Chaves activa una tensión inédita con el Tribunal Electoral en el inicio crispado de la campaña

Costa Rica ya no es aquel país que llamaba “fiesta electoral” a las campañas para elegir a sus gobernantes, el que da por descartada la violencia entre adversarios y tampoco el que garantizaba al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un sitial blindado ante las acusaciones por parcialidad partidaria, al menos de parte de las figuras de poder más relevantes y ni qué decir desde la Presidencia de la República.

El primer mes de la campaña electoral para los comicios generales del 1° de febrero en una de las democracias mejor valoradas del continente ha dejado claro que hay calentamiento de las aguas políticas, como nunca había sentido los costarricenses nacidos después de la Guerra Civil de 1948. Críticas directas y descalificaciones inéditas se suman a decenas de denuncias de intromisión presidencial en la contienda y la petición para que la Asamblea Legislativa levante el fuero constitucional del mandatario y pueda ser procesado en sede electoral por actos ilegales que podrían costarle el cargo.

Ese ambiente tenso lo ha dejado claro el TSE con un sorpresivo mensaje público dirigido a Chaves al cumplirse el primer mes de la campaña. Lo pronunció la magistrada presidenta, Eugenia Zamora, con un tono severo y una primera afirmación casi gráfica del momento: “Comienzo por manifestarle que no me es grato expresarle estas palabras”. Luego llegó al contenido de fondo al pedirle a Chaves dejar de ser un protagonista de la campaña electoral y lo culpó de un grave pecado: “Está amenazando la paz y la estabilidad política del país”.

En el mensaje, publicado al cumplirse el primer mes desde que junto a Rodrigo Chaves presidió el acto oficial de convocatoria a elecciones, el 1 de octubre, Zamora agradeció que la Constitución Política no deja al mandatario destituirla y le reprochó las acusaciones sobre parcialidad y corrupción. Le recordó que en 2022, cuando ascendió al poder como abanderado de un movimiento adverso a la política tradicional, él elogiaba al mismo TSE que ahora acusa de cometer “la mayor afrenta constitucional desde 1948”, como dice él al calor de la campaña electoral en que se juega la continuidad de la “revolución pacífica” que se ufana de haber emprendido en contra de las instituciones ajenas al Poder Ejecutivo.

Hasta mitad del año, el TSE era quizás el único poder estatal ajeno al Gobierno central que había estado exento de las arremetidas del mandatario, pero bastó una resolución que ampliaba a espacios digitales la regla vigente de prohibición de propaganda gubernamental durante los procesos electorales. Eso reafirmaba la intención del Tribunal de garantizar el cumplimiento de la no intervención del Gobierno en favor o en contra de alguno de los partidos, sobre todo de la agrupación representada por la candidata presidencial Laura Fernández, ficha leal al mandatario y favorita en la carrera presidencial. Ella, sin embargo, recibe un porcentaje de intención de voto, que es la mitad de quienes se declaran indecisos y parece tener dificultades para atraer 63% de la población que apoya a Chaves, según una encuesta de octubre del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), otra de las instituciones que suele criticar el presidente.

Sin posibilidad de seguir aprovechando los espacios digitales, Chaves no tardó en colocarse como víctima de una “mordaza” de parte del TSE, que en varias ocasiones le ha pedido, sin éxito, abstenerse de referencias que puedan favorecer al movimiento oficialista influir en contra de alguno de los otros 19 partidos políticos opositores que compiten por colocar al sucesor de Chaves el 8 de mayo. Las denuncias de intromisión presidencial se acumularon y el Tribunal decidió, apenas en la primera semana desde la convocatoria electoral, acudir al Congreso para solicitar el desafuero de Chaves y poder procesarlo por “beligerancia política”. La decisión es objeto de fuertes polémicas entre los defensores del mandatario y sus detractores, e incluso entre grupos de estos que temen consecuencias políticas graves o incluso un mayor empoderamiento del oficialismo con efectos en el resultado electoral. “No excuso al presidente si ha incurrido en parcialidad política, pero aun en ese escenario, levantarle la inmunidad sería desproporcionado y dañino para el país”, escribió Carlos Arguedas, exmagistrado constitucional y exdiputado del opositor Partido Liberación Nacional (PLN).

En septiembre, Chaves ya había sorteado el primer intento en la historia del país por retirar la inmunidad de un jefe de Estado. Una votación mayoritaria, pero insuficiente, le permitió no ser procesado penalmente mientras ejerza el cargo por un caso de aparente corrupción a cargo de la Fiscalía General, otra de las instituciones que es objeto de escarnio presidencial. Algunos de los diputados opositores que votaron en favor de Chaves argumentaron que lo hacían para no dejarle el papel de mártir y darle más ventaja electoral al oficialismo.

Ahora, con la nueva solicitud de desafuero planteada por el TSE, hay más que coinciden con ese punto. El presidente ha demostrado capacidad de salir indemne en su imagen a pesar de numerosos cuestionamientos, acusaciones penales y problemas durante su gobierno, incluido el grave ascenso de homicidios por causa del aumento del narcotráfico. Quizás por eso se atreve ahora a abalanzar su discurso contra el Tribunal Electoral y Eugenia Zamora, señalándola como una operaria del PLN por haber ocupado un cargo en un Gobierno de ese partido hace casi 40 años. Ha dicho que ve posible la manipulación de resultados y que el Tribunal Electoral es parte del “Estado profundo” que defiende a las élites y desdeña al pueblo, al que él asegura haber despertado en este último cuatrienio, después de la “dictadura perfecta” que por décadas tuvo bajo engaño a la población, según él.

Por eso la apuesta por la continuidad del Gobierno actual, aunque Chaves debe entregar el mando en mayo, al menos en lo formal. Laura Fernández, cuyo programa de políticas se llama “Más oportunidades, un mismo rumbo”, ha mencionado su intención de nombrarlo como ministro de la Presidencia, lo cual mantendría vigente su poder. “Espero que pase pronto el tiempo para que pueda volver él. No confío mucho en esta mujer, pero es la manera de mantenerlo ahí arriba”, dijo Danilo C., un albañil de 55 años que este lunes en San José portaba en su auto la bandera del partido oficialista. La ley obliga a que un presidente al dejar su cargo esté ocho años fuera de otros puestos de elección popular, con lo cual Chaves debería esperar a las elecciones del 2034, pero entre algunos de sus seguidores persiste la esperanza en alguna reforma legal pronta si el oficialismo logra en febrero su deseo de acceder a la mayoría calificada del total de 57 escaños legislativos.

Mientras tanto, la campaña avanza entre la incertidumbre y el protagonismo innegable de Chaves, con el conflicto abierto entre este y autoridades del Poder Judicial, donde se procesan decenas de investigaciones penales por presunta corrupción. El presidente ha dicho que es víctima de un intento de “golpe de Estado judicial” y llama a cambiar las cosas con los votos en febrero. El impulso oficialista favorece a Fernández, pero con un 55% de indecisos la moneda sigue en el aire y da pie a una competencia entre otras candidaturas para luchar por un segundo lugar que permita entrar en una eventual segunda ronda, en caso de que la aspirante oficialista no alcance el 40% de los votos válidos. El tradicional PLN aparece en segundo lugar, con el Frente Amplio (FA) de la izquierda y el Partido Acción Ciudadana (PAC, que gobernó entre 2014 y 2022) entre otras opciones más visibles, aunque todos estos con porcentajes inferiores a 7 puntos.