Las voces de la pobreza multidimensional en Chile: “Nos racionamos la comida”

Chile evalúa una actualización de los parámetros utilizados para medir la pobreza. La nueva metodología fue propuesta por una comisión de expertos de distintos ámbitos al Gobierno de Gabriel Boric hace una semana y, en caso de ser acogida, el nivel de pobreza del país sería el triple del 6,5% calculado en 2022: un 22,3%. Lo que se busca es visibilizar otras dimensiones de precariedad hasta ahora no consideradas al momento de hacer la estimación oficial y ofrecer un relato más verosímil de este fenómeno social, dice el ingeniero Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, una de las organizaciones sociales que participó en la delegación asesora convocada por el presidente Boric hace dos años para entregar nuevas recomendaciones.

De acuerdo a la cifra actual, la que se quiere cambiar, Canadá y Estados Unidos superan a Chile en pobreza. Es parte del problema. “La última metodología data de 2013 y ya agotó su capacidad de interpretar o capturar con precisión los fenómenos de la pobreza. Por ejemplo, ahora nos enfrentamos a una crisis habitacional, un fenómeno migratorio que se desconocía hasta hace unos años en nuestro país y a la incorporación de nuevas tecnologías. Esto se debe incluir al análisis para comprender mejor qué es vivir en pobreza en Chile hoy, en 2025, y así medir con cierta verosimilitud”, asegura Romero. Solo en los seis años el país sudamericano atravesó por una revuelta social, la pandemia de Covid, un alza de su población migrante y una persistencia de la desigualdad. Hoy, Chile lidia con una tasa de desempleo que se acerca al 9%, una ralentización de su crecimiento económico que ya suma una década, una deuda pública del 41,7% del PIB que deja poca holgura para atender demandas sociales, y una crisis para acceder a las viviendas. Sobre esta última, Isidora García, directora social de la oenegé Techo Chile, dice que las ciudades del país “viven una olla a presión”, donde el 81% de los hogares de menores ingresos destina más del 30% de sus recursos al arriendo, mientras que el valor de las viviendas ha crecido más que los salarios desde 2015: “Esta combinación empuja a miles de familias a vivir en condiciones de hacinamiento, allegamiento o arriendos informales, desde donde muchas terminan en campamentos”.

No todo depende de los ingresos monetarios percibidos por una familia –en promedio, de cuatro personas– para determinar si supera el umbral de la pobreza: cerca de 400.000 pesos (420 dólares), en el caso chileno. Además de mantenerse la observación de indicadores de la pobreza multidimensional –vivienda, educación, salud, acceso a servicios básicos, trabajo y redes de apoyo–, también se propone la incorporación de otros criterios en esta nación de ingresos medios altos, como la asequibilidad habitacional (o que un arriendo no supere el 30% del ingreso), conectividad digital, calidad de la educación, calidad nutricional. Asimismo, los expertos creen que se debería considerar que el ingreso mínimo de un hogar debería ser de 588.000 pesos (617 dólares).

Si la nueva metodología es aceptada por el Gobierno, estas serían algunas de las personas que podrían ser consideradas en situación de pobreza.

Carmen Aceituno: “Uno no elige vivir en un campamento”

Hace siete años que Carmen Aceituno, 50 años, vive con su hija, de 24 años, en un campamento irregular, llamado Alto Molle, en el sector de La Pampa de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. Acudió al asentamiento, ocupado por unas 302 personas, después de que su situación económica se complicó y no pudo seguir pagando el arriendo de una vivienda formal. “Uno no elige vivir en un campamento. Este es un sitio donde estamos retirados de todo. No tenemos cerca una feria ni a Carabineros, ni un hospital, ningún servicio”, comenta.

Había postulado a una vivienda subsidiada por el Estado desde 2001, pero nunca recibió el beneficio a pesar de ser madre soltera. “Fue un proceso tortuoso. Ya mi hija dejó de ser carga, así que quedé descartada”, explica. En Alto Molle el agua no llega directamente a los grifos. Sus habitantes deben esperar el paso de los camiones aljibes para abastecerse a diario. “Todo se compra, hasta el agua que bebes, y eso puede ser más costoso que pagar por el servicio mensualmente”, dice Carmen, cuyo hogar se mantiene con un salario mínimo de 529.000 pesos (556 dólares).

Katherine Lavín: “Siempre buscamos las ofertas”

Cada día Katherine Lavín, de 41 años, trata de ahorrar en su alcancía algunos pesos que le permitan pagar el arriendo de su vivienda en el municipio de Colina, en el norte de la Región Metropolitana de Santiago. Vive con dos de sus tres hijos y su pareja, que también tiene una niña. Entre los ingresos de ambas no alcanzan a generar 800.000 de pesos mensuales. De esto, destinan casi un 40% al pago de arriendo, el resto se va en servicios, comida, vestimenta y reciben un aporte estatal que le permite subsidiar el gas. “Ahora los niños estuvieron de vacaciones y no tuvimos dinero para sacarlos de paseo. Cuando eres pobre tienes que elegir: las vacaciones de invierno o de verano, pero ambas no puedes distraerte”.

Su fuente de ingreso es la venta de sopaipillas -una comida típica de Chile– y empanadas en las calles, mientras que su pareja se dedica al comercio de dulces. Todo lo pagan a medias. “Las lucas [dinero] no alcanzan, todo está muy caro. Lo que más comemos es pollo, lo más barato, siempre buscamos las ofertas. No tenemos dieta balanceada, abrimos el refrigerador y ahí vemos qué tenemos”, señala.

Katherine, además de trabajar, estudia un técnico en enfermería, lo que tiene un coste mensual de 90.000 pesos (97 dólares). Estos son pagados por su madre, una costurera de 65 años, que recibe una pensión de viudez.

Héctor Ulloa: “Mi pensión es un salvavidas”

Conocido como “El Charro” por cantar rancheras, Héctor Ulloa, de 67 años, pudo acceder a una vivienda después de haber estado en situación de calle entre 2014 y 2021. “Actualmente, no puedo cantar porque tengo una hernia que me impide estar de pie mucho tiempo, pero estoy pensionado. Mi pensión es un salvavidas hoy”, añade.

Entre su pensión y otro aporte estatal recibe 584.000 pesos. Los mayores gastos se derivan de los medicamentos. Asegura que también ayuda eventualmente a una nieta. “Mi jubilación alcanza para sostenerme, pero hay otros adultos mayores que tienen ingresos menores de los 200.000”.

Yanett Carrillo: “Me pueden ver bien vestida, pero nadie sabe de nuestras necesidades”

Cuando Yanett Carrillo y su pareja quedaron sin empleo, en diciembre de 2019, decidieron comprar una vivienda en una toma irregular en la población de Monte Verde de la ciudad de Osorno, en la región de Los Lagos, al sur de Chile. “Nos costó unos 200.000 pesos [210 dólares], casi lo mismo que nos salía el arriendo mensual”, recuerda. De ahí no han podido mudarse debido a que no han podido mejorar sus ingresos económicos.

Yannet, de 31 años, se dedicó al cuidado de sus abuelos, de 76 y 78 años, respectivamente, que padecen enfermedades crónicas. En julio, ella también fue diagnosticada con cáncer: “Mi tipo de cáncer no es considerado en Chile como discapacitante. Como somos jóvenes tampoco tenemos ayudas gubernamentales. Me pueden ver bien vestida, pero nadie sabe de nuestras necesidades”.

El único sostén de la familia fue su pareja, que gana unos 450.000 pesos mensuales, equivalentes a 473 dólares. “Yo trato de moverme, vendo tortas, ropa. Nos racionamos la comida, incluso a veces recurrimos a mi suegra para alimentación. Tenemos alimentación asegurada los primeros 15 días del mes y los otros restantes es una incertidumbre. Acá la pobreza se siente en su punto máximo y eso no aparece en las noticias”.