La ruptura de Acciona con Servinabar, pendiente del avance de las obras en el túnel de Belate

El pretendido divorcio de Acciona Construcción de su socio navarro Servinabar 2000 en el proyecto del desdoblamiento del túnel de Belate va a tener que esperar aún unos días, o incluso alguna semana, para superar un escollo que figura en la Ley de Contratos del Sector Público. La obra no ha rebasado aún el hito del 20% de ejecución presupuestaria, listón que fija la regulación para cualquier modificación de la composición de la unión temporal de empresas que ganó el contrato en enero de 2024, con un presupuesto de 76 millones de euros (IVA incluido).

El grupo que preside José Manuel Entrecanales, con un 55% del capital del consorcio, espera la firma de una nueva certificación de obra en la que ya se dé cuenta de la superación del citado 20% de ejecución. Entonces tendrá vía libre para expulsar a Servinabar 2000 (10% del capital), al parecer con el respaldo del segundo partícipe, la también navarra Excavaciones Fermín Osés (35%).

El anuncio de Acciona sobre la finalización de toda relación con Servinabar 2000 se produjo el 16 de junio, fecha en la que se iniciaron los trámites para resolver unilateralmente el acuerdo que sostiene la UTE. En ese momento se notificó formalmente, por burofax y conducto notarial, que se expulsaría a la pequeña constructora de Antxon Alonso. El proyecto del desdoblamiento del túnel de Belate no figura en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del 5 de junio sobre el supuesto pago de mordidas por parte de Acciona a la trama que habrían formado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el hombre de confianza de ambos, Koldo García. Tampoco forma parte de la investigación del Tribunal Supremo, pero se trata del gran proyecto que mantienen en común Acciona y Servinabar, señaladas las dos por la UCO por el presunto amaño de contratos de obra pública.

El túnel de Belate ha tomado relevancia, junto a las cinco obras de Adif y la Dirección General de Carreteras incluidas en la investigación judicial, una vez que la propia UCO encontró un contrato privado en el registro del domicilio de Antxon Alonso por el que este traspasaba un 45% de Servinabar a Santos Cerdán. Ese documento ha sido calificado por Cerdán ante el Supremo como “borrador de una escritura” y “compromiso a futuro” que quedó sin efecto ante la decisión del socialista de seguir en la política, pese a que en 2015 el PSN obtuvo una clara derrota en las elecciones navarras.

Acciona ha cargado en Servinabar prácticamente toda la responsabilidad sobre el supuesto pago de sobornos por obras al triángulo Cerdán, Ábalos, García. El informe de la UCO sitúa la creación de la supuesta trama corrupta en 2015, cuando Cerdán y Alonso llevaban al menos tres años de amistad. A partir de ese punto, el director de Acciona Construcción para Navarra y La Rioja, que entonces era Fernando Merino, habría introducido a Servinabar en el ecosistema de 30.000 socios y proveedores de Acciona, según la versión de esta última. Merino fue despedido en abril de 2021 por la pérdida de confianza de sus superiores, pero para entonces, sostiene la investigación policial, Acciona habría entregado sobornos a cambio de cinco proyectos del Ministerio de Transportes por valor de más de 500 millones de euros.

Abonada la teoría del garbanzo negro (Merino) por parte del propio presidente de Acciona, desde la compañía se reitera que “no se ha abierto investigación alguna” contra ella, ni hay “acto del juez o de la UCO de los que se derive ninguna responsabilidad”. Esa unidad de la Guardia Civil recabó de Acciona información sobre los cinco proyectos de Adif y la Dirección General de Carreteras, así como el contenido del correo electrónico del exdirectivo Fernando Merino.

Cirugía

Acciona quiere hacer valer su mayoría en la UTE para sacar a Servinabar de la que ha sido considerada la obra más relevante promovida por el Gobierno de Navarra en los últimos años. El túnel de 2,9 kilómetros mejora las prestaciones de la carretera N-121 A, que conecta las inmediaciones de Pamplona (Navarra) con la frontera francesa. Servinabar, por su parte, defiende su 10% en la obra como parte del argumento sobre la inocencia de su administrador, Antxón Alonso.

El fin de relaciones podría haber sido exprés si la obra hubiera superado ya el 20%, aunque aún tendría que ser autorizado por el mismo Departamento de Cohesión Territorial que adjudicó el contrato y que dirige desde agosto de 2023 Óscar Chivite, tío de la presidenta navarra María Chivite.

La Ley de Contratos señala (artículo 69) que la duración de las uniones temporales de empresas será coincidente, al menos, con la del contrato por el que unieron fuerzas. Pero la norma deja espacio para retoques: “Cuando la modificación de la composición de la unión temporal suponga el aumento del número de empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de una o varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y expresa del órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20% de su importe”.

Una vez roto el consorcio, “será necesario que se mantenga la solvencia o clasificación exigida y que en la nueva configuración de la unión temporal las empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de contratar”. Acciona no tendría problema para demostrar la capacidad para concluir el túnel, y a Servinabar le quedaría el recurso a la justicia en contra de una resolución unilateral del acuerdo.

El plazo de ejecución del paso subterráneo es de 45 meses, lo que lleva las obras hasta el 30 de junio de 2028. La actuación se enmarca en la exigencia del Parlamento Europeo de que el túnel estuviera remodelado antes de mayo de 2019, tal y como fija la directiva 2004/54 sobre requisitos mínimos de seguridad de los túneles de la red transeuropea de carreteras. Tras el incumplimiento de ese plazo por parte del Gobierno navarro, lo que motivó un procedimiento de infracción de la Comisión Europea, el propio Ministerio de Transportes respaldó el desdoblamiento en Belate (también la remodelación del túnel de Almandoz), con una subvención de 40 millones aprobada en julio de 2023 por el Consejo de Ministros y liberada en octubre de 2024, previo informe favorable de Hacienda.