El juez Peinado cita al presidente de Telefónica a otra ronda de interrogatorios del ‘caso Begoña Gómez’

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez desde hace un año, ha impulsado una nueva ronda de interrogatorios. El juez, que acaba de rechazar poner fin a sus pesquisas y las ha ampliado medio año más, ha decidido citar en mayo a siete nuevos testigos para tomarles declaración: entre ellos, a Marc Murtra, actual presidente de Telefónica y expresidente de Indra; a Fernando Abril-Martorell, expresidente de Indra; a Miguel Escassi, director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España —a quienes las acusaciones populares, especialmente Hazte Oír, han señalado como afín al PSOE—; y a Rosauro Varo, miembro del consejo asesor de Telefónica y exvicepresidente de PRISA, grupo editor de EL PAÍS.

A través de una escueta resolución de una página —donde se argumenta esta iniciativa con esta única frase: “Visto el estado de las presentes actuaciones, se acuerda la práctica de las siguientes diligencias”—, Peinado amplía el foco de sus indagaciones y fija las siguientes comparecencias: el 14 de mayo, a partir de las 10.30, llama a declarar a Miguel Escassi; a Rosauro Varo; a Luis Abril, consejero de Indra y alto directivo de Minsait (filial de Indra); y a Miguel Rodríguez, de Google. El magistrado seguirá la ronda el 28 de mayo con Fernando Abril-Martorell; Marc Murtra; y Manuel Ausaverri, directivo de Indra.

Aunque el juez no detalla los motivos que respaldan esta última decisión, con estas citaciones ahonda en la línea de investigación abierta sobre la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, dirigió una cátedra. Las acusaciones han puesto el punto de mira en un software que desarrolló desde el centro docente, para el que se contó con ayuda económica de empresas como Google e Indra.

Precisamente, la pasada semana, el magistrado tomó declaración a otros tres ex altos cargos de estas dos empresas: Ignacio Mataix, quien fuera consejero delegado de Indra; Cristina Ruiz, ex consejera delegada de Minsait; y Fuencisla Clemares, exdirectora de Google en España. Pero sus citaciones resultaron infructuosas. Ninguno describió ningún tipo de irregularidad. En ese sentido, según fuentes jurídicas presentes en estos interrogatorios, Clemares apuntó que estaba al tanto de dicho convenio de colaboración con la UCM, que su compañía consideró conveniente apoyar el software porque estaba en línea con los objetivos promovidos por la empresa, pero que ella no conocía todos los detalles. Por su parte, Mataix y Ruiz dijeron que no conocían el proyecto porque no entraba dentro de sus funciones.

Tras estas tres comparecencias, las acusaciones populares pidieron al juez emprender una nueva ronda de interrogatorios. En un escrito, fechado el pasado viernes, solicitaron que se citara a las “personas” de estas compañías “que conocían y ejecutaban de forma directa los trabajos y la actividad” relacionada con la cátedra.

Cita con Bolaños

Como publicó EL PAÍS, el juez no tiene la intención de finiquitar la causa a corto plazo. A principios de mes, la amplió medio año y vaticinó que se ordenarían nuevas indagaciones, más allá de las que ya había acordado. De hecho, el magistrado prevé interrogar la próxima semana a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El juez quiere preguntarle por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, a la que también mantiene imputada. Peinado abrió una nueva línea de investigación por un delito de malversación después de interrogar a Álvarez sobre las labores que desempeña para la esposa de Sánchez.

De todas formas, aún está por ver si la cita con el ministro se produce en La Moncloa —donde Bolaños tiene su despacho de Presidencia y donde ha pedido que se desarrolle—, porque el instructor emitió una resolución para mostrar sus recelos sobre acudir al complejo presidencial. Según alegó Peinado, cuando fue allí el pasado verano a interrogar a Sánchez, los servicios de seguridad retuvieron su coche en el acceso un “tiempo sensiblemente superior al necesario”.