Las urgencias de la Amazonia que convocan a Lula, Petro y Arce en Bogotá

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Una semana de diálogos amazónicos en Bogotá, previos a la Cumbre de Presidentes de la región que se realizará este viernes con la visita de Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Luis Arce de Bolivia, deja como conclusión las preocupantes contradicciones de la región. La Amazonia es un territorio en disputa, degradado por conflictos entre grupos ilegales, que enfrenta el riesgo de alcanzar un punto de no retorno y con Gobiernos desarticulados entre sí. Pero también es el bioma que mantiene 277 millones de hectáreas intactas – según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada –, la mayor carta de Latinoamérica en la acción climática y el lugar alrededor del que más se sintonizan las organizaciones de la sociedad civil. Mientras los Gobiernos de los países amazónicos siguen encontrando trabas en alinear sus decisiones, las redes de indígenas, científicos, parlamentarios y ciudadanos han puesto sobre el escenario cómo tener fronteras no impide la coordinación. Este es un dibujo de la Amazonia actual y de la que quieren, más allá de lo que lleguen a firmar este viernes los delegados de los ocho países que hacen parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

La alarma: seguridad

“La Amazonia está en disputa”: así lo reiteró un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) enfocado en la parte noroccidental de la región, que abarca 458,5 millones de hectáreas en Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Allí operan al menos 17 grupos armados ilegales, con presencia en 69% de los municipios, de los cuales cinco tienen alcance transnacional: Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital (PCC), Comandos de Frontera, el Estado Mayor Central (EMC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), primeros dos de Brasil y el resto de Colombia. “A ellos se suma la Nueva Generación, una alianza en expansión integrada por Los Lobos, Chone Killers y disidencias de Los Tiguerones, con origen en Ecuador y creciente proyección regional”, afirma el documento.

Su presencia se ha traducido en violencia. El Putumayo colombiano ha sufrido 24 masacres desde 2020, y las vecinas provincias ecuatorianas de Sucumbíos y Orellanas registran tasas de 76 y 56 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Todo ello está impulsado por la lucha por las rutas de narcotráfico. “En Perú las familias huyen para proteger a sus hijos del reclutamiento forzado” o son obligadas a trabajar en campamentos de minería ilegal y cultivos ilícitos, son otros de los datos que arroja otra investigación publicada también esta semana por Amazon Watch y Amazon Underworld.

Esa violencia se filtra en la degradación de los ecosistemas, con cifras que ya suenan reiterativas. La minería ilegal afecta al 19% del Amazonas, la contaminación por mercurio vertido en sus aguas es de 30 toneladas y, entre 2001 y 2023, se perdieron más de 14,7 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de Honduras, solo en la Amazonia noroccidental.

Lo urgente: las sinergias

Aunque hay avances ambientales, cada país va por su lado. “Los Gobiernos tienen que empezar a hablarse entre ellos”, comenta Milagros Sandoval, experta peruana del Instituto Panamazónico (IPA), que hizo parte de un análisis comparativo para examinar las políticas adoptadas por los ocho países de la OTCA para proteger el bioma. “Sobre todo, porque no han estado históricamente muy cerca de su Amazonia, con la excepción de Guyana y Surinam”.

En el papel hay buenas señales: siete países - la excepción es Venezuela - tienen planes de adaptación al cambio climático; en todos menos en Surinam hay algún tipo de reconocimiento a los territorios indígenas, y a lo largo de la cuenca existen metas de restauración para 2030. Pero varían: mientras que Brasil, Perú y Bolivia se han comprometido a restaurar entre 12 millones y 3.2 millones de hectáreas, en Colombia es solo 1 millón y en Ecuador, la mitad.

“Además de fortalecer lo nacional, el siguiente paso debe ser crear una dinámica clara de intercambio de información para actuar de manera oportuna”, agrega Ana María Parra, también editora del documento. Por ejemplo, el Panel Científico por la Amazonia propone priorizar dos áreas que llaman el Arco de Restauración: uno, en el sur de la Amazonia brasileña, desde la costa atlántica hasta Bolivia, y otro a lo largo de los Andes, entre Perú, Ecuador y Colombia.

La Amazonia que se quiere

A mitad de semana, la OTCA recibió una de muchas cartas que coinciden en una petición: que la Amazonia sea territorio libre de combustibles fósiles. La Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), que representa a 87 comunidades de ese pueblo, recordó que hace dos años ganaron una consulta popular para frenar el bloque petrolero 43-ITT, algo que no se ha hecho efectivo pese a llegar a cortes internacionales. Por esto, piden a la OTCA “presentar una propuesta amazónica unificada en la Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidad (COP30) para establecer zonas de exclusión de combustibles fósiles”, principalmente en lugares donde están los pueblos indígenas en aislamiento.

Esa misma demanda la hizo un grupo de parlamentarios de varios países a inicios de semana. También la respaldó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), partiendo de un ejercicio de Earth Insight y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), que advierte que los bloques petrolíferos y de gas cubren más de una cuarta parte de la región amazónica del país. “La expansión extractivista está generando una grave crisis para los 64 pueblos indígenas que sufren contaminación de sus fuentes de agua y aire”, dijo Pablo Hernán Jamioy, asesor de la OPIAC. El reporte advierte que el Gobierno Petro, muy vocal en su exigencia de abandonar los combustibles fósiles, ha otorgado 30 licencias de exploración petrolera y 14 de producción en la zona. Y agrega las dificultades de ponerlos en marcha. “Casi dos tercios de los nuevos proyectos petroleros en la región son económicamente inviables bajo los compromisos climáticos actuales [Colombia planea reducir sus emisiones en un 51% a 2030]“.

La Amazonia que quieren los indígenas, los científicos y parte de la sociedad civil, es una que tenga estándares regionales de pagos por servicios ambientales, con corredores transfronterizos de áreas protegidas, que goce de un sello de certificación para productos amazónicos sostenibles y libres de deforestación, con un observatorio de líderes amenazados liderado por la OTCA y con datos sobre cuánta financiación haría falta para protegerla. Estas ideas, que se elevaron a lo largo de la semana, son las que piden que los presidentes aborden.