El rechazo al decreto antiapagón amenaza 3.000 millones de inversión verde y subirá un 12% la factura a la industria

La presión de las energéticas, las renovables o la gran industria, que abogaban por que se aprobara la convalidación del Real Decreto-Ley 7/2025, no ha surtido efecto. Tanto Podemos como PP o Junts han optado por oponerse en la votación celebrada este martes en el Congreso de los Diputados.

El texto legislativo iba mucho más allá del refuerzo al sistema eléctrico para evitar nuevos apagones. La normativa suponía, tal y como adelantó este medio, un balón de oxígeno para la inversión en renovables en un momento crítico donde los grandes capitales están dudando mucho en apostar por las energías verdes en España. Fuentes del sector y consultores expertos advertían en las horas antes a la votación que si decae el decreto se pueden esfumar alrededor de 3.000 millones de euros, ya que este próximo jueves 24 de julio vence un hito administrativo clave para proyectos. Alrededor de 5 GW en eólica y fotovoltaica están amenazados de perder permisos y que se les ejecuten avales, con lo que la tensión entre los promotores es máxima. Está por ver si el Gobierno tiene algún margen de maniobra para salvar estos desarrollos que llevan años de tramitación.

Los expertos del sector creen que la potencial pérdida de inversión se puede elevar hasta los 200.000 millones de euros. Tras el no del PP, fuentes próximas a las eléctricas insisten en la pérdida de esos 200.000 millones. El decreto desatascaba regulatoriamente la inversión en almacenamiento y se eliminaba cuellos de botella para la conexión a red, lo que facilita inversiones en centros de datos, electrificación (aerotermia, coche eléctrico, etc.) y otros vectores.

No sólo eso, el decreto aliviaba la factura de la luz de la industria electrointensiva. Las empresas, claves en el tejido económico en regiones amenazadas por la despoblación, pagarán una factura de la luz entre un 3% y un 12% más cara, ya que el decreto ofrecía 250 millones de euros para bonificar el 80% de los peajes, un componente fijo de su factura eléctrica. La industria ha estado presionando a los líderes regionales. Esto se produce en plena amenaza para muchas industrias por los aranceles de Trump. Es la segunda vez que esta medida decae en las cortes por segunda vez este año.

A todo lo anterior hay que sumar las capacidades y refuerzos que daba el decreto tanto al operador del sistema como a la CNMC para evitar un potencial apagón. Todos esos argumentos que está poniendo encima de la mesa el sector es lo que ha mantenido sin desvelar el sentido de su voto al Partido Popular hasta el último momento, después del rechazo de Podemos a la norma. En gran medida, son sus propios barones y empresas con gran capacidad de hacer llegar su mensaje a Génova los que están pidiendo una abstención patriótica.

“A nivel técnico el PP está de acuerdo con el decreto, pero ahora pueden pesar más razones de índole política”, señalaban en los últimos días fuentes del sector, que sin embargo consideran que a Génova se le puede volver en contra rechazar el decreto. Tras decaer, inversores de renovables, la gran industria y el sector le puede acusar de ser responsable de perder miles de millones de euros de inversión, dañar a la competitividad de la industria y dejar al sistema eléctrico más a merced de otro apagón. También la industria financiera espera que este decreto salve una situación crítica. Grandes compañías como Acciona, Iberdrola, Repsol o Endesa buscan la venta de activos renovables en una situación de incertidumbre que está generando dudas entre los capitales foráneos.

En este sentido, el decreto daba una salvaguarda a las promociones de renovables de Galicia, que están sufriendo una judicialización y por ende una congelación de inversión de empresas nacionales (Naturgy, CaixaBank, Sabadell) y multinacionales (Engie, por ejemplo). La Xunta de Galicia, que lideró Feijóo durante tres legislaturas antes de saltar a la política nacional, quiere terminar con esta situación que amenaza uno de los vectores de crecimiento de una tierra que sufre la desindustrialización. También Junts apoya la medida ya que empresa catalanas están teniendo este problema tanto en Galicia como en la propia Cataluña.

Pero el PP se defiende y se saca la presión de encima. “No estamos de acuerdo en la parte referida al apagón, más allá de que no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas. Respecto a otros de los asuntos que el texto incorpora, pero de manera incompleta, el PP presentará una proposición de ley en el Congreso, en coordinación con las Comunidades Autónomas, para garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía. Confiamos en que ese texto sí tenga el apoyo de la Cámara”, destacaban fuentes del PP en la tarde de este martes antes de la votación. “No es labor de la oposición rescatar a Pedro Sánchez del abandono de aquellos que le hicieron presidente. Si no tiene el apoyo de la Cámara, que busque el apoyo en las urnas. En otoño, elecciones. Es la única salida”, concluyen fuentes del PP.

La incertidumbre regulatoria respecto de este decreto se suma a la retirada del decreto también para renovables que elaboró la Generalitat de Salvador Illa, que decidió no presentarlo para convalidación al no tener atado el apoyo de ERC, molesto por que no se concretara la financiación singular en la comisión bilateral con el Gobierno de Pedro Sánchez. Este clima de incertidumbre ha generado dudas en inversores de primer orden mundial como Amazon, que tiene previsto un proyecto eólico pionero en Girona.