El Gobierno cuestiona la celeridad con que la jueza ha sentado en el banquillo a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo

El goteo de reveses que Gobierno y PSOE encadenan en el frente judicial ha condicionado la comisión de justicia del Senado, donde Félix Bolaños ha defendido la agenda reformista con la que pretende “adaptar la justicia española al siglo XXI” mientras PP y Vox convergían en su estrategia de desgaste del Ejecutivo martilleando con la multiplicación de casos en los tribunales que afectan al entorno de Pedro Sánchez y dirigentes socialistas. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en verano una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que aspira actualizar el sistema judicial y poner fin a los 143 años que la norma actual lleva vigente. Una de sus principales novedades, que dependerá de socios tan imprevisibles como Junts en la negociación parlamentaria, es que se otorgaría la instrucción penal a los fiscales bajo la supervisión de jueces de garantías. Pero el debate de la oposición ha girado casi en exclusiva en la situación procesal de Álvaro García Ortiz o Begoña Gómez y cuyo interés ahora acapara David Sánchez.

El Gobierno, a través de Bolaños, ha cuestionado la celeridad con que la jueza Beatriz Biedma ha sentado en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ambos acusados de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. “La resolución es sorprendente, porque no es nada habitual que se abra o que se intente abrir un juicio oral sin esperar al criterio de la Audiencia Provincial”, ha resaltado el ministro antes de su comparecencia.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz tomó la decisión el jueves, que afecta a otras nueve personas por las supuestas irregularidades en la contratación del familiar del presidente en 2017 y de un extrabajador de La Moncloa en la Diputación de Badajoz, organismo que preside el líder de la federación autonómica socialista. La magistrada dictó el auto de apertura de juicio oral este jueves a las 9.43, cuando solo habían pasado 16 minutos de que hubiese rechazado los recursos que habían presentado cuatro de los acusados, entre ellos David Sánchez, que pedían el archivo de la causa con el argumento de que se basa en conjeturas. Una posición que coincide con la de la Fiscalía. El ministro ha subrayado que “las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial, y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso de la Audiencia Provincial”.

“Vamos a confiar en la Audiencia Provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, para que el procedimiento vaya por los cauces legales”, ha reiterado Bolaños, que ya en la comisión ha destacado que apenas se habla, “pese a que se iba a romper España”, de la ley de amnistía: la semana que viene cumplirá su primer aniversario pendiente de su aplicación a Carles Puigdemont. “Dejemos trabajar al Constitucional, dejemos trabajar a los tribunales”, ha pedido. Bolaños ha reivindicado dentro de su plan de reformas que se desvincule el mandato del fiscal general del Estado de la duración de la legislatura —por tanto ya no coincidirá con el del Gobierno, sino que el jefe del ministerio público será elegido por un periodo de cinco años no renovables—, el decreto ley de la ley de eficiencia o el blindaje de becas para acceder a la carrera judicial. El último Consejo de Ministros aprobó becas de hasta 12.000 euros anuales. Mientras comparecía, tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han convocado un paro en junio por su descontento con el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

“Ha pasado usted de ser el triministro todopoderoso a tapar la corrupción que acorrala a Sánchez, a su familia, a sus amigos, a su entorno y a su partido”, le ha espetado la senadora María José Pardo, que ha acusado a Bolaños de “haberse convertido en el abogado defensor de la imputada mujer del presidente, del enchufado hermanísimo procesado del presidente y de su también procesado presidente de la Diputación de Badajoz, el enchufador del hermano y el del aforamiento exprés”. Bolaños le ha reprochado que el PP “esté con los agitadores ultras en vez de con los periodistas de verdad, que hacen su trabajo intentando informar a la ciudadanía”. El Congreso inició el martes la tramitación de la reforma para expulsar a agitadores acreditados como periodistas con el voto en contra de PP y Vox. “¿Dónde ha caído el PP? Creo que más bajo no se puede caer (...) Su intervención es indistinguible de la de Vox, si se cambian de silla nadie lo notará, son lo mismo y es una pena“, ha apostillado.

Antes, desde León, el PP ha lanzado a Ester Muñoz, una de sus vicesecretarias más mordaces como altavoz de las críticas contra Sánchez por el procesamiento de su hermano. “Hoy es un día que probablemente quede marcado en la historia democrática de nuestro país”, ha afirmado la diputada, informa Virginia Martínez. “Por primera vez el hermano del presidente va a ser procesado junto a otros cargos del PSOE”, ha añadido, antes de acusar a Sánchez de estar “bunkerizado” mientras se suceden las imputaciones de su entorno a diferencia de otros países —ha sostenido— como Alemania o Portugal, donde ante la falta de presupuestos y “meras sospechas” de corrupción, respectivamente, se ha anticipado la convocatoria de elecciones. “En cualquier país democrático estaríamos viviendo una catarsis, y aquí estamos viendo una bunkerización del presidente del Gobierno”, ha apuntado. Muñoz también se ha referido al cambio de estatutos del PSOE introducido en el pasado Congreso Federal de Sevilla: “Están haciendo una redegeneración política, están dando pasos hacia atrás. Lo que está pretendiendo Sánchez es adecuar al Partido Socialista para que todos sus cargos que están inmersos en procesos judiciales se queden en sus sitios”.

La incorporación de Gallardo a la Asamblea de Extremadura, donde recogió el acta de diputado el miércoles, en una operación para la que fue necesaria la renuncia de una diputada y que den un paso a un lado cuatro compañeros de partido que lo precedían en las listas electorales, ha levantado otra polvareda por la condición de aforado que tendrá Gallardo. “El aforamiento es simplemente que otro tribunal es el competente para juzgar una causa, no implica ninguna impunidad y, por tanto, que la decisión del líder del PSOE de formar parte de la Asamblea de Extremadura para hacer oposición al Gobierno de Extremadura es una decisión que ha tomado y que respetamos por completo”, ha observado Bolaños.

Respecto al movimiento de Gallardo, que no será aforado hasta que acate la Constitución en un pleno de la Cámara, el ministro no ha querido entrar en lo que considera “un debate jurídico”. “Yo lo que sí sé, y es un hecho absolutamente objetivo, es que él tiene la acreditación de diputado desde el miércoles”, ha zanjado. “Iban a por el hermano del presidente. Yo pasaba por allí. Es un 2x1”, afirmó el líder territorial del PSOE en una entrevista a EL PAÍS.

Gallardo se mantendrá en sus cargos institucionales y orgánicos hasta que haya sentencia. El código ético del partido establece que, una vez que se abre juicio oral, los dirigentes socialistas tienen que dar un paso atrás, pero los estatutos se cambiaron en el Congreso Federal de Sevilla de finales del año pasado: se añadió una disposición que otorgaba tiempo ante determinados casos judiciales que afectasen a dirigentes ante lo que se entienden como ataques con una intencionalidad política. “Se ha hecho porque o hacíamos eso para defendernos de la acción coordinada de la derecha y la ultraderecha en los tribunales o nos quedábamos la mitad si manteníamos el listón de la dimisión una vez que se abre juicio oral”, explican en la dirección del PSOE.

El código ético establece que cualquier “cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. En caso contrario, añade el documento, “será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”. La salvedad añadida es que “el afectado puede hacer una solicitud a la Comisión de Ética y Garantías con base en la disposición adicional sexta de los estatutos, exponiendo que las denuncias vienen de organizaciones de extrema derecha, y que se pueda esperar a la sentencia”, explican en Ferraz.