¿Hay conflicto de intereses o ilegalidad en las obras de Trump en la Casa Blanca?

El 31 de julio, la Casa Blanca anunció la construcción de un salón de baile de 90.000 pies cuadrados (8.300 metros cuadrados) para cenas de Estado y ocasiones especiales, con un coste de 200 millones de dólares, y que Trump y “otros donantes patriotas” financiarían la estructura. El presidente ha afirmado reiteradamente que él mismo financiaría el salón. A mediados de septiembre, también aumentó el presupuesto, declarando a la prensa: “Yo lo pago. El país no, y ese es un salón caro. Creo que costará 250 millones de dólares”. Este miércoles 22 de octubre, Trump aumentó una vez más la estimación del costo del salón de baile, esta vez a 300 millones de dólares.

En todo este tiempo han surgido muchas preguntas sobre el costo y la fuente de financiación para el salón de baile que se está construyendo como parte del complejo de la Casa Blanca.

El 15 de octubre, el presidente ofreció una cena en la Casa Blanca para recaudar fondos para la construcción del salón. Entre los asistentes se encontraban representantes de Amazon, Apple, Caterpillar, Coinbase Global, Comcast, Google, Lockheed Martin, Meta Platforms, Microsoft, Palantir Technologies y T-Mobile, así como “seguidores adinerados” de la campaña presidencial de Trump, según informó The New York Times.

Al día siguiente de que comenzara la demolición del Ala Este, donde se ubicará el salón de baile, un portavoz de la Casa Blanca informó a Factcheck en un correo electrónico del 21 de octubre que “hasta la fecha se han prometido casi 200 millones de dólares para financiar el nuevo salón”. El portavoz no respondió a una pregunta sobre la cantidad que Trump personalmente había prometido.

La empresa de tecnología de defensa Lockheed Martin ha prometido 10 millones de dólares al proyecto, según informó CBS News, citando fuentes anónimas. Un acuerdo legal entre YouTube y Trump (quien demandó a la plataforma por eliminar su cuenta tras los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021) destinará 22 millones de dólares al salón de baile, según informó The Hill. Google donará al menos 5 millones de dólares, de acuerdo a otras informaciones.

El 23 de octubre, la Casa Blanca publicó la lista de 37 empresas e individuos que han donado hasta el momento, pero no reveló cuánto ha donado o prometido cada uno.

El proyecto del salón de baile y el proceso de recaudación de fondos han sido objeto de críticas por parte de demócratas y expertos en ética gubernamental. “El proyecto de la Casa Blanca es un despilfarro gigantesco”, declaró el senador demócrata Richard Blumenthal, de Connecticut, a Fox News. “La pregunta clave no es solo el daño que podría causar a la arquitectura de la Casa Blanca, sino también qué ventajas tendrían los contribuyentes sobre Trump si donaran a este proyecto”.

Preocupaciones éticas sobre la financiación privada

Expertos en ética y derecho plantearon otras inquietudes sobre el proyecto del salón de baile. Noah Bookbinder, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, declaró a Axios que la cena de recaudación de fondos de la Casa Blanca podría afectar la confianza pública en el Gobierno. “Todo este dinero que están destinando a algo importante para el presidente podría influir en su toma de decisiones, y podría estar pensando en eso en lugar de en lo que es mejor para el pueblo estadounidense”, declaró Bookbinder.

Richard W. Painter, profesor de Derecho en la Universidad de Minnesota que se desempeñó como abogado jefe de ética en la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, dijo a Factcheck que la recaudación de fondos de Trump para el salón de baile cruza varias líneas éticas.

“En primer lugar”, declaró Painter en un correo electrónico, “esto constituye el uso de un cargo público para beneficio propio, lo que viola las normas éticas federales”. Citó el Código de Regulaciones Federales, que establece que los empleados públicos “no pueden usar ni permitir el uso de su cargo o título gubernamental, ni de ninguna autoridad asociada a su cargo público, de manera que se intente coaccionar o inducir a otra persona, incluido un subordinado, a proporcionar algún beneficio, financiero o de otro tipo, al empleado”.

Painter también afirmó que el proyecto del salón de baile plantea un problema bajo la Ley Antideficiencia. Esta ley “prohíbe a las agencias federales recibir servicios voluntarios u otras donaciones de fuentes externas para ‘completar’ los fondos asignados por el Congreso”, explicó Painter.

“Por supuesto, la Casa Blanca argumentará que no es una ‘agencia’ sujeta a esta ley, pero en el pasado la acató. Lo hicimos durante la administración Bush. La Casa Blanca no tenía autoridad para recibir regalos”, dijo.

Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la Ley Antideficiencia “exige que las agencias generalmente suspendan sus operaciones” durante un cierre gubernamental. “Esto protege la facultad del Congreso sobre el gasto federal al impedir que el poder ejecutivo opere sin fondos. Esta ley prohíbe a las agencias contraer obligaciones o realizar pagos por adelantado o en exceso de una asignación presupuestaria”.

“En resumen”, las empresas que donan para la construcción del salón de baile “quieren algo del gobierno y pagan 1) por tener acceso al presidente y otros altos funcionarios, y 2) con la esperanza de que les permita conseguir lo que desean. Muchas, como Lockheed Martin, buscan grandes contratos con el Departamento de Defensa, por lo que nuestro presupuesto de defensa, que ahora asciende a un billón de dólares (…) crecerá aún más, todo para que podamos ahorrarles a los contribuyentes 200 millones de dólares en la construcción de un salón de baile que la Casa Blanca no necesita”, dijo Painter.

“Por último, el salón de baile será utilizado para entretener a los grandes donantes de campaña de este y futuros presidentes, perpetuando el pago por participación de la Casa Blanca”, dijo.

Claire Finkelstein, profesora de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania y directora del Centro de Ética y Estado de Derecho de la institución, dijo que tiene “muchas preocupaciones” sobre el proyecto del salón de baile.

Señaló que las donaciones para el salón de baile se están coordinando a través de una organización benéfica sin fines de lucro, Trust for the National Mall, que financiará el proyecto. “Pero no veo cómo la adición de un salón de baile a los terrenos de la Casa Blanca beneficia al público. Por lo tanto, no me queda claro cómo una organización 501(c)(3) debería financiar esto. Ese es un serio problema que tengo”, dijo Finkelstein en una entrevista telefónica.

“También existe una posible violación de la Cláusula de Emolumentos, dependiendo del uso que Trump le dé al salón de baile”, afirmó Finkelstein. Las Cláusulas de Emolumentos, tanto para extranjeros como para nacionales, de la Constitución “existen para evitar que los funcionarios del gobierno federal de los EE. UU. vendan favores o influencia”, explica el Centro Brennan para la Justicia en su sitio web.

“¿De verdad lo usará para las funciones de su cargo o para entretener a un montón de individuos que intentan congraciarse con la Administración o con él mismo?”, preguntó Finkelstein.

Otros proyectos financiados con fondos privados en Washington D. C.

El salón de baile de la Casa Blanca no es la primera estructura financiada, al menos en parte, mediante donaciones privadas en Washington D. C.

Por ejemplo, los 8,4 millones de dólares necesarios para la creación del Monumento a los Veteranos de Vietnam, finalizado en 1984, fueron donados por más de 250.000 personas y empresas. El Monumento a Martin Luther King, finalizado en 2011, se financió con 110 millones de dólares en donaciones privadas y 10 millones de dólares en fondos federales. Otros monumentos se financiaron gracias a la labor de comisiones independientes y consejos asesores, según el Trust for the National Mall.

El fideicomiso ha colaborado con el Servicio de Parques Nacionales para realizar diversas mejoras en el National Mall, afirmó Finkelstein. “Pero es fundamental que esos proyectos tengan una orientación pública. Un salón de baile de la Casa Blanca no está abierto al público”, explicó, “por lo que no ofrece ningún beneficio público evidente”.