Un año después de la carta y el parón de cinco días de Sánchez: más frentes abiertos en la justicia y con sus socios

“Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor”. Con estas líneas, hace justo un año, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció a la ciudadanía, en una carta publicada en su cuenta de X, que se tomaba cinco días para meditar si dimitía o no. Cumplido ese plazo, en una declaración sin preguntas en las escalinatas de La Moncloa, comunicó que “gracias a la movilización social” había decidido seguir “con más fuerza si cabe”, y la jornada siguiente, 30 de abril de 2024, incluso no descartó volver a presentarse: “Estoy con ánimo para estos tres años y los que quieran los españoles con su voto”. También avanzó un plan de regeneración democrática que ha tropezado con las expectativas generadas. La politóloga y socióloga Cristina Monge, presidenta de la organización Más Democracia, lo resume así: “Creo que la carta era sincera y que todos los presidentes del Gobierno han estado en esa situación alguna vez, sin llegar a hacerlo público. Pero cuando Sánchez comunicó que seguía y habló de regeneración democrática parecía que iba a haber un antes y un después y no ha sido así”. Este es el balance de 365 días de vértigo en la política española desde aquel inédito parón.

De la causa contra Begoña Gómez al ‘caso Ábalos’

Sánchez atribuyó sus dudas a la apertura de unas diligencias judiciales contra su esposa, Begoña Gómez: “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”. La denuncia la había presentado Manos Limpias, pseudosindicato presidido por Miguel Bernad, que acaba de firmar un manifiesto profranquista, e incluía noticias falsas, como una de The Objective que aseguraba que la esposa del presidente había recibido una subvención pública. Pese a que se trataba de una hostelera de Cantabria llamada Begoña Gómez, dicho medio sigue ilustrando la noticia con una imagen de Sánchez y su mujer. Un año y medio centenar de testigos interrogados después, el juez instructor, Juan Carlos Peinado, no ha recabado pruebas sobre los cuatro delitos por los que investiga a Gómez (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional); ha imputado a cinco personas (testigos que negaron las acusaciones contra ella); ha acudido dos veces a La Moncloa para tomar declaración a Sánchez y al ministro Félix Bolaños, y ha sido corregido por la Audiencia Provincial por sobrepasarse en algunas de sus diligencias.

También fue Manos Limpias la que poco después de la carta del presidente denunció a su hermano, contratado por la Diputación de Badajoz en 2017 —cuando Sánchez no era jefe del Ejecutivo— como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. David Sánchez renunció el pasado 5 de febrero al puesto y está citado a declarar como imputado este viernes.

Además, en octubre del año pasado, seis meses después de la carta, el Supremo imputó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para investigar si está detrás de la filtración a la prensa de un correo electrónico enviado al ministerio público por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía que había cometido varios delitos fiscales y ofrecía un pacto. Periodistas de distintos medios distintos declararon que tuvieron ese correo antes que el propio fiscal, pero el juez no lo ha tenido en cuenta.

Tras las causas contra el entorno del presidente, el PSOE registró el pasado enero en el Congreso una proposición de ley que pretende limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla partidos políticos y asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos; así como prohibir la admisión de denuncias “sin un mínimo fundamento de credibilidad”. La propuesta incluía una “disposición transitoria” para que las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial fueran “de aplicación a los procesos en curso”. Al tratarse de una ley orgánica, precisa del apoyo de una mayoría absoluta en el Congreso y el PP ya ha dicho que se opone. El Gobierno también ha presentado un anteproyecto de ley para realizar cambios en el actual sistema de oposiciones de forma que se facilite el acceso a la carrera judicial y fiscal a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos.

Paralelamente, en el año transcurrido desde la carta del presidente, ha estallado un escándalo que sí acumula indicios contra alguien muy próximo a Sánchez, José Luis Ábalos, que fue su número dos en el PSOE como secretario de organización (2017-2021), ministro de Fomento y de Transportes entre 2018 y 2021 y portavoz parlamentario de la moción de censura que derribó en 2018 al Gobierno de Mariano Rajoy precisamente por una condena por corrupción, la del caso Gürtel. Tanto el juez que instruye la causa, como la Fiscalía Anticorrupción consideran que hay indicios claros contra él.

El plan de regeneración

Cuando Sánchez comunicó que había decidido seguir al frente del Gobierno, se comprometió a trabajar “por la regeneración democrática” frente a la “agenda regresiva de la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas”. En julio del año pasado, presentó en el Congreso el llamado Plan de Acción por la Democracia. La mayoría de medidas tenían que ver con los medios de comunicación y con el reglamento europeo aprobado en mayo para combatir la desinformación, como la obligación de que los medios publiquen al detalle su accionariado, así como el importe anual de fondos públicos que reciben en forma de publicidad institucional, que debería otorgarse de acuerdo a “criterios transparentes,proporcionados y puestos a disposición del público de antemano”. El PP europeo había votado a favor en la Eurocámara, pero en el Congreso de los Diputados, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, lo presentó como un “plan de censura y persecución”. “No se veía algo así desde Franco”, llegó a decir.

El plan incluía, entre sus 31 medidas, un viejo compromiso, reformar la ley vigente (franquista) de secretos oficiales; aprobar una ley de lobbies o grupos de interés (otro clásico en los debates parlamentarios que nunca termina de cuajar); la modificación de los reglamentos de las Cortes Generales para sancionar a diputados y senadores que no sean honestos en sus declaraciones de bienes y actividades y para que sea obligatorio celebrar el debate del Estado de la nación una vez al año; la creación de nuevas figuras de lucha contra la corrupción y protección del informante; la obligatoriedad de al menos un debate electoral en campaña y la publicación de los microdatos de las encuestas; la reforma de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística; y la modificación de la ley orgánica de protección civil del derecho al honor,así como la que regula el derecho de rectificación, para adecuar ambas normativas al impacto y los nuevos ritmos de las redes sociales agilizando los plazos para rectificar contenidos falsos y garantizar indemnizaciones “adecuadas”. Pero el plan avanza a trompicones. El Consejo de Ministros aprobó el pasado octubre la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y de dos nuevas fiscalías contra la corrupción y en diciembre, la modificación de la ley del derecho de rectificación, de modo que obligue no solo a los medios de comunicación sino también a usuarios “de especial relevancia” (los que tengan más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el conjunto de todas ellas). Además, el Gobierno aprobó el pasado 15 de abril el anteproyecto para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que obligará a los medios de comunicación públicos a celebrar debates electorales y exige que las encuestas y sondeos difundidos durante las campañas publiquen también los ficheros de microdatos. El Congreso aprobó el pasado marzo el Plan de Parlamento Abierto, por el que se creará un registro para controlar las gestiones de los lobbies ante los diputados. En cuanto al reglamento europeo sobre medios, tiene que estar en marcha completo en los 27 Estados miembros el próximo agosto.

La politóloga Cristina Monge lamenta: “No se ha celebrado ninguna gran conversación pública con los expertos que llevan años trabajando en temas de desinformación, calidad institucional, participación ciudadana... y las reformas se han quedado prácticamente en compromisos adquiridos previamente, como el del reglamento europeo”. Y el politólogo Lluís Orriols coincide: “En la carta de Sánchez había reflexiones muy interesantes sobre el elevado coste que tiene ejercer la política y el problema de desorientación ciudadana para distinguir entre la información veraz y la que no lo es, pero transcurrido un año se ha quedado simplemente en eso: una reflexión”. “El plan de regeneración”, añade, “era una forma de reimpulsar una legislatura que se veía muerta sin presupuestos, un guiño para acercarse a la izquierda y a los nacionalistas catalanes, pero esa mayoría parlamentaria sigue haciendo aguas”.

Partido a partido

Los cinco días de reflexión del presidente, cuando meditó si dimitía o no, evidenciaron el hiperliderazgo de Sánchez en el PSOE. De hecho, dirigentes socialistas admitían su temor a una sucesión descontrolada en plena campaña de las catalanas, con las europeas por delante y en una situación internacional cada vez más delicada. Para Orriols, ese déficit de “reclutamiento” en el PSOE, obedece a la “biografía política de Sánchez”: “Llegó a la secretaría general del partido por segunda vez con una oposición frontal de los dirigentes y eso provocó su desconfianza en la organización tradicional. Pero probablemente, el PSOE poco a poco vaya generando liderazgos en distintos sitios, brotes verdes que se vayan abriendo a la vida después de la guerra que vivió el partido en 2017. La estrategia con Illa o Montero me parece la adecuada″. Monge añade: “Los hiperliderazgos nunca se preocupan de gestionar su sucesión y eso es lo primero que debe hacer un líder. Las propias concentraciones y movilizaciones del PSOE esos días no tenían apenas contenido más allá de la loa al secretario general”.

La debilidad parlamentaria del PSOE (120 diputados) dificulta la labor legislativa del Ejecutivo, que ha de agradar a Junts -que apoyó la investidura de Sánchez a cambio de la ley de amnistía-, a la izquierda disgregada -Podemos abandonó Sumar cinco meses después de las generales y trata desde entonces de marcar perfil propio frente al partido integrado en el Gobierno de coalición- y con la oposición firme del bloque del PP y Vox, lo que ha provocado que parezca haber renunciado a presentar un proyecto de Presupuestos. Mientras, el PP continúa cediendo ante Vox en los territorios, suscribiendo la agenda ultra en materia de inmigración o ecologismo, como ha hecho el presidente valenciano, Carlos Mazón, para sacar adelante las cuentas regionales. “Lo más interesante en la política española este año y el próximo”, apunta Orriols, “va a ser qué hace el PP. ¿Va a sucumbir como otros muchos partidos conservadores a la derecha radical populista o se va a mantener firme en sus posiciones de partido de gobierno tradicional?“. ”Este Gobierno", añade, “no tiene una mayoría parlamentaria suficiente, carece de presupuestos, se dedica a sobrevivir. Pero sobrevive porque la alternativa es la unión del PP y de Vox, esa sigue siendo su principal baza”.

El último sondeo del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra que, mientras el PP y el PSOE empeorarían sus resultados del 23-J (medio punto menos los populares y 2,2 puntos menos los socialistas), Vox subiría cerca de dos, hasta el 14,1%, y la marca del agitador ultra Alvise Pérez debutaría en las urnas con casi un 3% de las papeletas. Dicha encuesta se realizó antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump,al que la extrema derecha española apoya públicamente, concretase su plan de aranceles. Y las expectativas de Sumar, que permitió reeditar el Gobierno de coalición al cosechar más de tres millones (el 12%) de los votos en las últimas generales, no son buenas: la coalición obtendría, según dicho sondeo, apenas un 5% de las papeletas y Podemos, disgregado desde finales de 2023, un 3,3%. El plan de rearme anunciado por Sánchez ha levantado ampollas en el espacio a la izquierda del PSOE y al complejo contexto internacional del que alertaba Sánchez en su carta a la ciudadanía hace un año se une ahora la guerra comercial emprendida por Trump y el giro de EEUU sobre Rusia y la guerra de Ucrania. La economía sigue yendo bien: el FMI acaba de mejorar las previsiones de déficit y deuda de España y la Seguridad Social ha superado por primera vez en su serie diaria los 21,6 millones de afiliados, pero el Gobierno no parece capitalizar esa buena marcha de la economía: desde noviembre de 2023, según los barómetros de EL PAÍS, su estimación de voto está por debajo del resultado cosechado en las urnas. Para Monge, la coyuntura internacional favorece a Sánchez: “Se ha convertido en el gran referente de la socialdemocracia. Ese protagonismo le beneficia. El marco que él proyecta frente a la derecha y la extrema derecha se ha visto reafirmado con la llegada de Trump, mientras Vox, que le apoya, sigue llegando a acuerdos con el PP. Paralelamente se le ha abierto otro frente con el rearme, pero la discrepancia con Sumar es del 18,5% dedicado a armamento y parece hasta pactada. Otra cosa es la compra de balas a Israel en plena ofensiva sobre Gaza, que puede hacer más daño a la coalición. Pero ahora mismo hay un empate técnico entre el PP y el PSOE y lo que ocurra en las siguientes elecciones dependerá de qué pase con sus socios a izquierda y derecha, que ahora serían tres para tres: PSOE, Sumar y Podemos por un lado, y PP, Vox y Se Acabó la Fiesta por otro. Lo único que permanece igual desde el 23-J y desde la carta de Sánchez es que Vox aísla al PP, y que tendrían complicado pactar con otro partido”.