Miguel Alfonso Meza: “El uso de la violencia política de género fue como un brote epidémico contra la libertad de expresión”

El abogado y activista Miguel Alfonso Meza se enteró hace solo unos días de que la abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, Silvia Delgado García, que en junio ganó una plaza de jueza en Chihuahua, lo había denunciado por violencia política de género. Uno de los 14 medios de comunicación nacionales que se hicieron eco de su investigación —en la que señaló la candidatura de la letrada como “riesgosa” en la elección judicial— le compartió el expediente de unas 800 páginas en las que Delgado García los acusa a él y a todos los medios que publicaron la información, y pide que sean todos sancionados. “Nosotros nunca la estigmatizamos, ni discriminamos por ser mujer, ni dijimos que fuera incapaz para ser jueza o abogada, simplemente que era un riesgo el vínculo que tenía con el Chapo”, dice en entrevista el abogado.

Meza lleva varios años haciendo lo que considera un “marcaje personal” al Poder Judicial. Ha interpuesto amparos en contra de algunas decisiones que considera que han sido ejecutadas “a modo” por presuntas presiones de magistrados y políticos hacia algunos jueces. Durante sus años de trabajo con la organización Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo, el equipo legal al que pertenecía inició un proceso legal para revisar información pública sobre nepotismo en esa institución en la capital del país. Después de algunas solicitudes, se dieron cuenta, dice, de que los datos no habían sido entregados. “Del único lugar donde no teníamos información era de la Ciudad de México porque la persona que entregó todo, pues, digamos, arrancó esa parte para que no fuera revelada”.

También, en 2024, Meza denunció al ministro Arturo Zaldívar por presuntamente presionar a jueces para que resolvieran amparos a su favor. “Cuando Andrés Manuel López Obrador, en una mañanera, dijo abiertamente que Zaldívar le ayudaba a hablar con ciertos jueces para resolver algunos amparos delicados, yo lo denuncié”, recuerda.

Antes de la elección judicial, Meza y su equipo interpusieron varios amparos para invalidarla. Sin embargo, cuando vieron que era ya un hecho, llevaron todos sus esfuerzos a “mitigar los riesgos y los daños” que derivarían del proceso. Así que comenzaron una investigación en la que, ayudados también por la sociedad, identificaron a los perfiles de los candidatos y candidatas que podrían representar un riesgo por sus vínculos con el crimen organizado, o ligados a temas de corrupción u otros escándalos.

“En total publicamos 25 perfiles de personas que están relacionadas con el crimen organizado, como la abogada del Chapo, pero también el abogado del Z-40; estaba un abogado que fue detenido y sentenciado a cinco años de prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina; también estaba Hernán Vega Burgos, apodado El Padrote de Progreso, Michoacán, y que fue detenido hace años como delegado del Instituto Nacional de Migración por supuestamente proteger una red de trata de personas en Yucatán. Están personas vinculadas con la Iglesia de La Luz del mundo, etcétera”, cuenta.

En el caso de la abogada Delgado García —una de las abogadas del Chapo en el tiempo previo a que fuera extraditado a Estados Unidos— Meza asegura que fueron varios los criterios que consideraron para ponerla como “riesgosa” en su portal. Entre ellos, que la ahora jueza electa ha convertido su relación con el Chapo en “un tema de imagen”; que parece sentir mucho orgullo de haberlo representado, y que siga defendiendo al narcotraficante, asegurando que ella no cree posible que haya hecho todo lo que se le acusa. “Todas esas características, más el hecho de que ninguna autoridad revisó realmente cuál era su vínculo con el Cártel de Sinaloa, a mi parecer la convierte en una candidata riesgosa”, dice. “El riesgo es justamente que sí tiene un vínculo y que nadie sabe qué tan profundo es”, concluye.

Meza ha dado a conocer que, además de comenzar una investigación en su contra, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEEC) solicitó sus datos personales al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a Meta, Tik Tok y a su compañía telefónica. Datos que fueron entregados también a la denunciante. “El SAT y mi compañía de teléfono se negaron a entregar esa información porque, según su respuesta, es confidencial y el Instituto Electoral no puede requerirla. Sin embargo, Meta sí dio mi celular y correo personales y el IEEC se los entregó a varios particulares, incluida la abogada del Chapo”, aseguró.

El abogado considera que el uso de la figura de violencia política en razón de género para fines de censura y persecución es ya vista como una herramienta por políticos que desean acallar las críticas de forma rápida y eficaz, y que esto empeora ante la omisión de las autoridades electorales: “El uso de la violencia política de género fue como un brote epidémico, por decirlo de alguna forma, de ataques a la libertad de expresión, porque sí que tiene un efecto de contagio. Cuando un político denuncia y le es efectivo, pues entonces otros se ven motivados a utilizar las mismas herramientas”, dice.

En la denuncia de la abogada Delgado García, según cuenta Meza, está que sea inscrito en el padrón de violentadores por un año, lo que le impediría presentarse para ocupar algún cargo público, además de sanciones económicas. Sin embargo, dice tener esperanza en que el contrapeso más importante para este tipo de estrategias de censura está en la sociedad: “No fueron las autoridades electorales las que pusieron límites para que la violencia política de género no fuera utilizada abusivamente, sino la reacción social que haca más costoso utilizarla”.