Colombia suma seis meses de retraso en la presentación de sus compromisos climáticos ante las Naciones Unidas

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El Gobierno de Gustavo Petro, uno que aprovecha cada escenario internacional posible para hablar de la urgencia de la acción climática, suma seis meses de retraso en actualizar sus compromisos climáticos ante las Naciones Unidas. Como parte del Acuerdo de París, el tratado al que llegaron 196 países en 2015 para evitar que la temperatura global aumente más de 2 °C para finales de siglo y hacer todo lo posible para limitarlo a 1,5 °C, los países se comprometieron a presentar los aportes que iban a hacer para lograr ese objetivo, algo conocido en la diplomacia como Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). Cada cinco años, concretaron, los Gobiernos debían actualizarlas cumpliendo un criterio: que sean cada vez más ambiciosas.

Colombia se ha quedado atrás. Al igual que la mayoría de los países, no cumplió la primera fecha límite para presentar su tercera versión, el 10 de febrero de 2025 – a la fecha solo un 21% de los países lo han hecho-. Y a solo días del segundo momento importante para hacerlo, en septiembre, el presidente cambió a su ministra en la cartera de ambiente. Irene Vélez, la actual cabeza del Ministerio de Ambiente, la ocupa apenas en condición de encargada.

Las dudas y preocupaciones que han surgido entre quienes siguen el proceso son varias. Si el país no presenta el documento el próximo mes, no solo dejará de hacer parte del informe de síntesis global que se presentará en la Conferencia de Cambio Climático (COP30) de Belém de Pará, Brasil, sino que dará una mala señal a quienes pueden financiar su acción climática. “Es una herramienta que atrae recursos”, explica Andrea Prieto Rozo, coordinadora del programa de Justicia Ambiental y Climática de la organización Ambiente y Sociedad. Tener este documento a tiempo, bien construido y con ambición es una carta de presentación.

Demoras y cambio de planes

Las organizaciones cercanas a la actualización de la NDC tienen una observación similar: con el primer cambio de ministras, de Susana Muhamad a Lena Estrada en febrero pasado, varió la metodología del proceso de participación y de búsqueda de insumos para aterrizar las metas. Con Muhamad, comenta Prieto, se estaba adelantando un proceso “muy técnico, a través de unos formatos de Excel”, que ya estaba recibiendo ciertas críticas porque se movía en un lenguaje que no todos los interesados podían comprender.

Para Juan José Guzmán, economista climático que asistió a uno de los talleres para ello en 2024, los funcionarios del Ministerio no estaban dispuestos a traducir ese tecnicismo o a permitir que los participantes abrieran el espacio para discutir sobre temas que, según ellos, no dependían de esa cartera. “Si se hablaba del tema laboral alrededor de la transición energética, por ejemplo, decían que era algo del Ministerio del Trabajo”, asegura. “Los compromisos climáticos, aunque liderados por Ambiente, deben tener participación de todos los sectores”. Es más, para eso existe en el país la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC).

En junio de 2025, ya con Estrada de ministra, el enfoque dio un vuelco. El Ministerio decidió hacer 32 talleres departamentales que, según la experta de Ambiente y Sociedad, han tenido un carácter más participativo e inclusivo, con más actores. Le inquieta, sin embargo, que los anunciaron apenas hace dos meses. “Es certero, pero muy tarde”, dice. Además, tiene la duda si lo que se hizo con Muhamad se verá reflejado en los compromisos o si hubo borrón y cuenta nueva. “No es claro cómo se está sistematizando la información de los talleres y se corre el riesgo de que, por la premura de presentar las NDC, no se trate de un documento sólido”.

A través de un derecho de petición, el Ministerio de Ambiente le respondió a América Futura que busca “que la entrega oficial de la NDC 3.0 se realice en el mes de septiembre”. Confirmó, además, que parte de la demora se debe al cambio de metodología: “La NDC debía construirse a través de una amplia participación de actores sectoriales, territoriales, comunitarios y técnicos. Este enfoque llevó al diseño y ejecución de una estrategia nacional de socialización y diálogo, que contempla el desarrollo de talleres presenciales en todos los departamentos del país, así como la realización de espacios técnicos con instituciones públicas, entre otros actores”, aseguró.

Sobre si la llegada de Vélez, la ahora ministra encarga, cambiaría algo, no hay muchas respuestas.

Falta de coordinación

El Gobierno de la acción climática no se ha podido organizar para cumplir sus objetivos. Durante tres años de mandato de Petro, la cabeza de la Dirección de Cambio Climático, encargada de darle impulso a las NDC, ha cambiado cinco veces, entre oficiales y encargados. De hecho, durante los dos primeros años de Gobierno, la dirección se mantuvo al menos 11 meses con un director temporal.

Tampoco hay claridad en cuál es el presupuesto que el país asigna a construir sus compromisos climáticos. El Ministerio de Ambiente se limita a decir que no tienen una asignación presupuestal específica, y que los recursos vienen del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la Dirección de Cambio Climático y de la cooperación internacional, mencionando al “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), la Global Green Growth Institute (GGGI) y otros”.

“Debido a la naturaleza flexible y complementaria de estos mecanismos de financiamiento, no se cuenta con una distribución porcentual fija por fuente de financiación, ya que los aportes varían según el componente, el periodo y el alcance de cada de apoyo”, respondió al preguntarle por los porcentajes o montos que da cada parte.

“La sensación es que no ha sido un proceso articulado”, agrega Guzmán. El riesgo es que las NDC traigan compromisos que no se alineen con otras políticas existentes. “Hicimos un ejercicio mirando cuántas metas energéticas hay en cuatro documentos de política en Colombia —la anterior NDC, la Estrategia 2050, el Plan Energético Nacional y el Plan de Transición Energética Justa— y hay hasta 12 diferentes”, comenta. Según las mejores prácticas de la Agencia Internacional de Energía (IEA), cada país debería tener tres: el escenario si no hay ningún ejercicio de mitigación, lo que se quiere para 2030 y lo que se busca para 2050.

A finales de abril, la congresista Julia Miranda citó a la entonces ministra Estrada a un debate de control político sobre la actualización de los compromisos. Estrada delegó a su viceministra y envió unas respuestas que la representante tildó de “vagas”. Allí, explicó Miranda, señaló que el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se mantendrá en un 51% para 2030, la cifra que propuso hace cinco años el expresidente Iván Duque, al otro de la orilla política del actual Gobierno. La razón, según las respuestas enviadas a Miranda, es que Colombia ya tiene el objetivo más ambicioso de América Latina y la mejora está en cómo cumplirlo.

“El país tiene una trayectoria y un reconocimiento internacional de ser organizado con sus documentos climáticos”, recuerda Prieto. Es algo que, para ella, no se puede poner en juego. Sobre todo, teniendo en cuenta que, lo ideal, es que la versión final de los compromisos pasen por un proceso de consulta de por lo menos 15 días.