún queda pendiente para esclarecer toda la verdad, que es mucho.

Desde el principio quedó claro que, si no había números sobre el fenómeno, era como si no existiera. Por eso este diario abrió en abril de 2021 una base de datos pública con todos los casos conocidos, actualizada hasta hoy y que sigue siendo la única existente: entonces tenía 306 acusados y 816 víctimas; en este momento alcanza 1.571 acusados y 2.951 víctimas. Supone el 1,3% del clero masculino entre 1940 y 2021.

La CEE ha hecho auténticas chapuzas con las cifras. Aún hoy no está claro el número de casos que reconoce, porque tras emprender una simulación de transparencia, acabó abandonando y volvió a ocultarse en la confusión. En 2022, encargó una auditoría a un despacho de abogados de la que acabó renegando. Intentó sustituirla con una propia, que de forma irónica se llamaba Para dar luz y era para lo contrario. Fue un desastre, un copia y pega de datos, donde eliminó 300 casos e incluso los calificaba de creíbles o no creíbles con criterios desconocidos, siempre buscando reducir al mínimo las cifras (y el dinero a pagar después).

Por todo ello, es comprensible la ira con que los obispos acogieron el informe del Defensor del Pueblo en 2023, encargado un año antes por el Congreso ante el impacto de la investigación de este diario. Por fin enmarcó el alcance del escándalo: en una encuesta de 8.000 personas, una muestra altísima en un estudio intachable, un 1,13% de la población dijo haber sufrido abusos en ámbito religioso. Eso equivalía a unas 440.000 personas, y con el margen de error previsto, eran entre 350.000 y 530.000, según las estimaciones que hicieron los medios. El entonces presidente de los obispos, Juan José Omella, les acusó de hacer una “intencionada y errónea extrapolación”.

En su huida de la verdad y la búsqueda de la máxima abstracción, la CEE empezó a decir que las cifras no eran importantes, sino las personas. Ha usado esa coartada hasta hoy: Argüello ha insistido en que les interesa ir “rostro a rostro”. Hay mucho rostro en esta afirmación, viniendo de una institución que ha dado con la puerta en las narices durante décadas a las víctimas que acudían a ella. Pero este afán de conocer rostros es encomiable si realmente se traduce en analizar caso por caso y con rigor qué ha ocurrido y, más allá del agresor, quiénes fueron los responsables de encubrirlo, de no hacer nada, de trasladarlo o incluso de ayudarlo a huir de la justicia y mandarlo a Sudamérica, como pasó en Barcelona en 1990. Porque todo esto sigue pendiente, no se ha hecho absolutamente nada.

Las víctimas esperan que la Iglesia también vea bien esos rostros. De hecho, algunos ya se ven desde hace cinco años en la base de datos de este diario, que contiene una lista de más de 60 obispos y superiores religiosos acusados de silenciar o encubrir casos de abusos. Pero nunca ha habido ninguna respuesta de la Iglesia, ni en España, ni en el Vaticano. Este diario también ha remitido a la CEE y a la Santa Sede casi 800 testimonios de abusos en cinco informes, sin respuesta.

Reconocer el daño está muy bien, pero ¿cuál es el daño exactamente? La verdad también pasa por establecer claramente, en cada orden y en cada diócesis, los casos conocidos, como ha hecho la Iglesia de Estados Unidos, con iniciativas que aquí parecen cosa de extraterrestres: hay listados con el nombre del agresor, el lugar de los abusos y la fecha. También hay miles de documentos disponibles en internet. Esa transparencia aún está a años luz de la Iglesia española, concentrada todavía en ocultar la información que tiene. Y aún espera no tener que revelarla si lo resuelve pagando indemnizaciones, pero eso es solo parte de la verdad, pues la mayoría de las víctimas han muerto.

El paso de este lunes supone el punto de llegada de algo impensable hace siete años y medio: que la Iglesia compense a las víctimas con el control del Estado, porque sola ya se ha visto que no es de fiar. La Iglesia sigue sin decir la verdad sobre lo que sabe, sin abrir sus archivos a una auditoría independiente y sin que los responsables de haber encubierto los abusos hayan pagado por ello. Quedan todavía muchos pasos que dar.