La abogada del Chapo denuncia por violencia política de género a los periodistas que criticaron su candidatura a jueza

Una vez más, la ley que protege a las mujeres que están en la política contra ataques machistas ha sido utilizada para fines distintos. En esta ocasión, ha sido la abogada Silvia Delgado García, quien se presentó a jueza en las pasadas elecciones judiciales y se granjeó titulares en todo México porque había participado en el equipo legal que defendió a uno de los grandes narcotraficantes, Joaquín El Chapo Guzmán, cuando aún no había sido extraditado a Estados Unidos. Delgado García ganó y ahora es jueza electa de lo penal en Chihuahua. Las organizaciones y los medios que revelaron su candidatura en aquel entonces han informado que fueron demandados en mayo utilizando la figura de violencia política en razón de género, de la que han abusado muchos políticos para callar las críticas contra ellos en los medios.

“La abogada del Chapo me denunció y el Instituto Electoral le entregó mis datos”, publicó este martes el director de la organización Defensorxs en Chihuahua, Miguel Alfonso Meza, en su cuenta de X. La ahora jueza también demandó a los directores de otros 14 medios de comunicación cuando estas plataformas se hicieron eco de la investigación de Defensorxs, en la que se calificó a Delgado García como una candidata “altamente riesgosa” durante la campaña para la elección del Poder Judicial.

Meza dio a conocer que, además de comenzar una investigación de más de 800 páginas en su contra, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEEC) solicitó sus datos personales al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a Meta y a su compañía telefónica. “El SAT y mi compañía de teléfono se negaron a entregar esa información porque, según su respuesta, es confidencial y el Instituto Electoral no puede requerirla. Sin embargo, Meta sí dio mi celular y correo personales y el IEEC se los entregó a varios particulares, incluida la abogada del Chapo”, aseguró.

Otro de los medios incluidos en la denuncia, BI Noticias, dijo que el pasado 2 de mayo, el IEEC admitió la queja a trámite y dictó medidas de protección a favor de la jueza. “BI Noticias ya prepara su defensa legal, argumentando que los hechos denunciados no constituyen Violencia Política de Género; por el contrario, se trata de la difusión de información de interés público, por lo que en este caso se está utilizando esta legítima figura jurídica como una herramienta de censura” señalaron.

Delgado García fue la segunda cadidata más votada en aquellas elecciones, con algo más de 23.000 sufragios. La litigante, que en 2016 fue parte del equipo legal del líder del Cártel de Sinaloa, logró posicionarse entre los primeros cinco lugares de la votación que alcanzó una participación del 11% a nivel local y del 13% a nivel federal. El resultado la coloca como jueza del Estado por los siguientes nueve años.

“Una vía expedita de censura”

Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, reconoce que este uso de la figura de la violencia política en razón de género se ha extendido en los últimos años, gracias a la “virulencia y polarización” que existe en la conversación pública: “Se buscan las maneras más expeditas y eficaces de sanción, no necesariamente con los objetivos más democráticos”, dice.

Además, reconoce que la persecución a periodistas, activistas e incluso ciudadanos ha aumentado de forma alarmante: “Esto lo hemos notado en todas las agresiones que se cometen contra la prensa, preponderantemente por las y los funcionarios públicos de todos los niveles del Estado mexicano. Pero en el caso de acoso judicial vimos que a partir del inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se empezaron a utilizar cada vez más las herramientas legales en contra de periodistas y medios de comunicación. Conforme se fue utilizando más esta figura de la violencia política en razón de género, ni los organismos electorales ni los tribunales electorales pusieron un freno”.

Maldonado precisa que el uso de esta figura —que es administrativa en materia electoral—, determina que el proceso se haga mucho más rápido, en solo cuestión de días o incluso de horas. Es decir, las sanciones, como las disculpas públicas, capacitaciones o multas, se hacen casi de forma inmediata. “Han encontrado una vía expedita de censura en la violencia política en razón de género, en la que se condiciona el que se pueda emitir alguna crítica o incluso alguna información respecto a alguna candidata, que es como se utiliza esta figura, la mayoría de las veces”.

Cada vez más casos

El de Meza y los 14 medios nacionales denunciados por la exabogada del Chapo es solo el más reciente de los casos de censura a opiniones críticas. En julio, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas impuso medidas de censura contra el periodista de El Universal Héctor de Mauleón por una columna publicada el pasado 1 de mayo titulada Huachicol y poder judicial en Tamaulipas, en la que el autor se refiere a información pública que señala presuntos vínculos entre la presidenta del Poder Judicial de ese Estado y una red de huachicol. Las autoridades consideraron que había incurrido en violencia política de género.

Laisha Wilkins, actriz, influencer y conductora de televisión, vio una publicación del medio Aristegui Noticias sobre una candidata a la Suprema Corte, Dora Martínez, que había tratado de retirar unos reportajes al acusarlos de ejercer violencia política de género. En el título de la nota y también en el propio tuit se lee: “Dora la censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks”. Wilkins escribió debajo: “Jaja Dora la censuradora jaaja”. Esa publicación le valió un requerimiento del Tribunal Electoral por una denuncia de la candidata —de nuevo— por violencia política de género. El INE inició una investigación, localizó su domicilio y le exigió dar información sobre la publicación.

En julio, la ciudadana Karla María Estrella, originaria de Hermosillo, Sonora, fue sancionada por comentar sobre Diana Karina Barreras, candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo (PT) y quien está casada con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, un alto cargo de Morena. La publicación en X, que le valió una sanción, fue la siguiente: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal la sentenció a disculparse públicamente durante 30 días, pagar una multa de 1.085 pesos (unos 50 dólares), leer bibliografía especializada, asistir a cursos de género y quedar inscrita durante un año y medio en el registro de violentadores del INE. La diputada aludida pidió más: que la disculpa se publicara en “dos periódicos de mayor circulación”.

El propio Instituto Nacional Electoral (INE) asegura en un documento sobre la violencia política de género que se tienen que tener consideraciones específicas para asegurar que existe este tipo de violencia y, en los casos requeridos, evaluar las sanciones: “Es necesario precisar que no toda la violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en esta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses”, advierten.

El director de Artículo 19 recuerda que esta figura surgió para dar visibilidad a todos esos obstáculos estructurales que dificultaban a las mujeres para llegar a ocupar un puesto de poder. “La definición es muy amplia y se ha ido interpretando de manera que cada vez se está limitando más el ejercicio crítico del derecho a la libertad de expresión frente a mujeres que aspiran a cargos públicos sin tomar en cuenta, por ejemplo, uno de los elementos que la propia figura marca, como que esa violencia debe tener como consecuencia la obstaculización del acceso al poder. Por otro lado, ahora prácticamente se dirige hacia medios de comunicación, periodistas y voces críticas y no hacia autoridades y figuras públicas partidistas que eran originalmente las destinatarias”.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en un amplio artículo sobre este tema, La violencia política por razones de género es utilizada para censurar expresiones legítimas, señala las implicaciones en derechos humanos que tiene México ante esta problemática: “Hemos documentado ampliamente cómo, a partir de la incorporación de la VPG, se ha desplegado un sistema de control previo de información a partir de las autoridades electorales (principalmente el INE), que es incompatible con la Constitución y la prohibición de censura previa, y que ha sido utilizado para silenciar críticas legítimas en el ámbito político, dirigidas a personas funcionarias públicas, candidatas a elección popular y figuras públicas, bajo la excusa de proteger a las mujeres de violencia”, dicen.