La España despoblada acentúa su declive: “Parece que si te quedas en el pueblo no has hecho nada en la vida”

Algo antes de las once de la mañana, la furgoneta de la panadería de Castromil avisa de su paso por la ZA-106 —que en otra vida fue un tramo de la N-525— a la altura del municipio de Lubián a golpe de bocinazos. Algunos vecinos comentan cómo las fiestas les complicaron el sueño. Zianny Mora tampoco ha dormido. Ha estado horneando el pan que ahora abarrota, ordenado en sus cestas, la parte trasera de la Renault Trafic que conduce su marido. “¿Qué te pongo, guapa? ¿Cocidas o blanquitas?”, despacha. El matrimonio se trasladó el año pasado del municipio oscense de Fraga a Castromil, que no llega a los 90 habitantes, en la Alta Sanabria zamorana, y en enero cogió el relevo del negocio. En verano apenas miran el reloj. Los pueblos se llenan de nuevo y las ventas ayudan a guardar para los meses en los que el frío vuelve a esta esquina de la provincia que más se despuebla.

El demográfico también es un relato de dos Españas: la vaciada y la hacinada, un fenómeno que comenzó hace más de 60 años, cuando al calor del desarrollismo millones de personas tuvieron que hacer las maletas para buscar pastos más verdes en campos de asfalto. La dictadura giró el timón y acabó con la ruralización de la posguerra y la autarquía, apuntaló la desagrarización y lo apostó todo a una industria hambrienta de mano de obra y a las actividades terciarias. “El primer cambio de nuestra economía fue muy unido al sector servicios y a un turismo que hemos venido arrastrando prácticamente hasta ahora”, cuenta por teléfono desde Soria Mercedes Molina, catedrática emérita de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid. Se impuso un modelo de crecimiento intensivo a corto plazo que se sustentó sobre la concentración, principalmente de la inversión, en la gran ciudad.

Y de aquellos barros estos lodos. El 84% de la población se apretuja en el 16% del territorio y los municipios rurales (de menos de 30.000 habitantes) tienen una densidad media de 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado, no muy por encima de los 12,5 con los que la UE identifica el riesgo de despoblación. Teruel o Soria todavía tienen cifras más bajas. Zamora ha perdido casi el 19% de sus vecinos en el último cuarto de siglo, según datos del INE; Palencia, Ourense y León, más del 11%.

En algunos pueblos más pequeños y alejados, la sangría es mayor. Hermisende, municipio al que pertenece Castromil, ha perdido más de la mitad, y los ayuntamientos cercanos se mueven entre el 25% de Lubián y el 62% de Pías. “Si seguimos bajando, lo poco que hay se va a perder”, dice Jesús González, alcalde del pueblo en el que hay 216 empadronados, divididos en cinco núcleos. “Aquí, básicamente, la gente ahora vive de algo de apicultura, algo de ganadería, y la mayoría trabajamos para terceros, pero en la zona. En construcción, en eólica, en mantenimiento de AVE, de autovías…”. Casi siete de cada diez vecinos del municipio trabajan en servicios, una proporción que se repite en las zonas predominantemente rurales, según Eurostat.

El campo nunca emprendió el camino de vuelta al sector primario. “La actividad agraria y ganadera ha dejado de ser la principal, aunque en términos de renta se han capitalizado”, señala Luis Antonio Sáez, doctor en Economía y director del Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (Ceddar). “Socialmente todavía está bastante denostado”, reflexiona Ángeles Santos, agroganadera de la comarca zamorana de Sayago y parte de la ejecutiva nacional de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). “Parece que si te quedas en el pueblo, y en ese sector en concreto, pues no has hecho nada importante en la vida y, sin embargo, si te vas al sector terciario y a la ciudad, ahí tienes el éxito asegurado”. El sector, dice, necesita incorporar unos 20.000 jóvenes anuales, pero no es fácil para una actividad en la que apenas hay horarios y sí barreras de entrada considerables.

El análisis frío de las estadísticas deja entrever un panorama gris, en el que algunos de los chivatos con los que la economía suele medir la bonanza salen mal parados. Las zonas predominantemente rurales son responsables del 2,39% del PIB y del 2,47% del empleo, y cerca del 30% de su población tiene más de 65 años. Las nóminas también acusan la diferencia: mientras la renta bruta media en los municipios de más de medio millón de habitantes estaba en 2022 cerca de los 39.000 euros, en aquellos entre 1.000 y 5.000, la menor dimensión contemplada por el INE, no llega a los 23.600. La diferencia del VAB por trabajador, que mide la productividad, sin embargo, no es tan pronunciada, y las zonas urbanas registran un valor un 4% superior a las rurales, acorde con Eurostat.

Son territorios, en palabras de Andrés Rodríguez-Pose, catedrático Princesa de Asturias y de Geografía Económica de la London School of Economics, marginales y vulnerables. Muchas zonas muestran síntomas de exclusión social ligados a áreas en declive, pero también los hay en las grandes ciudades. Las mayores desigualdades son intraterritoriales y no interterritoriales, cuenta, pero estas últimas son las que ahora están generando ciertas reacciones sociales. Esto, sin embargo, no quiere decir que sean necesariamente más pobres, una valoración en la que entran en juego aspectos como un menor denominador en el cálculo de la renta per capita, la dependencia y remuneración del empleo público o las transferencias del sistema de pensiones. “El problema de riqueza existe, pero no es el principal”, apunta el experto. “El principal problema es la falta de oportunidades. Si no hay oportunidades, se pierde capital humano. Y es la pescadilla que se muerde la cola”.

A pesar de los esfuerzos, hay cierta consciencia de que revertir la despoblación va a ser prácticamente imposible en algunos lugares. “Lo que sí es problemático es que no haya dinamismo en los núcleos articuladores de estas zonas”, dice Rodríguez-Pose sobre ciudades como Zamora, Cáceres o Salamanca. Luisa Alamá, directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad Jaume I y de la cátedra Avant, resalta el papel de los territorios semiurbanos: “Es fundamental como elemento vertebrador”, dice. Javier Ferri, catedrático de la Universidad de Valencia e investigador de Fedea, propone convertirlos en destino vacacional y que el turismo sirva de palanca para la conservación y el desarrollo: “Pero cuando hablo de desarrollo no me refiero a que la gente vuelva allí a vivir masivamente, que no va a suceder”.

Retos y carencias

A las seis de la tarde de un día de verano todavía hace calor. Pocos se aventuran por las calles de Hermisende, núcleo que da nombre al municipio y que Vanesa Cortegoso y su familia eligieron como hogar hace un año. “Cuando empezamos con impresión 3D y grabado láser, dijimos: ‘Lo único que necesitamos es buena conexión y que venga Correos”, cuenta. Cambiaron una localidad de 7.000 habitantes en Zaragoza por otra cien veces menor más cerca de Galicia, su tierra natal, a la que quería acercarse. Su pequeña empresa, que su marido compagina con la conducción de un taxi y ella con la ruta escolar en invierno, va funcionando, dice en el salón de su casa, un piso propiedad del Ayuntamiento y por el que pagan un alquiler. Quieren comprar una casa, pero no está siendo fácil: “Aquí no hay para alquilar. Y en venta por ahora tampoco”, dice la mujer de 35 años. El acceso a la vivienda también es un problema en la España despoblada, donde abundan segundas residencias, casas muy deterioradas o en manos de múltiples herederos. “Nos pasa igual que en las ciudades, no hay vivienda, y eso es un problema para gente que quiera venir a vivir”, asegura Lucía Sevilla, gerente de la asociación turolense para el desarrollo local Adri Jiloca Gallocanta. “No llegan más familias por falta de vivienda”, coincide González.

“Oportunidades en el medio rural siempre las hay, lo que pasa es que hay que saber identificarlas y diferenciarse. Y también te lo tienes que currar, no solo por estar en el medio rural te tienen que apoyar”, cuenta Sergio Martínez, fundador, gerente y, dice animado al teléfono, “chico de los recados” de El Molino Audiovisual. La productora nació en 2012 para concurrir a la licitación de la televisión pública de Calamocha, un municipio de menos de 5.000 habitantes en Teruel, y ha ido evolucionando hasta cubrir también actividades en torno al streaming. “Sí, sí se puede prosperar, siempre y cuando sepas cuáles son tus limitaciones y puedas actuar acorde”, señala Susana Marco, que se mudó junto a su familia desde Cataluña a Poyo del Cid, en la misma provincia y con menos de 200 habitantes, en 2018. Se llevó consigo Nishima, su empresa de cosmética natural, y con el tiempo trasladó también la producción. “Montar el laboratorio no es tan caro como en Barcelona. Allí no hubiéramos podido, y más habiendo llegado en la pandemia”, asegura. Para Martínez, de 35 años, operar en el entorno rural no supone un gran agravio comparativo para su negocio, con seis empleados, pero sí conlleva aparejados determinados desafíos: “Hay veces que quieres llevar adelante una producción y a lo mejor no hay personal”.

Con un tejido empresarial marcado por la baja densidad de población y el envejecimiento, este también es el principal reto para las empresas sorianas. “La mayoría de los trabajadores afiliados tienen más de 45 años y uno de cada cuatro ya supera los 55”, señala por correo electrónico María Ángeles Fernández, directora general de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas. “Hay trabajo, pero no hay trabajadores. Nuestras empresas quieren y podrían crecer, pero no pueden”, añade sobre un fenómeno en el que también influyen variables como las condiciones y aspiraciones laborales. En Soria —con una situación similar en otros territorios despoblados— la mayoría de las empresas tienen menos de dos asalariados, son “negocios pequeños y familiares, básicamente microempresas y autónomos”. En Zamora, la provincia con mayor proporción, los trabajadores por cuenta propia suponen el 26% de los afiliados. “O eres autónomo o tienes un problema. No tienes otro mecanismo de introducirte en el mercado laboral”, indica Eduardo Abad, presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA).

En torno a ellos se está formando una tormenta perfecta que descargará, dice Abad, un cataclismo económico: “Tenemos un problema, ya básicamente encima, que se llama falta de relevo generacional”. Los baby boomers se van jubilando y sus negocios, muchos rentables, bajarán la persiana. “Soy del pueblo y no quería que se quedara sin servicio”, explica José Antonio Montesinos, de 55 años, la mañana de un viernes de agosto en el súper que lleva su nombre en Lubián, donde hay empadronadas unas 170 personas. Él tomó el testigo de la anterior dueña, que había hecho lo propio tras la jubilación de sus predecesores, hace tres años. “La verdad que va bastante bien. El Ayuntamiento ha ayudado mucho, porque hay un comedor social que compra todo aquí, y quieras que no…, porque los meses de invierno somos cuatro gatos”, dice. Y confía en que cuando abran la residencia de mayores que se está construyendo, también cuenten con su negocio.

Para Sáez, director de Ceddar, esta falta de continuidad de las pymes en el ámbito rural es uno de los problemas más importantes. Habla de casos como el de un joven que a pesar de no tener ingresos muy boyantes en Madrid no quiere hacerse cargo de la fábrica familiar de muebles o de una farmacéutica que no quiere heredar la botica rural de su madre. “El trabajo tiene un algoritmo que se compone de otras variables, que muchas veces es la reputación, que viene del propio desempeño o de dónde lo estoy llevando a cabo”, asegura. “Creo que el concepto de panadero, la fama que tiene, es como muy baja, de ‘ay, el panadero solo hace pan, pobrecito”, dice Mora, que tiene 21 años y es de Costa Rica, en la plaza de Lubián, uno de los 15 pueblos en los que reparte y que, como otros, se quedó sin panadería. “Se gana muy bien. Y más si sabes hacerlo”.

La gente que emigra a las ciudades, dice Ferri, investigador de Fedea, no busca solo mejoras productivas o laborales. “Les gusta relacionarse con gente, salir a la calle, pasear por Gran Vía o Las Ramblas, ver el ambiente, meterse en un bar, hablar con amigos e irse al teatro luego… Y eso no lo va a encontrar en el pueblo”, aprecia. En la zona de Hermisende, señala su alcalde, trabajo hay: “A degüello, como se dice aquí”. Al preguntarle por qué entonces poca gente apuesta por vivir allí y qué falta, responde con pocas palabras: “No hay aceras ni centros comerciales”.

En algunos lugares tampoco hay escuela o centro de salud. En un círculo vicioso, la población se reduce y los servicios públicos se resienten; los servicios públicos se resienten y la población se reduce. Los hijos de Cortegoso, que van a hacer nueve y cuatro años, van al colegio a Lubián porque en Hermisende no hay. “El mayor ha mejorado muchísimo, porque al ser 12 niños es como si tuviera una personalización”, cuenta. En ir de un pueblo al otro, un camino que también hay que hacer para ir al médico, se tardan unos 20 minutos en coche y en verano. “Cuando tienes un especialista o algo te mandan a Zamora; son dos horas”, explica.

“Tenemos el 4G, pero del teléfono. Y a veces ni eso”, comenta Mora. “A veces yo estoy horas sin cobertura”. En 2024, el 96,4% de los hogares urbanos contaban con cobertura de banda ancha fija de 100Mbps, un porcentaje que cae hasta el 87,8% en los rurales, según el Ministerio de Transición Digital. En algunos municipios, sin embargo, no llega ni al 25%. Se ha reducido, pero la brecha sigue ahí. “Esto ha evolucionado mucho y la pandemia, en ese aspecto, ha ayudado para bien”, apunta Martínez. “Hay pueblos que están muy bien y pueblos que necesitan mejorar”. Susana Marco, fundadora de Nishima, de 49 años, va más allá de internet: “Aquí hay precariedad en el tema de los servicios y eso se nota”.

La España abandonada

La España despoblada se siente abandonada, prescindible. “La sensación es que estamos todo el rato luchando por la sanidad, por la educación, por tener internet… No sé cuál es el secreto para que haya más relevo generacional, pero desde luego tener unas condiciones de vida dignas es muy importante”, reclama la agroganadera Santos. Las palabras de González filtran el mismo cansancio. “Nos tienen de lado en muchas cosas. Ya ve que está entrando el monte en los pueblos. Y ese marrón nos lo han dejado a los Ayuntamientos”, dice. “Están destrozando los montes porque no saben gestionarlos. Viene un incendio y arrasa con todo”. Unos días después de esta entrevista, el regidor fue uno de los vecinos de Castromil que se quedó en el pueblo para intentar frenar el fuego que embestía desde Ourense en el peor episodio de incendios en las últimas décadas.

El coste de la despoblación es económico, social y también político. Ese sentimiento de abandono genera una reacción en lo que Rodríguez-Pose llama “los lugares que no importan” que se está filtrando a las urnas. “Se están dando cuenta de que la forma en que pueden importar, influir en todo el proceso, es a través del voto”, dice. “Y el voto de protesta, que se da de muchas formas, a partidos antisistema, partidos extremos, sobre todo en el caso de las zonas más rurales, de extrema derecha, pero también a partidos de corte nacionalista, regionalista, cantonalista, está creciendo en muchas partes de Europa, del mundo”.

Ayudas

Bruselas lleva años canalizando fondos estructurales o temporales para intentar atajar, de manera directa o indirecta, la despoblación, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los Next Generation o el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, dentro del que está el programa Leader. “La estrategia de desarrollo se plantea desde el territorio”, asegura Lucía Sevilla, gerente de Adri Jiloca y Gallocanta, asociación que gestiona estas ayudas, a las que accedieron Nishima y El Molino Audiovisual. “Vamos directamente a cubrir las necesidades que hay en cada una de nuestras zonas”, añade. Además de ayudas directas, que en ocasiones no llegan a los beneficiarios potenciales por falta de información, procesos engorrosos o plazos de reembolso largos, también existen incentivos fiscales, como deducciones en el IRPF o en los costes de contratación. “Generalmente, la evidencia muestra que las políticas para intentar frenar esto con muchos incentivos fiscales o promoción de la natalidad, etcétera, no son demasiado eficientes. Si no tienes opciones para desarrollar una vida en el pueblo, probablemente te marches, por mucho que te quiten el 20% del IRPF”, dice Toni Roldán, director del Centro de Políticas Económicas de Esade.

Financiación autonómica y municipal son, para Diego Loras, doctor en Economía e investigador de Future Policy Lab, dos elementos importantes a la hora de abordar la despoblación. “Las grandes ciudades tienen presupuestos muy holgados”, señala. En el caso de los pequeños, la mayoría se destina básicamente a gastos corrientes. “Queda muy poco margen para proyectos de inversión, que serían los que podrían dinamizar el municipio”, sentencia. Unos escalones más arriba, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está trabajando en la actualización de la estrategia contra la despoblación. Loras cree que apuntará a los objetivos correctos: “El riesgo es que se quede en declaraciones de intenciones”.

Contra cerdos, plantas de biogás y molinos

Hay rincones del país con más cerdos que personas, montes coronados por molinos más altos que los que el Quijote confundía con gigantes, mantos ondulados de placas solares y zonas donde empiezan a proliferar plantas de biometano. Y también vecinos que se movilizan contra estas instalaciones. “Es un proyecto depredador”, defiende Raúl Sevilla, integrante de la asociación Pueblos Vivos Cuenca, en alusión al uso de recursos hídricos, residuos y olores que acompañan a las macrogranjas. Este término no está definido legalmente y no hay un número oficial. Sin embargo, las 4.700 (2.500 en Cataluña y Aragón) que constan en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, en el que deben inscribirse las explotaciones que pasan de cierto número de animales, como de 2.000 cerdos y 750 cerdas reproductoras, pueden dar una idea.

“No aportan al territorio, al contrario, lo esquilman”, cuenta la ganadera sayaguesa Ángeles Santos, que gestiona una granja con 170 hectáreas de tierra de cultivo, 200 de pastoreo y unas 1.000 ovejas. El porcino es un sector fuerte en España, con una aportación al PIB del 1,4% que, defiende la patronal interprofesional Interporc por correo electrónico, “contribuye de forma decisiva a fijar población, generar empleo y mantener servicios”. Como ejemplo ponen el municipio zaragozano de Zuera, con 17.500 cabezas de ganado porcino y 8.700 habitantes, unos 3.000 más que en 1996, y el turolense La Mata de los Olmos, con 10.700 cerdos y una población, hoy de 276, que se ha mantenido más o menos igual. En la otra esquina, Sevilla habla del albaceteño Balsa de Ves, que acoge una explotación con 2.950 cerdas

—de la que salen 100.000 lechones al año e incluye una planta de biogás— y que ha perdido casi la mitad de su población, hasta los 124 habitantes, desde su instalación en 2006.

Las plantas de biogás, que producen este combustible a partir de purines y otros residuos orgánicos, y ligadas a olores, contaminación y tránsito continúo de vehículos, han abierto un nuevo frente en los territorios despoblados. “Es otro ejemplo de cómo se está tratando a las zonas rurales como zonas de sacrificio”, asegura Sevilla. Luisa Alamá, directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de la Universidad Jaume I, habla de la necesidad de adaptar las actividades económicas al tipo de territorio. “No vale todo”, defiende. “Estos municipios hay que cuidarlos”. En los montes de Sanabria, los molinos eólicos comparten paisaje con carballos y piorno. “Me preocupa muchísimo la transformación energética que estamos viviendo”, dice Mercedes Molina, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. “Muchos territorios se alzan como abastecedores de energía para otros territorios de gran demanda, sin que de verdad se deje en ellos un verdadero impacto económico y una transformación económica a través de esa energía”, añade.

España es un país vulnerable al cambio climático, pero no lo es menos a la transición ecológica, el proceso diseñado para frenarlo y que en ocasiones se ha vendido como una oportunidad. “Donde las ventajas van a ser más altas va a ser en Madrid. Porque gran parte de la capacidad de investigación, de inversión, se va a realizar en Madrid”, asegura Andrés Rodríguez-Pose, catedrático Princesa de Asturias y catedrático de la London School of Economics.

Impacto limitado

Las instalaciones eólicas tienen un efecto local limitado; la fabricación es principalmente extranjera, no se suele recurrir a mano de obra local para la instalación de los parques y una vez establecidos no suelen generar muchos nuevos empleos. El principal impacto, apunta el experto, viene ligado al pago, a mancomunidades o particulares, por el uso del suelo. Jesús González es alcalde de Hermisende, en la comarca zamorana de la Alta Sanabria, trabaja en el mantenimiento de aerogeneradores, un sector que en su opinión sí ofrece oportunidades. Reflexiona unos segundos antes de abordar el posible impacto en la despoblación: “Vamos a ver, no hemos sabido, no estamos sabiendo, reinvertir lo que generan los eólicos en los pueblos”, dice. “Ahora mismo hay 50 personas trabajando más o menos en la eólica. De esas 50, es una pena que 25 se marchen a dormir a Verín todas las noches. ¿Y por qué se van a dormir a Verín todas las noches? Porque aquí no hemos hecho las cosas bien”.

Los beneficios económicos de la transición ecológica, asevera Rodríguez-Pose, estarán principalmente ligados a la innovación: “Que no se va a generar desgraciadamente en la Alta Sanabria, no se va a generar desgraciadamente en toda Castilla y León. No se va a generar desgraciadamente en España”, sentencia.