Un exalcalde del PSOE admite su implicación en la trama corrupta Púnica

José María Fraile, exalcalde de Parla (Madrid) por el PSOE, ha admitido su implicación en la trama Púnica, la red de corrupción impulsada por el empresario David Marjaliza gracias a los contactos que tejió en la Comunidad de Madrid a través de Francisco Granados (PP), quien fuera consejero de Esperanza Aguirre, expresidenta autonómica. Durante la primera sesión del juicio que arrancó este lunes en la Audiencia Nacional, centrado en el supuesto amaño de contratos públicos a favor de la compañía de eficiencia energética Cofely, los abogados de 13 procesados (de un total de 36 personas que se sientan en el banquillo) han anunciado que reconocen las irregularidades descritas por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación. Entre los confesos también se encuentra Antonio Sánchez, exregidor de Serranillos del Valle (Madrid) bajo las siglas del partido localista UDMA.

Con ese movimiento, estos 13 acusados buscan una rebaja de las penas reclamadas por el ministerio público. Las defensas de otros tres procesados han avanzado que mantienen actualmente conversaciones con la Fiscalía para ver si se suman a ese listado de confesos en los próximos días —entre ellos hay dos exalcaldes del PP: Gonzalo Cubas y Carlos Alberto Estrada, exregidores de Torrejón de Velasco y de Moraleja de Enmedio, respectivamente—. Sin embargo, otros cinco exalcaldes populares han rechazado pactar con Anticorrupción: José Carlos Boza, que fue máxima autoridad de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Daniel Ortiz, de Móstoles; Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva; y José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).

El caso Púnica es una compleja maraña con múltiples líneas de investigación. La Audiencia Nacional enjuicia ahora la parte centrada en la presunta trama urdida en varios ayuntamientos del país para conceder adjudicaciones irregulares a Cofely. Marjaliza, que lleva años colaborando con la justicia y que también ha reconocido este lunes las irregularidades, se aprovechó de su relación de amistad con Granados para extender desde el año 2000 una “red de influencias” con “alcaldes, ediles y concejales de determinados” municipios. El juez instructor concluyó que Cofely contrató a Marjaliza como “asesor comercial”, a sabiendas de que iba a tirar de esa red de contactos para asegurarse adjudicaciones (la mayoría otorgadas en la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2014) a cambio del pago de comisiones ilegales y de dádivas.

Este se considera el mayor pelotazo de la trama, ya que las adjudicaciones sospechosas superan los 224 millones de euros. En su escrito de acusación, la Fiscalía destacó que las mayores mordidas se produjeron en los ayuntamientos de Parla (133.000 habitantes) y Móstoles (214.000), donde la trama se vio obligada a regatear el importe de las mismas y fraccionar las entregas por sus elevadas cuantías. Por ello, Anticorrupción reclamó 11 años de cárcel para el exdirigente socialista José María Fraile, al que atribuyó delitos de prevaricación, cohecho, revelación de información reservada, tráfico de influencias y fraude por el amaño de un contrato de 54,6 millones de euros. Tras admitir los hechos y poner a disposición del tribunal más de medio millón de euros para afrontar indemnizaciones, el exregidor del PSOE aspira a que el ministerio público rebaje su petición de penas.

Según la Fiscalía, “los precios de las dádivas se desorbitaron” en Parla. En este municipio se llegó a “comprometer” el pago de comisiones por “una cantidad aproximada de 600.000 euros” que, posteriormente, se rebajó a 500.000 euros fraccionados en entregas mensuales de 50.000 euros. Anticorrupción apuntó que el alcalde y su jefe de gabinete, el fallecido Antonio Borrego, eran los destinatarios de ese dinero. Tras el acuerdo, ambos se encargaron supuestamente de presionar a los técnicos municipales que debían elaborar el pliego de condiciones del concurso para que incluyeran las exigencias de Cofely. De esta forma, la licitación se convirtió en un “traje a medida” y “una pantomima”. Fue la única empresa que se presentó.

En su escrito de acusación, el propio PSOE, personado como acusación popular en el juicio, pidió para Fraile, que gobernó Parla de 2008 a 2014, una pena de casi 20 años de cárcel.