El Vaticano tuvo que intervenir para que no encallara el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno para reparar a las víctimas de pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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A Ángel Gabilondo le preguntaron este lunes qué fue lo más complicado de la firma del protocolo que selló la institución que preside junto a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Gobierno para reparar a las víctimas de pederastia en el clero español. Contestó así: “Lo más difícil ha sido no perder la paciencia”. También dijo esto: “Yo siempre quiero concretarlo todo, este acuerdo es la máxima concreción posible en las 14 páginas firmadas en la que hemos discutido cada coma”. Fuentes conocedoras de las negociaciones hablan de un proceso con “mucha tensión”. Relatan que este sábado el acuerdo estuvo a punto de saltar de nuevo por los aires. “Hubo un momento en el que el acuerdo se tambaleó y estaba medio quebrado. El sábado por la mañana no teníamos nada claro que se pudiese firmar porque a la Iglesia le costaba mucho todo. Querían introducir cambios en el protocolo que no podíamos consentir. Y hubo un momento que parecía que se rompía”.

Según fuentes presentes en esas negociaciones hubo dos elementos que impidieron la ruptura: “La mediación del Vaticano, con un papel muy relevante del cardenal Pietro Parolin, secretario de estado de la Santa Sede. Y, por otro lado, el empeño del ministro de Justicia Félix Bolaños”. El Vaticano quería cerrar este asunto cuanto antes para despejar de problemas el próximo viaje de León XIV a España en junio y que no enturbiara la visita. Desde la CEE manifiestan su “incredulidad y sorpresa ante esa versión”.

El motivo de más fricción, según fuentes conocedoras de las negociaciones, fue la reticencia de la Iglesia a que las víctimas que ya han pasado por el plan PRIVA o acudido a las diócesis y congregaciones pudieran recurrir ante la comisión mixta, con presencia del Estado, prevista en el acuerdo. Otro problema que siempre ha sido una línea roja para la Iglesia ha sido el de los baremos. Otros países han ido guiándose por horquillas en los procesos de reparación. La CEE no estaba dispuesta. Y lo dejó claro su presidente, Luis Argüello, este mismo lunes: “Hay que ir rostro a rostro. Hemos querido excluir del texto baremos y cantidades económicas. Ni cantidades, ni horquillas ni nada, sino propuestas de reparación”.

El PRIVA que ha generado fricciones (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) es el plan que creó la propia Iglesia y que, según numerosas víctimas, es lento y farragoso. Las víctimas se sentían revictimizadas por una institución que abusó de ellos en la infancia y que se erigía a juez y parte para indemnizarlas. Muchos de los procesos para solicitar la reparación además, se quejaban las víctimas, se demoraban durante meses ―e incluso años― y en las ocasiones en que la Iglesia paga, las cuantías difieren entre unos casos y otros, a pesar de ser similares.

“La Iglesia era reticente a aceptar eso: cómo se coordina la asistencia del PRIVA con la asistencia del nuevo modelo. No solamente por el hecho de que las víctimas pudieran acudir al nuevo modelo mixto, sino cual de los dos sistema tenía que primar. Y tenía que haber uno solo que primara: y ha sido el del Defensor”, explican fuentes que participaron en la negociación. Es algo que se encargó de recalcar una y otra vez el ministro Bolaños este lunes: “La última palabra la tendrá el Estado”. En el acuerdo que se firmó el 8 de enero se estipulaba que se abriría una vía para “aquellas personas víctimas de abusos que no deseen acudir directamente a la Comisión Priva”.

Fuentes conocedoras del acuerdo aseguran que respeta el punto de vista de la Iglesia con el PRIVA: “Tenían un sistema unilateral que hicieron en su momento y que quieren salvaguardar. Respetamos que quieran seguir manteniéndolo, pero para las asociaciones de víctimas eso no era suficiente”. El sistema del PRIVA, de hecho, sigue funcionando para aquel que quiera solicitarlo. Pero, a partir del 15 de abril (día en el que se pueden empezar a tramitar las solicitudes a la conocida como Unidad de Tramitación del ministerio de Justicia), las víctimas deberán elegir si recurren al nuevo sistema Iglesia-Estado o al PRIVA.

A Argüello le preguntaron este lunes en reiteradas ocasiones por esa comisión mixta. Y por la posibilidad de que las víctimas que hayan sido reparadas con cifras que consideran insuficientes o humillantes puedan ver revisado su caso y ampliada la cuantía a recibir. “¿Y si ocurriera que la cuantía tiene que disminuirse?“, contestó Arguello. Y añadió: ”No es nuestro estilo decir te hemos dado de más... No es lo que queremos hacer, para más o para menos. No es una cuestión de dinero“.

Desde la histórica firma del acuerdo entre Estado e Iglesia del pasado 8 de enero han pasado casi tres meses. Ese día el ministro Bolaños dijo que se adoptaría un protocolo de actuación en el plazo máximo de un mes. Se ha tardado unas cuantas semanas más. Desde ese 8 de enero, según fuentes conocedoras de las negociaciones, las partes se han reunido unas ocho veces. “Ha sido un proceso largo y tortuoso y la negociación de estos últimos meses ha sido caracterizada por la tensión entre quienes desde la Iglesia han intentado de alguna forma limitar los efectos de algunos aspectos del acuerdo del 8 de enero que no les gustaba, cuando en algún punto incluso directamente revertirlo, y quienes desde el Ministerio de Justicia y el Defensor del Pueblo seguir adelante, cada uno desde posiciones distintas, con el compromiso adquirido el 8 de enero”, cuentan fuentes de la negociación.