Dos acuerdos que pueden cambiar el destino del océano y el nuestro

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“Los seres humanos somos criaturas marinas, dependemos del océano tanto como las ballenas, los arenques o los arrecifes de coral”

Sylvia A. Earle

Más del 70% de la superficie del planeta se encuentra cubierta por el océano, un vasto ecosistema del que depende nuestra propia existencia al producir la mitad del oxígeno que respiramos y albergar en sus aguas enormes reservorios de biodiversidad, aun sin explorar. Paradójicamente, a pesar de su importancia, enfrenta amenazas continuas que comprometen su futuro y, en consecuencia, el nuestro.

En América Latina y el Caribe, el océano es parte esencial de nuestra identidad, cultura y economía. Millones de personas precisan de sus recursos para su sustento y bienestar. Por ello, celebramos dos logros históricos recientes fruto de la diplomacia, el multilateralismo y de casi dos décadas de negociaciones: el Tratado de Alta Mar (Acuerdo BBNJ, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca. Ambos hitos, alcanzados en foros distintos, marcan un punto de inflexión en la gobernanza y gestión sostenible de los recursos marinos, con especial relevancia para nuestra región.

El Tratado de Alta Mar, que entrará en vigor el 17 de enero de 2026, es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante que establece reglas comunes y una gobernanza multilateral para las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Este instrumento constituye una apuesta por la justicia oceánica, ya que, aunque la región cuenta con vastas áreas marinas, carece de los medios tecnológicos y científicos necesarios para explorarlas en profundidad. El Tratado busca promover la cooperación internacional, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de las capacidades locales.

Asimismo, los países de la región que ya forman parte de él —Chile, Cuba, Panamá, Costa Rica, México, Uruguay y Honduras— han promovido el reconocimiento de áreas marinas de gran valor ecológico en el continente, como el Domo Térmico del Pacífico oriental - cerca de Centroamérica -, y las Dorsales de Salas y Gómez y Nazca, una cordillera de montes submarinos que atraviesa los mares de Perú y Chile, donde recientemente una expedición científica descubrió corales milenarios y al menos veinte posibles nuevas especies.

Además, el Tratado de Alta Mar plantea reglas claras para evitar que las grandes potencias monopolicen los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, un campo con enorme potencia biotecnológica. Con ello se abre la posibilidad de que América Latina y el Caribe se convierta en un actor relevante en la conservación y el uso sostenible de los recursos de alta mar con base en el conocimiento científico y la cooperación internacional.

El otro gran hito es la entrada en vigor del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ocurrió el pasado 15 de septiembre. Al momento, Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay han aceptado ser parte de este acuerdo, que constituye el primer tratado multilateral con un enfoque explícito en la sostenibilidad ambiental dentro del ámbito comercial.

Su puesta en marcha llega en un momento crítico para los recursos pesqueros de América Latina y el Caribe. La región enfrenta una situación crítica debido a la sobreexplotación y explotación al límite sostenible de muchas especies comerciales y de consumo local, agravada por la falta de información adecuada para su gestión, la vulnerabilidad de la pesca artesanal frente al cambio climático y la competencia con la pesca industrial.

El Acuerdo prohíbe subsidios gubernamentales a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como la explotación de poblaciones ya sobrepescadas, en un esfuerzo por proteger la biodiversidad marina y garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas en el planeta. Según cifras de la OMC, 35% de las poblaciones de peces en el mundo se encuentran sobreexplotadas y se estima que las subvenciones a la pesca ascienden a 35.000 millones de dólares, de los cuales 22.000 millones de dólares son considerados dañinos para los ecosistemas. Es decir, casi dos tercios del total.

Países latinoamericanos y caribeños han tenido un rol activo en ambos acuerdos. Los gobiernos, junto con organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), han estado presentes en negociaciones técnicas para garantizar que los países de la región cuenten con el apoyo necesario para cumplir con las reglas definidas y para no quedar marginados de los beneficios por desigualdades estructurales. Sin embargo, el reto continúa: aún faltan ratificaciones y mayor coherencia entre los compromisos internacionales y las políticas nacionales. Es fundamental que estas últimas apoyen a quienes viven de la pesca artesanal, promuevan el acceso a la ciencia y educación ambiental, además de fortalecer a las comunidades costeras.

Hoy, los tratados internacionales y la cooperación multilateral son más necesarios que nunca para enfrentar los desafíos que amenazan la salud del océano. En este escenario, la sociedad civil juega un papel esencial al aportar conocimiento técnico, asesoría en políticas públicas y monitoreo del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Solo así será posible pasar de las promesas a los hechos y construir un sistema de gobernanza oceánica verdaderamente inclusivo y transparente, que beneficie a los millones de personas que dependen de los recursos marinos para su subsistencia, así como a las generaciones futuras. El verdadero trabajo apenas comienza.