El alza del costo de la vida ahoga a las familias chilenas: “El sueldo ya no alcanza”

El pesimismo se está apoderando de los chilenos. Si a mediados de marzo un 23% creía que la situación económica del país empeoraría en los próximos seis meses, en apenas un mes la cifra escaló hasta el 43%, según la encuesta Criteria. La expectativa de lo que ocurrirá en sus hogares -que suele ser más optimista-, dio un vuelco prácticamente igual de desfavorable. Y es que una de las primeras medidas del Gobierno de José Antonio Kast, que llegó al poder el 11 de marzo, fue traspasar el aumento internacional del precio del petróleo por la guerra en Irán a los bolsillos de la ciudadanía, con un alza histórica del 30% en la gasolina y por encima del 60% en el diésel, cuyo impacto inflacionario está empezando a colarse en los bolsillos. Para amortiguar el impacto, las familias están cambiando sus hábitos de consumo. Jorge Errazuriz, comerciante sexagenario, reemplazó el coche por el metro; la señora Silvia, pensionada, modificó su menú priorizando las legumbres y cambió el jugo en caja por el de sobre; y la venezolana Luisa Abreu, de 32 años, decidió irse con su novio y su hijo pequeño a Perú. “El sueldo ya no alcanza”, lamenta la feriante.

Chile cuenta con un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles vigente desde 2014 -Mepco-, pero el Ejecutivo de derecha no la echó andar esta vez. Su argumento fue que el coste para las arcas fiscales habría sido de unos 200 millones de dólares semanales, lo que supone un inconveniente para Kast que llegó a La Moneda prometiendo aliviar la estrechez fiscal heredada por el Gobierno de Gabriel Boric. Para amortiguar el impacto, el Gobierno sacó adelante en el Congreso una serie de medidas, como el congelamiento de la tarifa del sistema de transporte público en Santiago y la contención del alza en regiones. También un apoyo de 100.000 pesos mensuales (90 dólares) para taxis, colectivos y transporte escolar, pero que le ha quedado corto a los beneficiados. Marcelo Castro, taxista de 54 años, recibió el bono el pasado lunes y el jueves ya lo había consumido. Si antes gastaba 600.000 (670 dólares) en gasolina al mes, ahora, dice, supera el millón de pesos (900 dólares). Se queja también de que le ha bajado la clientela. Solía trabajar de siete de la mañana a seis de la tarde, pero debido a la caída en la demanda extendió su jornada hasta las 22.00 horas. Su esposa, ademas, se puso a trabajar en un kiosco en La Pintana, el municipio en el que viven, el más pobre de la capital.

Los conductores regulares también cambiaron sus hábitos. Además de que muchos se bajaron del coche y hoy el metro está a tope desde primera hora, según los usuarios, Juan Carlos Álvarez, que trabaja hace 29 años como expendedor de gasolina, afirma que la gente con coche llenó sus estanques antes de la gran subida el 26 de marzo -luego hubo una segunda, de 30 pesos-, y desde entonces le echan sumas bajas de dinero, pero frecuentes, para que no baje del medio estanque, y así evitar que se consuma más rápido.

Pablo García, exvicepresidente del Banco Central de Chile, plantea que la medida adoptada por el Ejecutivo era casi ineludible: “Como somos un país que importa casi el 100% de los combustibles, era inevitable reconocer esta nueva realidad global. Nos tocó en un momento complejo, porque la guerra en Irán comenzó a fines de febrero y recién a fines de marzo se pudo hacer este ajuste” debido al cambio de Gobierno. Hermann González, coordinador del área macroeconómica del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC), añade que la Administración apostó por que los precios del crudo seguirán altos. “Se adelantó el traspaso de los precios de los combustibles y así se ahorraron los recursos que se habrían gastado en estabilizarlos. A la fecha, estimamos que el ahorro es de 550 millones de dólares para las finanzas públicas, pero indudablemente hay un costo para los hogares”, apunta.

Antes de la guerra en Irán, la inflación anual se ubicaba en el 2,4% en febrero, por debajo de la meta del Banco Central y las expectativas eran que continuara retrocediendo. La inflación mensual en marzo, sin embargo, fue del 1%, la mayor desde enero de 2025, y la anual se elevó a 2,8%. Para abril, el mercado proyecta que el IPC mensual llegue hasta un 1,6%. Será el dato de este mes, que se conocerá en mayo, el que refleje completamente el impacto del alza de los combustibles.

Esta nueva prueba al bolsillo de los chilenos llega después de que en 2022 la inflación llegara a los dos dígitos, una cifra no vista desde 1994, con un peak del 14,1%. Entonces, los precios subieron luego de tres rondas de retiros de los fondos de pensiones durante la pandemia, que inyectaron una liquidez de más de 50.000 millones de dólares en los hogares, sumado a los efectos de la guerra en Ucrania. Esta vez, las mayores alzas están presentes en el transporte, la educación y los alimentos.

Sandra Quijada, exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) e investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), pone el foco en la Canasta Básica Alimentaria, que registró un aumento del 4,1% anual a marzo. “Esto nos dice que los costos de los alimentos están casi duplicando al de la inflación en general, y allí hay un fuerte impacto en los bolsillos de los chilenos, sobre todo en el de los hogares más vulnerables”. Ruth Fernández, que regenta un restaurante en el centro de la capital, eliminó las preparaciones con huevo del menú del día por el alza que ha registrado, pero si alguien quiere un plato a lo pobre -un tradicional acompañamiento chileno que consiste en papas fritas, cebolla caramelizada y huevo frito-, debe pagar 1.000 extra (1,1 dólar). El local del frente, por su parte, aumentó en un 12% los precios de los trozos de pollo y a partir de la próxima semana un menú diario pasará de costar 6.000 a 7.000 (de 6,7 a 7,8 dólares).

“Tratamos de abaratar un poco el coste que nos supone el menú para que el precio no impacte en la gente”, señala Fernández, “porque al final suben las cosas, pero los sueldos no suben. La gente cree que uno es el culpable, y esto es una cadena”, agrega. Más del 70% de las empresas traspasará al menos una parte de los mayores costos a los precios de sus productos o servicios, una cifra que llega al 76% en el sector comercio, según una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago a 147 compañías. Los sindicatos de trabajadores están negociado con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un ajuste del salario mínimo (el actual es de 539.000 pesos brutos, unos 600 dólares), el que se debería concretar el 1 de mayo. “El salario está perdiendo entre un 20% a un 30% de valor adquisitivo”, advirtió el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, a Radio Pauta.

Hace unos meses, en La Vega, el principal mercado de Santiago, ubicado en el municipio de Recoleta, el tema era la inseguridad, pero ahora solo se escucha hablar de lo cara que está la vida. La escena hace eco con que, según la encuestadora Cadem, la principal preocupación de los chilenos es la economía, por sobre la delincuencia, que llevaba años liderando el listado. Mario Ríos, que conduce un flete, se queja de que entre lo que se gasta en gasolina y en los cobros de los peajes, al final lo que le queda de ganancia es el 50% de servicio. “Estamos trabajando a medias con el Gobierno, yo le paso la mitad de lo que gano”, dice con ironía. “Nunca había pasado tantas pellejerías”, agrega con amargura. Los vendedores del mercado aseguran que ha bajado la clientela. Aunque también ha aparecido una nueva. Federico Gras, escritor, de 83 años, y Ana Maria Gallardo, de 78, viven en Providencia, una zona residencial acomodada, y desde el alza de los precios dejaron de ir a los supermercados que tienen cerca -aunque varias cadenas han congelado miles de precios, al igual que en pandemia-, y acuden semanalmente a La Vega. “Un mismo producto puede costarte tres veces menos”, dice ella, aunque él reclama que los huevos también se han encarecido mucho ahí.

El conflicto en Oriente Próximo supone un desafío no previsto para Kast, que llegó a La Moneda con la promesa de un Gobierno de emergencia, en el que aspira a equilibrar las cuentas fiscales mediante un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses, por lo que ordenó una rebaja del 3% en el gasto de todos los ministerios –salvo en el de Seguridad– y al ministerio de Hacienda a sugerir, a través de un oficio divulgado por La Tercera, que se descontinuaran una serie de programa, incluyendo uno de alimentación escolar, para ajustar el presupuesto de 2027 y preparar una programación financiera para el período de 2028 y 2031. Quiroz, en medio de la controversia, aseguró que “no va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada”. Al mismo tiempo, el Ejecutivo promete que reactivará la economía, estancada hace una década. Esta semana la Administración ingresó al Congreso una megarreforma para impulsar la actividad, que incluye una rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23%, ampliamente rechazada por la ciudadanía, según Criteria, y por la oposición, que critica una falta de coherencia reducir los tributos a las medianas y grandes empresas, cuando el relato oficialista es que no hay dinero. El Banco Central, además, ya advertía a finales de marzo que la economía estaría sujeta a “un grado de incertidumbre mayor al habitual” por la guerra y elevó su estimación de la inflación para diciembre del 3,2% al 4%, a la vez que redujo la proyección de crecimiento para este año a un rango de entre el 1,5 y 2,5%.

La persistencia de la inflación amenaza con aumentar el número de personas con deudas impagas, que supera levemente los cuatro millones -su mayor nivel desde el primer trimestre de 2024-. La tasa de interés que rige a la economía, por su parte, está en 4,5%, el nivel más bajo desde hace más de cuatro años; y probablemente no sufrirá otras reducciones debido a que el Banco Central de Chile muestra cautela ante la guerra de Irán. Los altos precios, además, podrían deteriorar el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro, que en los últimos años ha caído. Una reciente encuesta de Activa indica que, aunque ocho de cada 10 chilenos consideran importante ahorrar, solo un 27,7% puede hacerlo todos los meses, frente al 43% que podía en 2017. En Renca, la populosa zona poniente de la capital, los vecinos que se acercaron al municipio a buscar alimentos y mercadería aumentó 70% en marzo, respecto al año anterior.

A este cóctel de incertidumbre, se suma que en Chile algunos servicios como los seguros, la educación privada, los créditos hipotecarios, el valor de propiedades y otros bienes están indexados a la Unidad de Fomento (UF), una medida que se reajusta con la inflación. En los últimos cinco años, la UF ha aumentado cerca de 10.000 pesos, pasando de 30.000 a 40.000 (de 33,6 a 44,8 dólares). A Fernanda Toledo, educadora de párvulo de 35 años, le cobran el arriendo en UF. En diciembre pagó 600.000 pesos (657 dólares) y el último mes 670.000 (750 dólares), algo más de la mitad de su salario. Es madre soltera de un niño de siete años y acumula una deuda de tres millones de pesos. Dice que la situación es complicada y que, debido a que vive en un municipio, su hijo estudia en otro y ella trabaja en un tercero, no puede bajarse del coche. “Tengo compañeros que están usando la tarjeta de crédito para echar gasolina, esto no puede ser”, reclama.

A otros, como Juan Avilés, el impacto de las alzas lo superó. Creció en la comuna de San Miguel, de clase obrera, donde se casó y crió a sus dos hijos. Hace 20 años le detectaron un cáncer a su esposa y, para costear los gastos, vendieron la casa y se fueron a Maipú, donde alquilaron una habitación. 10 años atrás, Avilés enviudó. Aún debe 18 millones de pesos por los tratamientos que recibió su señora. “Para acceder a una salud digna en este país hay que pagar”, asegura. Después de una vida trabajando en la construcción, hace un par de años, cuando ya no lo contrataban, se vio obligado a vender productos de limpieza en la calle. Con las recientes alzas del coste de la vida, ya no le alcanzaba para el alquiler de la habitación en Maipú, un municipio pujante, así que se mudó a una en La Granja, más popular. Tiene 64 años y 11 meses. Está contando los días para cumplir los 65 y poder acceder a la Pensión Garantizada Universal, de 231.732 pesos (unos 260 dólares).

Dos semanas atrás, Avilés se paró por primera vez en una esquina de la calle Antonia López de Bello. Con su ropa bien planchada, una barba ordenada y con vergüenza, reconoce, se puso a vender pañuelos a los conductores. Apoyado en una muleta debido a una artrosis en la cadera -está en una lista de espera de dos años para una operación-, se pasea entre los coches con un cartel que reza: “Me ayuda a pagar el arriendo, gracias”.