El Estado chileno pide disculpas a una pareja de madres lesbianas por no haber reconocido legalmente a una de ellas

En 2019, la psicóloga Patricia Reyes y su pareja Valentina Riberi tuvieron una hija a través de fertilización asistida en Chile tras seis años juntas. La gestó Riberi y, cuando fueron a inscribirla al Registro Civil, solo permitieron que la madre biológica figurara en la documentación de la bebé. Ese hecho discriminatorio fue el puntapié inicial a una batalla judicial que ha finalizado este miércoles en el Palacio presidencial de La Moneda. Tras años de negociación, el canciller Alberto Van Klaveren ha firmado un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) entre el Estado y la familia de Reyes. Además, les ha pedido disculpas y el documento incluye el compromiso de implementar un conjunto de medidas orientadas a garantizar la no repetición de lo ocurrido, promover los derechos de las familias diversas y fortalecer la sensibilización institucional, como capacitaciones en materia de derechos humanos y de género y cursos de no discriminación hacia la comunidad LGTBIQ para el personal del registro civil.

En medio de este caso, el país sudamericano aprobó a fines de 2021 el matrimonio entre personas del mismo sexo, que garantiza la igualdad de derechos en materia de filiación, ya sea por adopción como por técnicas de reproducción humana asistida.

Valentina y Patricia habían celebrado el Acuerdo de Unión Civil en noviembre de 2018 y, dos meses después, nació su pequeña. Tras el rechazo en la inscripción de una de las madres, la pareja, representada por las abogadas Claudia Sarmiento y Elisa Walker, presentó un recurso de protección contra el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI), argumentando que la negativa era “un acto ilegal y arbitrario” que violaba sus derechos constitucionales a la igualdad y el derecho a la identidad y el interés superior de la niña.

La respuesta de la agencia gubernamental fue que la legislación chilena no contemplaba figuras parentales de “padre-padre” o “madre-madre” y que las inscripciones de nacimiento solo consignaban al padre y la madre. Luego perdieron en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional. “Desde que tomamos la decisión de ser madres teníamos claro que no iba a haber reconocimientos legales, que nuestra hija no iba a ser protegida por ambas, que las acciones legales iban a ser un desgaste importante, pero era mucho más relevante conseguir la filiación en algún momento”, relata Patricia.

Cuando agotaron todas las instancias judiciales en Chile, escalaron la causa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque consideraban importante que el Estado chileno se hiciera cargo de lo ocurrido y pidiese disculpas públicas.

Estaban exponiendo su caso en Washington cuando llegó la pandemia y las prioridades regionales cambiaron. Las abogadas del caso, sin embargo, lograron tener una reunión con la comisionada de la relatoría encargada de la comunidad LGBTIQ. “La comisión le solicitó información del caso al Estado chileno y luego de esto, entendemos, éste tuvo la disposición para llegar al acuerdo que hoy se firma”, señala Sarmiento.

Esas disculpas llegaron este miércoles en La Moneda, donde participó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el canciller Alberto Van Klaveren, quien lideró las negociaciones por parte del Ejecutivo. También representantes del Registro Civil, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional; todos los estamentos por los que pasó la pareja, separada en 2021, durante el proceso legal. Las autoridades se comprometieron a implementar un conjunto de medidas orientadas a garantizar la no repetición de lo ocurrido, promover los derechos de las familias diversas y fortalecer la sensibilización institucional.

Patricia está orgullosa de que su hija vea los resultados de la batalla y que sus madres están para protegerla. “Espero que no haya retrocesos para la población LGBTIQ. Estas negociaciones tardaron años y sabemos que en un Gobierno de derecha hubiese sido mucho más complicado”, apunta la sicóloga, antes de asistir al acto de reparación.