La Fiscalía pide amnistiar a una cuarentena de directivos y altos cargos procesados por el 1-O

La Fiscalía ha solicitado la aplicación de la amnistía para los cerca de 40 directivos y ex altos cargos, incluido el exconseller Raül Romeva, del Govern presidido por Carles Puigdemont procesados por su participación en los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. En un escrito avanzado este miércoles por Efe, el ministerio público considera que las actuaciones estaban vinculadas a la financiación y la organización de la consulta, incluidas en la amnistía, “se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas”.

El fiscal obvia la tesis del Tribunal Supremo y pide a la Audiencia de Barcelona que perdone también el delito de malversación, ya que, de lo contrario, se dejaría “vacío de contenido” lo dispuesto en la ley. Los magistrados del Supremo consideran que las personas implicadas en la organización del referéndum desde la Generalitat obtuvieron un “beneficio personal de carácter patrimonial” al cometer la malversación que se les atribuye, al utilizar recursos de la Administración.

Entre los potenciales beneficiarios de la medida solicitada por la Fiscalía se encontrarían la expresidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales Marta Llorach, y los exdirectores de la televisión pública TV3 Vicent Sanchis, y de la radio autonómica Catalunya Ràdio Saül Gordillo. También están entre los afectados el exdirector de la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj y la exinterventora de la Generalitat, Rosa Vidal, y otros miembros del sottogoverno de la Administración autonómica que habían sido investigados, también, por el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, com el exconseller Romeva.

El escrito deja al margen de la amnistía dos gastos concretos que no considera vinculados al procés: el servicio de limpieza y una auditoría encargados por el consorcio público-privado Diplocat. Es por ello que la Fiscalía apuesta por llevar a juicio a quienes fueron sus secretarios generales, Roser Clavell y Albert Royo.

El texto de la Fiscalía reconoce que “los procesados dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia dirigida a la realización de un proceso refrendario suspendido por el Tribunal Constitucional, actuando de forma concertada cada uno de ellos dentro de su nivel de responsabilidad”. La voluntad era, asume, “diluir” la responsabilidad individual de cada uno de ellos y concertar la participación de diferentes departamentos “para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado”.

Entre los actos que la Fiscalía atribuye a los procesados, y que considera amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para financiar el 1-O, la elaboración de una página web informativa, el aplicativo de registros de catalanes en el exterior, el registro de voluntarios, las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.

Otras de las actividades atribuidas a los procesados y que también deben quedar amnistiadas, según la Fiscalía, son el proceso de nombramiento y comunicación formal de los miembros de las mesas electorales del 1-O, que varios departamentos encargaron a la empresa Unipost, y la elaboración del censo electoral mediante todos los registros públicos de propiedad de la Generalitat. Los exaltos cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó estaban investigados en el mismo procedimiento, igual qu la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga. Su caso, no obstante, qudó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su situación de aforados.