La historia de tensión y enfrentamiento para adjudicar la obra del túnel de Belate por 76 millones

La controvertida adjudicación en enero de 2024 del desdoblamiento del túnel navarro de Belate, en ejecución por parte de Acciona, Servinabar 2000 y Excavaciones Fermín Osés por 76 millones, es la historia de tensiones y enfrentamientos en una mesa de contratación antes de la firma del contrato. También es una de las actuaciones del Gobierno navarro bajo la lupa del Tribunal Supremo por la supuesta vinculación patrimonial del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, con Servinabar 2000, y la presunta implicación de esta pequeña constructora en el pago de mordidas a cambio de obras al triángulo que formaron el propio Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado documentación sobre una participación relevante de Cerdán (45%) en Servinabar, sin apunte en el Registro Mercantil ni inclusión en la declaración de intereses económicos del socialista ante el Congreso de los Diputados. El accionista de control de la compañía, Joseba Antxon Alonso, acude el próximo día 7 como investigado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El Gobierno navarro tuvo conocimiento de la fuerte polémica que rodeó al proceso de evaluación de las siete ofertas presentadas. Fue a la vista de los votos particulares de tres de los ocho miembros de la referida mesa, que no vieron justificada la valoración técnica que hizo vencedora a dos de las constructoras en el epicentro del caso Cerdán, las citadas Acciona y Servinabar. Pero también se hizo alusión a la falta de argumentos para sostener las puntuaciones técnicas, que fueron absolutamente decisivas ante la igualdad de cuatro de las ofertas económicas, en un informe de fiscalización del departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo de María Chivite, firmado el 3 de noviembre de 2023, dos meses antes de la adjudicación en firme. Ese último documento concluye con un “reparo no suspensivo de la tramitación” del contrato, informándose de “incidencias” al director general de Obras Públicas, Pedro Andrés López Vera. La maquinaria de contratación no se detuvo.

El proyecto del desdoblamiento del túnel de Belate venía ya con alta presión de la Comisión Europea. La directiva 2004/54 del Parlamento Europeo, sobre requisitos mínimos de seguridad de los túneles de la red transeuropea de carreteras, obligaba a que este tipo de infraestructura, como es esta en la carretera N-121 A que conecta Navarra con la frontera francesa, estuvieran en perfecto estado de revista antes del 30 de abril de 2019. España incumplió este mandato con los túneles navarros de Belate y Almandoz, lo que motivó la apertura de un procedimiento de infracción de la Comisión Europea y la aceleración en la tramitación de los concursos. Una vez adjudicados, el Ministerio de Transportes concedió una subvención de 40 millones sobre un presupuesto conjunto de 160 millones. Previamente, la misma carretera N-121 A había sido respaldada con otros 55 millones de subvención por parte de Transportes entre 2018 y 2023, con José Luis Ábalos al frente los tres primeros años.

La financiación del Gobierno central a la obra de Belate fue firmada el 18 de julio de 2023 por la entonces ministra de Transportes Raquel Sánchez, y aprobada en consejo de ministros el 22 de octubre de 2024, con Óscar Puente a los mandos de la obra pública. Fuentes cercanas al ministro hablan de una ayuda “habitual” a las Comunidades Autónomas, siendo la subvención el “instrumento jurídico adecuado”. El Ministerio de Hacienda emitió un informe favorable a la entrega de la subvención de 40 millones.

Desde Transportes también enmarcan en la normalidad que el diputado socialista por Navarra Santos Cerdán estuviera presente en reuniones en las que se trató este respaldo al ejecutivo de Chivite. Entonces no se sospechaba que esta persona del círculo íntimo del presidente del Gobierno pudiera tener relación alguna con Servinabar 2000 o que hubiera mediado el presunto pago de sobornos por parte de Acciona a cambio de obras ferroviarias de Adif o actuaciones de la Dirección General de Carreteras por más de 500 millones de euros.

La que es denominada como una de las licitaciones más relevantes del Gobierno de Navarra en los últimos años, con un nuevo túnel de 2,8 kilómetros y dos carriles, motivó fuertes disensiones entre los perfiles técnicos de la mesa de contratación y los que debían auditar el proceso desde dentro. Los tres votos particulares de un total de ocho miembros en la mesa fueron del interventor delegado en el Departamento de Cohesión Territorial, Jesús Muñoz Apeteguía, que actuaba como interventor en la mesa de contratación; también manifestó su inconformidad con las valoraciones técnicas la representante de la Junta de Contratación Pública, Eva Mier Mendiguchía, que ejercía como vocal, y el técnico de Administración Pública, en la rama jurídica, Lorenzo Serena Puig, adscrito a la Secretaría General Técnica del Departamento de Cohesión Territorio y quien desempeñaba la labor de secretario en la mesa.

Este último llegó a desvelar la existencia de “puntos de tensión y enfrentamientos”. El secretario Serena Puig dijo no cuestionar ni la honradez ni la competencia técnica de sus compañeros, pero lanzó una dura carga contra la opinión mayoritaria de la mesa: “El informe de valoración, en contra de lo exigido por el legislador, no expone las razones que justifican las puntuaciones, ni expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras”. Y añadió que “la línea divisoria que distingue el acto arbitrario y nulo del válido en Derecho es la ausencia o presencia de motivación.

Además, el secretario de la mesa puso de manifiesto que el presidente, Jesús Polo Soriano, director del Servicio de Nuevas Infraestructuras, habría efectuado su valoración una vez conocidas las del resto de componentes de la mesa de contratación, lo que a juicio del secretario vició el procedimiento. Lorenzo Serena Puig llegó a proponer la sustitución de Polo Soriano por el presidente suplente para tratar de salvar el proceso. Una vía que no obtuvo respaldo suficiente y contra la que se manifestaron el propio presidente de la mesa y los dos técnicos que dependían de él.

Los otros dos votos particulares manifestaron parecidos argumentos en contra de las valoraciones. En el lado de los técnicos, junto a Jesús Polo Soriano se encontraban el jefe de la Sección de Construcción de Nuevas Infraestructuras, Guillermo Vallejo Giner; el jefe de la sección de Obras de Acondicionamiento, Francisco José Ansorena Castillejo; el director del servicio de Estudios y Proyectos, José Francisco López García, y el director del servicio de Conservación, Pablo González Sánchez.

La oferta técnica de Acciona (55% del consorcio ganador), Excavaciones Fermín Oses (35%) y Servinabar (10%), reunió calificativos como el de “excelente”, refiriéndose al análisis del proyecto, o “muy buena” sobre la descripción de las actividades más complejas o de los desvíos provisionales. Otras propuestas, como la de Ferrovial o Sacyr se quedaron con la nota de “aceptable”. Sobre los 40 puntos de techo que se otorgaban por la memoria técnica, la adjudicataria obtuvo 37,17, seguida de la UTE formada por Mariezcurrena, Comsa y Nortunel, con 36,75 puntos. Ferrovial (21,90), Sacyr (24,25), Copisa (25,35) y FCC (29,90 puntos) se quedaron por debajo de los 30 puntos, mientras que Dragados (ACS) llegó a los 34,75.

El programa de obra, por el que se repartieron otros 10 puntos, tuvo a Acciona y Servinabar como segunda mejor opción, con lo que el consorcio terminó imponiéndose con 46,22 puntos sobre 50. El grupo de Mariezcurrena obtuvo 44,85 y Dragados se quedó en 44,05 puntos. El resto de concursantes estuvo por debajo de los 40 puntos, resaltando los 29,80 puntos que acabaron con Ferrovial como peor clasificada. “El informe de valoración no puede ser, sin más, un juicio ya expresado sin justificación razonada de cómo y por qué se ha llegado a la puntuación asignada”, se quejó Eva Mier en su voto particular como representante de la Junta de Contratación Pública de Navarra. Y el interventor, Jesús Muñoz Apeteguía, señaló que el informe de valoración “no expone las razones que justifican las puntuaciones, ni expresa las ventajas de unas ofertas sobre otras”.

El interventor, que posteriormente tuvo que emitir el informe de fiscalización para el departamento de Economía y Hacienda el 3 de noviembre de 2023, argumentó que “una insuficiente motivación puede genera arbitrariedad e indefensión para los licitadores”, al poderse violar “los principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación”. Sobre el destino del contrato del túnel de Belate había más que una sombra de duda.