Empobrecer el debate

Hace poco más de una semana la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza constituida a fines de 2023 entregó al gobierno de Chile una serie de recomendaciones para elevar estándares y perfeccionar la forma en que se mide la pobreza en el país, la que, para muchos estaba situada contra intuitivamente en solo 6,5% en el contexto de los datos de la Encuesta de Caracterización Económica (Casen) 2022.

Esas recomendaciones de la comisión alentaron la decisión de la autoridad de aplazar para enero de 2026, es decir para después de la primera y segunda vuelta de noviembre y diciembre próximos, la entrega de los resultados de la Casen 2024. Los argumentos que menciona el gobierno para fundar la postergación apelan a razones técnicas, básicamente a la necesidad de analizar en profundidad las propuestas de la comisión para ver cuáles se recogen y cómo ellas podrían impactar al conjunto de antecedentes que aporta la nueva encuesta.

Pero el tema no se cerró ahí y ha atizado un debate a nivel de expertos en políticas públicas, quienes si bien hasta ahora se han cuidado de mantener sus reproches en el terreno de lo técnico e institucional, ya se ha deslizado que existe un riesgo de que la resolución termine siendo leída en clave política, quizás porque ya se sabe que si se acogiera la totalidad de las recomendaciones de la comisión asesora, el nivel de pobreza que oficialmente se maneja para la Casen 2022 (6,5%), se multiplicaría por ¡3,5 veces!, para quedar en 22,3%.

Un aumento significativo, aunque no inesperado ni tampoco excepcional, porque en otros países la revisión metodológica también ha derivado en alzas sustantivas en el dato oficial de pobreza, como ocurrió hace un par de meses en Uruguay, donde la cifra se elevó desde un 8,1% a 17,3% tras adecuar la metodología.

Las recomendaciones de la comisión asesora que impactarían en la tasa final de pobreza, ha dicho su presidente, el economista Osvaldo Larrañaga, abarcan cuestiones distintas, como por ejemplo la necesidad de sustituir la norma calórica como criterio normativo para determinar cómo se mide la canasta alimentaria (algo razonable en un país donde el principal problema en este plano parece ser la obesidad y no la desnutrición); o cómo incide en la valoración de este indicador la condición de propietario o arrendatario de las personas.

Y aunque estas dos dimensiones, y otras incluidas en el informe, son las que explicarían buena parte del cambio que podría tener el titular de prensa del índice de pobreza, resulta difícil aislar este debate de otras cuestiones como el impacto que ha tenido, está teniendo y podría tener a futuro el crecimiento en el nivel de pobreza. De hecho, pocos discuten que el cambio desde un 68,5% de pobreza en 1990 al 6,5% de 2022 tiene como explicación (además de ajustes metodológicos que se han hecho a lo largo de estos años) el impacto del crecimiento de Chile, particularmente en los años 90 y en la primera década del 2000, además de las ayudas estatales.

La importancia del crecimiento y el rol del Estado son hoy elementos centrales en la actual discusión política del país, donde cada vez se conecta más el malestar y la frustración social con la mediocridad económica del país de la última década y con las ineficiencias del aparato fiscal a la hora de atender muchos de los problemas del país.

Dado lo anterior, y si bien el Gobierno ha dicho que su decisión es estrictamente técnica y que no tiene ingredientes políticos, lo expuesto por quienes no comparten lo resuelto por la autoridad parece razonable. Aplazar este debate no parece prudente. Son demasiados los temas que se eluden en la discusión pública por temor a lo que pasará o por la incapacidad de los agentes políticos de debatirlos con altura de miras. Pero demorar esta discusión en momentos en que los equipos programáticos afinan las propuestas de Gobierno que presentarán al país, puede privar de un insumo clave a ese trabajo.

La opinión pública, es decir los electores, ya tienen identificado al crecimiento económico, el desempleo, la vivienda y la seguridad pública como asuntos de la mayor relevancia que se deben atender y en torno a ellos la Casen 2024 aportaría luz y claridad. Así, de hecho, lo señala el propio Estado, que en sus portales asegura que “la encuesta Casen permite conocer en detalle la situación de los hogares y la población, especialmente los que se encuentran en situación de pobreza y los grupos definidos por la política social como prioritarios, en relación con aspectos demográficos, de salud, educación, vivienda, trabajo e ingresos, entre otros”.