Costa Rica, ante la amenaza de un desplome de radios y televisiones por una reforma ordenada por Rodrigo Chaves

La gran mayoría de estaciones de radio y televisión de Costa Rica están en peligro de tener que apagar su transmisión en abierto al no alcanzar los requisitos de una subasta de las frecuencias ordenada por el Gobierno de Rodrigo Chaves con el supuesto propósito de “democratizar” el uso de los recursos estatales y hacer que las empresas paguen “lo justo” por su negocio. Decenas de emisoras anunciaron que no pudieron presentar una oferta antes de la medianoche del viernes, cuando se cerró el plazo ordenado por las autoridades para el proceso, cuyos efectos supondrán un golpe a la libertad de expresión y pluralidad democrática, según denunciaron afectados, gremios, especialistas, partidos opositores y organizaciones, incluida la Iglesia Católica.

La reforma en el modelo de aprovechamiento del espectro radioeléctrico, de por sí polémica por los embates frecuentes de Chaves contra medios críticos que prometió destruir, se cruza con la tensa campaña electoral marcada por el protagonismo del mandatario con su deseo de profundizar la “revolución pacífica” en contra de las élites tradicionales. El ambiente de tensiones políticas no ha hecho más que agravarse con las alertas y reclamos de medios regionales, culturales, periodísticos y religiosos, cuyo futuro dependerá de instancias judiciales o de cambios de última hora que acepte Rodrigo Chaves o la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), ente técnico bajo el ala del Poder Ejecutivo.

Paralelismos con la Venezuela chavista

“No reduzcamos las frecuencias al mejor postor”, clamaba este lunes la Conferencia Episcopal, que habla en nombre de tres emisoras católicas y una televisora de laicos católicos, pero también de la diversidad de medios que se extinguiría cuando entre en ejecución la nueva repartición de frecuencias, aún sin fechas definidas. “Defender su existencia es defender la posibilidad de que Costa Rica escuche todas sus voces, no solo las que provienen del poder económico”, dijeron los obispos en uno de los muchos pronunciamientos que se han difundido sobre el tema en los últimos días. Otros reproches son más fuertes, como el de Rodolfo Piza, un político opositor que señaló un paralelismo con la Venezuela de Hugo Chávez, donde numerosas estaciones cerraron en 2009 bajo la justificación de incumplimientos legales.

Minutos después del comunicado episcopal, la Presidencia emitió otro en el que culpa a críticos de “desinformar” al público y abre la posibilidad de buscar soluciones, pero sólo para las emisoras católicas o evangélicas que se ven afectadas con los altos precios base y los costos millonarios que implicarían cumplir con los requisitos del concurso. La subasta empieza en 386.000 dólares para una emisora de radio del alcance nacional y 1,6 millones de dólares por una frecuencia televisiva. Los montos para cobertura regional son menores, pero igualmente exorbitantes para el modelo de negocio de los medios, afectados además por la caída en publicidad tradicional, lamentan sus portavoces.

El caso ha hecho coincidir a grupos de distinto bando ideológico, que señalan un perjuicio directo para las audiencias de menos recursos económicos y para la población adulta, más apegadas a estaciones de radio tradicional o a canales religiosos durante toda su vida. “Pensé que si me quitan Radio Fides (católica) me paso a Santa Clara (católica), pero ahora veo que el Gobierno me va a quitar hasta las musicales que hemos escuchado toda la vida, Sinfonola o Musical“, dice Marta A., de 77 años, residente a una zona rural de la provincia Alajuela. “Mire, siento rabia, como si ese señor se fuera a meter a mi casa a robarme el radio o a ponerme lo que él quiere que yo escuche”, exclamó.

Así se despedía desde el viernes radio Sinfonola, especializada en música retro y apreciada por los mayores: “A pesar de ser una de las cinco emisoras que Costa Rica escucha, Radio Sinfonola es una pyme que no tiene la menor posibilidad de pagar los cientos de millones que el Gobierno del señor Chaves le cobra si quiere seguir trabajando”. Con sobria voz de locutor, el gerente, Carlos Lafuente, añadía otro elemento controversial en todo de lamento: “la frecuencia 90.3 será para un capital extranjero”.

Hasta ahora, sólo se sabe de quince empresas que se inscribieron en la subasta. En televisión, uno de los participantes es el grupo propiedad del magnate mexicano Ángel González, que ya opera en el país. Otra es Televisora de Costa Rica, la empresa a cuyos propietarios y noticiario televisivo Chaves ha dedicado decenas de descalificativos por considerarlos enemigos de su Gobierno y defensora de las élites que él dice combatir. “Es una ironía. La revancha de este señor contra los dueños de Canal 7 nos sacó a todos menos a ellos, que sí tienen mucho dinero para seguir operando. Para nosotros es descabellado, de locos”, decía Saray Amador, gerente del canal Telefides, que transmite desde 1990 con una planilla de 15 empleados y decenas de voluntarios.

No todas las emisoras excluidas son pequeñas. El lunes, se conoció también la posición del grupo Columbia, que aloja a cuatro emisoras, incluida una de las tres principales plataformas de periodismo radiofónico del país, de sólo 5,2 millones de habitantes, en un territorio equivalente a la décima parte de España. Columbia reportó que su modelo financiero ha sido sostenible hasta ahora, pero alejado de cualquier posibilidad de alcanzar las cifras requeridas en la subasta, por lo que sólo seguirá emitiendo mientras sigan pendientes objeciones legales que se han presentado contra el proceso licitatorio, incluidos recursos en el Tribunal Constitucional.

Los críticos reprochan que la licitación metió a todos los medios en la misma canasta, independientemente de su aporte social o cultural. Ni siquiera su origen geográfico, como recalcó el abogado y consultor Juan Manuel Campos, quien dijo conocer de primera mano que hubo interés de la cadena rusa estatal RT, que no concretó la oferta, posiblemente por falta de tiempo para cumplir requisitos legales. “Es grave haber llegado a esta situación en el país en un clima de animadversión contra los medios locales alimentada por un discurso desde el poder”, lamentó. El resultado práctico, señala, es el apagón sobre la mayoría de estaciones del modelo abierto que llega a todos, incluida la población sin capacidad de acceder a servicios de pago. Advertía, sin embargo, que ese cierre no será inmediato, pues hay procesos legales por resolver y la Sutel tampoco ha sido clara en los detalles.

El momento político es determinante, señala la historiadora y comunicóloga Patricia Vega, de la Universidad de Costa Rica (UCR) al advertir señales variadas de un deterioro de las bases de la democracia que ha caracterizado al país, aunque señala que la asignación de frecuencias no es una pugna nueva. “Desde los años 50, el país tuvo esa controversia, cuando se otorgó la de Canal 7”, apunta Vega. Los años pasaron y no se modernizaron el modelo de frecuencias ni los montos que debían pagar los medios por su uso. Este es uno de los elementos que desde 2023 señaló Chaves cuando expresó su intención de cambiar las condiciones, siempre mencionando como ejemplo a Canal 7. “Hubo problemas que no se arreglaron por años y se quieren resolver ahora, pero con el problema de que es un momento político delicado, con un Gobierno que toma una senda autoritaria”, agregó Vega como contexto.

Es lo que afirman también candidatos y partidos políticos opositores al Gobierno de Chaves, que hasta octubre gozaba un apoyo de 62% de la población, a tres meses de las elecciones del 1° de febrero y a seis de entregar el poder, en mayo. Su carta de continuidad, la candidata presidencial Laura Fernández, aventajada en las encuestas, también defiende la necesidad de evitar que “siga la fiesta con 71 años de explotación de las frecuencias por años, prácticamente gratis por empresarios que lucran con ellas haciendo millones”.