Matar el hambre con lo que otros desechan

Pablo Ruiz vive en la calle desde hace cuatro años. No quiere comer de lo que otros dejan, pero prefiere hacerlo antes que rebuscar en la basura. Espera agazapado a las puertas de un restaurante en la localidad madrileña de Alcorcón escrutando a los comensales. Aguarda a que algún cliente se levante de la mesa para echar mano a los alimentos que apenas han sido tocados. La suerte le sonríe esa noche. Ha cogido una caja de patatas fritas prácticamente sin tocar.

—¿Por qué la gente pide algo que no se va a comer?

Este madrileño, de 41 años, se ha hecho esa pregunta durante el tiempo que lleva viviendo en la calle, justo después de perder el trabajo. Con los dedos cubiertos de salsa asegura tener una respuesta: “La gente no sabe lo que es el hambre”. Aunque España no figura entre los países con hambre aguda, la inseguridad alimentaria afecta al 13,3% de los hogares, lo que equivale a unos 6,2 millones de personas, según los datos de 2024 de Cruz Roja. La falta de acceso regular y suficiente a alimentos nutritivos perjudica especialmente a zonas urbanas con desigualdad creciente, según el Programa Mundial de Alimentos (WFP) que advierte de que en 2025 persiste la crisis alimentaria a escala mundial.

En la esquina de un local en alquiler Pablo Ruiz ha acomodado un sillón reclinable y una cama destartalada rescatada de la basura. De lunes a viernes sigue una rutina que le permite comer en espacios comunitarios. A la hora del desayuno acude a la Fundación Amás, a 20 minutos caminando, para tomar café, un pincho de tortilla de patata y un panecillo. “Aquí no me miran mal. Me dan comida y me reciben con una sonrisa”, relata. Para el almuerzo, toma el metro hasta llegar un comedor social abierto de doce y media a dos de la tarde. Un hombre con delantal le entrega algunos alimentos que Ruiz guarda en una bolsa de tela.

Los fines de semana la rutina se altera: los comedores están cerrados. Es entonces cuando le toca “buscarse la vida”. Emprende un periplo por los pocos supermercados y tiendas de barrio que abren en domingo. La seguridad de un plato caliente se desvanece. Su menú depende en buena medida de lo que los clientes de bares y restaurantes dejen sobre la mesa. Una lotería que se traduce en comer o verse obligado al ayuno.

El día a día de Ruiz lo viven muchas otras personas en España. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala que en 2023 más de 1,4 millones de personas recibieron ayuda a través de comedores comunitarios y bancos de alimentos. La demanda ha aumentado desde la pandemia de 2020 y también por el encarecimiento de los productos. En ciudades como Madrid, algunos comedores sociales atienden a más de 300 personas al día y están saturados.

Falta una hora para que sean repartidos los menús en un comedor ubicado en el centro de la capital y dos hombres ya están esperando. “¡Último!”, exclaman las personas que van llegando para marcar su lugar en la fila. Un hombre extranjero se sienta en la acera. Hace una semana llegó a Madrid, pero cuenta que tres personas le robaron todo lo que tenía: 300 euros, el pasaporte, el teléfono móvil y la maleta. Muestra la denuncia que presentó ante la Policía. En la calle, alguien le habló de estos lugares donde reparten comida gratis. Es su primer día en la cola y aguarda la cena. Un voluntario reparte papeletas con números. Tiene 125. Si se completa el cupo lo más probable es que alguien se quede sin comida.

En la Gran Vía madrileña, varias personas duermen entre cartones y viejos colchones. Un hombre lleva un carrito de supermercado lleno de trastos y ropa vieja. Se acerca a los contenedores y rebusca algo de comer. Mientras tanto, una mujer sigue la misma táctica de Ruiz: sale corriendo de un Burger King con una bolsa que alguien dejó en una mesa.

Muchas personas se ven obligadas a buscarse la vida en la calle. Los comedores sociales están saturados. María Santos, responsable del programa de Personas sin Hogar en Cáritas España, afirma que en 2024 la organización atendió a 42.850 personas sin techo. Considera que el principal problema no es la escasez de alimentos sino las dificultades de la gente para desplazarse hasta los comedores sociales y bancos de alimentos. “Las entidades sociales podemos apoyar, pero quienes deben garantizar el acceso a una alimentación saludable, a una vivienda, a la salud, a la educación, son las Administraciones Públicas”. Su compañera María Jesús Martínez, responsable del derecho a la alimentación, explica por teléfono que, a veces, los productos que les donan los supermercados no son aptos para el consumo: “Queremos que las empresas brinden ayudas económicas que permitan a quienes están en situación precaria hacer la compra en condiciones dignas”. Para Pablo Ruiz es un sueño lejano.