La factura de la Iglesia por la pederastia: entre 70 y 124 millones

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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Uno de los aspectos más espinosos y delicados en el acuerdo que acaban de firmar Estado e Iglesia para el reconocimiento y la reparación de las víctimas de pederastia en el clero español es el marco que se seguirá para indemnizar a los afectados. Es decir, cuánto pagará la jerarquía eclesial, si finalmente se guiará por baremos como ya hicieron otros países europeos y qué tiempo tardará en tramitarse cada procedimiento.

En países como Irlanda, se pagaron hasta un máximo de 300.500 euros por víctima con un promedio de 62.245, mientras que la media europea es de 35.000. La Iglesia española, en su recuento, reconoce 2.002 víctimas de abusos; si se aplicara la media europea, la posible factura a la que se enfrenta es de unos 70 millones; si se aplicara la media irlandesa, esa cifra ascendería a 124 millones. Las víctimas pueden ser aún más; 2.002 son las que reconoce la Iglesia, pero según la contabilidad de este periódico, la única existente en España sobre pederastia en el clero español, hay 2.948.

En el pacto firmado el 8 de enero no aparecía ninguna referencia específica a cómo y en base a qué se reparará a las víctimas; solo se indicaba que será la Unidad de Víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo (UVDP) la que haga “las valoraciones individualizadas” y “elaborará la propuesta de reparación”, ya sea “simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica”. En base a qué criterios se basarán esas propuestas y qué elementos se tendrán en cuenta para evaluar los daños sufridos por cada víctima es uno de los temas que se desarrollará en el documento que negocian Estado, Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Defensor del Pueblo y que fijará, en las próximas semanas, el procedimiento y la metodología de trabajo. Es el marco de actuación a seguir, que tendrá que ser ratificado luego por los servicios jurídicos de las partes. El de los baremos es el tema que más ampollas levantará, ya qué determinará el monto de la factura que la Iglesia tendrá que abonar.

En su informe presentado en el Congreso en 2023, el Defensor del Pueblo ya recomendaba el empleo de baremos y apelaba a los estándares europeos. “Tanto si se configura [el sistema de reparación] según un modelo mixto entre Iglesia y Estado, como si se opta por un sistema administrativo de reconocimiento y reparación, el órgano debería incluir la competencia para acordar compensaciones conforme a un baremo”, detallaba. En otro punto del informe, pedía como garantía de los procesos restaurativos que se desarrollaran “conforme a los estándares internacionales”.

Sin embargo, el día que Félix Bolaños y Pedro Sánchez se reunieron con las víctimas en La Moncloa, el ministro de Justicia comunicó a las víctimas, según relata una de ellas, Miguel Hurtado, que “era mejor que no hubiera baremos”. Así lo explica Hurtado: “Nos dijo que era mejor y que la decisión la tomara caso por caso el Defensor del Pueblo porque el baremo limita al fijar un tope”. El ministerio no ha querido responder a esa cuestión en concreto, pero sí ha dicho, en declaraciones a este periódico, que apoyará la decisión que tome el Defensor: “La postura del Gobierno es conocida y pasa esencialmente por que la decisión última la tenga siempre el Defensor del Pueblo y que las víctimas sean partícipes del proceso para su reparación. Ambas cuestiones están plasmadas en el acuerdo y terminarán de concretarse en el convenio”.

Para Hurtado, el primer denunciante del caso Montserrat, la ausencia de un baremo impediría que “se haga un ejercicio de transparencia y que haya verdadera rendición de cuentas”. “Con un baremo informal, ¿cómo mantienes la equidad? Al no hacerse públicas las cifras no va a haber transparencia, sería una arbitrariedad”, lamenta.

Hurtado entregó precisamente a Bolaños una carta con las sugerencias sobre los puntos que las víctimas consideran más sensibles en el protocolo que tienen que negociar el Gobierno, la CEE y el Defensor del Pueblo. Propuso que se adopte el baremo irlandés, que estipula 300.000 euros de máximo por cada víctima.

El modelo irlandés

El sistema irlandés es pionero en este campo. Divide las secuelas en tres tipos: médico-psiquiátricas (trastorno de estrés postraumático, trastorno de la personalidad, alcoholismo y drogodependencias), psicosociales (aislamiento social, dificultades en las relaciones familiares, sexuales o afectivas) y secuelas por la pérdida de oportunidades (menor rendimiento académico, desarrollo profesional o dificultad para acceder o mantener un empleo). Además, este método clasifica la gravedad de los abusos en cinco niveles diferentes, y a cada uno se le asigna un rango de compensación posible, lo que permite concretar la indemnización según las diferencias de cada caso. En el muy grave, por ejemplo, se puede establecer una indemnización de entre 200.000 y 300.000 euros.

En el informe que el Defensor del Pueblo presentó en el Congreso en 2023, citaba el sistema irlandés ―el único en el mundo, junto a Australia, en el que hay un mecanismo de reparación estatal— y explicaba su funcionamiento. “La Junta de Reparación tomó decisiones de compensación en dos escenarios: arreglos informales, para casos en los cuales la Junta consideraba que la compensación era procedente y realizaba una oferta al interesado; audiencias, para casos en los que se estimaba que era necesaria una mayor indagación sobre el caso. En esta segunda situación, los solicitantes podían apelar”. La Junta, según el informe, recibió 16.663 solicitudes y otorgó compensaciones en 15.594: 12.025 mediante arreglos informales, 2.998 tras audiencias y 571 tras apelaciones. El total de las compensaciones ascendió a 970 millones de euros, con un promedio de 62.245 euros por víctima. La cifra más alta concedida fue de 300.500.

Son cantidades muy inferiores a las que ha otorgado hasta ahora la Iglesia española a través de su propio plan, conocido como PRIVA (Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso). Según los últimos datos disponibles, la comisión que gestiona las indemnizaciones ha recibido 114 solicitudes y resuelto 61 con una cuantía total propuesta de 1.858.420 euros (el promedio es de 30.465). El Papa Francisco dijo en su día que 50.000 es “una cantidad demasiado baja, no es una cosa que sirve”. En Europa, la horquilla media va desde un mínimo de casi 6.000 euros que paga Bélgica a los ya citados 62.000 de Irlanda; la media es de unos 35.000.

Las reparaciones del plan PRIVA, en el que la Iglesia es juez y parte, son decididas por una comisión independiente, pero no son vinculantes. Esta hace una propuesta económica, pero la diócesis puede cambiarla sin que las víctimas sepan cuáles son los criterios. Es más, hay veces, como en el caso de una víctima cuya documentación ha tenido acceso este periódico, que la persona afectada no tiene ninguna comunicación de la orden, pese a que esta ha recibido varios meses antes el dictamen elaborado por la comisión con la propuesta de reparación.

En las ocasiones en las que la Iglesia paga, las cuantías difieren entre unos casos y otros, a pesar de ser similares. Un ejemplo: dos víctimas que sufrieron abusos parecidos (tocamientos), una en un colegio salesiano y otra en los jesuitas, recibieron dos cuantías diferentes. Una recibió 3.000 euros y otra 30.000, respectivamente. Los montos entregados por la Iglesia (y que este periódico ha conocido a través de documentos) oscilan entre los 1.000 y los 91.000 euros aproximadamente. Las víctimas se han quejado de este oscurantismo y han preguntado en varias ocasiones por los criterios empleados, para tratar de entender esa disparidad de cifras. Una de esas víctimas cuenta la respuesta que recibió por parte del arzobispado de Barcelona cuando les trasladó sus dudas sobre la existencia de esos criterios: “Sí existen, pero no los decimos porque luego se crearían comparaciones y más confusión”.

Este es, entre otros, uno de los motivos por los que las víctimas piden la aplicación de unos baremos; sin ellos consideran que es pura arbitrariedad.