Una semana de la ley de amnistía en Venezuela: más de 4.000 libertades plenas a perseguidos políticos

Martha Lía Grajales recuperó la voz perdida hace siete meses. Esta semana ha recibido la libertad plena tras solicitarla a través del proceso de amnistía, aprobado en Venezuela hace tan solo una semana. La restricción de hablar públicamente —un derecho fundamental para una defensora de derechos humanos— ha cesado, como consta en el documento que recibió de los tribunales el pasado martes.

Grajales, activista del colectivo Surgentes, fue detenida en agosto de 2025 y estuvo presa cinco días, aunque no debió estar ninguno. Con esta resolución terminan siete meses de silencio, durante los que además tuvo prohibido salir del país y estuvo obligada a presentarse cada 13 de cada mes —con el estómago revuelto, asegura— a poner su firma en los tribunales.

Una semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la comisión parlamentaria que monitorea el proceso ha recibido 8.110 solicitudes de personas detenidas que piden el fin de las medidas cautelares que por años han coartado su libertad. Las detenciones les han obligado a presentarse periódicamente en tribunales, o les han impedido hacer declaraciones en medios de comunicación, o salir del país, y se han convertido en una mancha en sus expedientes que les ha costado además la pérdida de sus empleos.

La ley aprobada tras tres semanas de debates intensos fuera y dentro del Parlamento, contempla la amnistía de procesados judicialmente durante 13 situaciones de protesta y tensiones políticas ocurridas entre 1999 y 2026, el tiempo que ha gobernado el chavismo.

Esas más de 8.000 solicitudes, que representa menos de la mitad del total de perseguidos de los que tienen constancia organizaciones como Foro Penal, se han otorgado ya 4.534 libertades plenas, que incluyen a Grajales y a las 223 personas que han salido de prisión la última semana. A pesar de que en los últimos dos meses se han producido unas 500 excarcelaciones, Foro Penal señala que todavía quedan 568 personas detenidas por motivos políticos, entre ellas una adolescente, 52 extranjeros, 182 militares y 13 que están en paradero desconocido.

A la activista Grajales la capturaron funcionarios no identificados tres días después de acompañar a un grupo de mujeres que exigían la libertad de quienes también fueron detenidos injustamente en las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024. La manifestación, organizada frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, fue atacada por colectivos, los grupos de civiles armados que, bajo las órdenes del chavismo, han sembrado el terror en Venezuela en los últimos años. A ella le robaron los documentos, el teléfono y la amenazaron.

Durante su detención estuvo incomunicada de su familia y sin acceso a defensa privada. En una audiencia telemática, a la que pudo asistir desde el teléfono de una de las funcionarias policiales que la capturó, supo que la acusaban de conspiración con gobiernos extranjeros, asociación para delinquir e instigación al odio. “Ahí me enteré además de que el teléfono que me habían robado los colectivos era parte de las evidencias, lo que es una confesión de cómo los grupos parapoliciales actúan con los cuerpos de seguridad”, cuenta a EL PAÍS.

La investigación se basó en el “ciberpatrullaje hecho a la página web” de su organización, como señala el expediente que pudo ver esta semana cuando se enteró de que la habían amnistiado.

“Durante todo este tiempo que estuve con medidas cautelares, seguí acompañando el proceso organizativo de las madres de los detenidos poselectorales, pero me pesaba mucho no poder ser yo quien decidiera cuándo hablar y cuándo no, producto de una restricción injusta”, relata. “Estoy feliz porque recibí mi libertad plena, pero es una felicidad parcial porque en el país sigue intacto el andamiaje jurídico que posibilitó que muchas personas y yo fuésemos perseguidas por nuestro pensamiento o posicionamiento político”, mantiene. “Aún siguen intactos los cuerpos de seguridad y el sistema de administración de justicia que siguieron órdenes injustas”, añade.

El proceso de amnistía ha empezado a fluir en Venezuela, aunque se denunciaron trabas al inicio de la semana, cuando los despachos de los tribunales con competencia en terrorismo cerraron sus puertas y se negaron a recibir solicitudes. Avanza en medio de la incertidumbre sobre las reformas que comienzan a dibujarse en el sistema de justicia —incluidas las renuncias del fiscal general y del defensor del pueblo— y de nuevas preguntas sobre quiénes quedarán por fuera del amparo de la nueva ley.

El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado, es otro de los que ha recibido una “boleta” en la que se decreta “el cese de todas y cada una de las medidas coercitivas que pesaban” en su contra. Este viernes, una comisión policial le leyó el documento en la puerta de su casa, donde estaba desde hace unas semanas con un grillete electrónico, luego de pasar año y medio en prisión.

Del grupo de alrededor de 2.400 personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se adjudicó la victoria sin presentar los resultados, hoy solo quedan nueve con medidas restrictivas, entre ellas Manuel Alejandro Bohórquez, de 31 años y sobreviviente de cáncer, cuya boleta de salida fue expedida, pero la enviaron a la cárcel equivocada. Este es el segmento más numeroso entre los presos políticos que aún tienen restricciones y deben recibir la amnistía.

Grajales asegura que el proceso en los tribunales ha sido más ordenado desde el martes, cuando se abrieron taquillas especiales para la recepción y distribución de documentos para la amnistía y así descongestionar los tribunales. Aquí llegan las solicitudes y los jueces tienen 15 días para decidir.

“A los muchachos del grupo de los detenidos poselectorales les han dicho que ya tienen la libertad plena y que solo deben buscar copia de su decisión en 15 días”, dice Grajales. “Pese a que el procedimiento ha funcionado bien, no les dejan ver sus expedientes y a varios de ellos les están exigiendo que lleven una resma de papel y cajas de bolígrafos para recibir sus amnistías y, al menos, a uno de ellos le exigieron pagar 50 dólares en un tribunal”, denunció la defensora.

Ventana para los militares

Este viernes, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, volvió a pedir la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y que el estado de emergencia vigente desde el 3 de enero sea revisado para asegurar el respeto al espacio cívico y a los derechos humanos. También subrayó que la sociedad civil y los grupos de víctimas deben poder participar significativamente en los asuntos públicos.

Entre los liberados esta semana figura un grupo de 11 cadetes de la Academia Militar del Ejército detenidos en la cárcel El Rodeo I. Fueron apresados hace más de un año bajo cargos de conspiración basados únicamente en capturas de pantalla de sus partidas del videojuego Call of Duty. Los jóvenes salieron de prisión con las cabezas rapadas, gritando consignas por la libertad y la justicia.

Estas liberaciones de militares en distintos estados abren camino para casos que en su mayoría quedan fuera de la ley de amnistía, porque fueron detenidos por hechos no especificados en ella y muchos han sido acusados de rebelión, un delito excluido de la posibilidad de perdón. Sus defensores ya han empezado a presentar solicitudes, y el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento de la ley, aseguró que la jurisdicción militar está evaluando la concesión de amnistías.

Para quienes salieron durante las primeras excarcelaciones con restricciones, el proceso para apelar a la amnistía no ha sido claro. La profesora Ysaira Villamizar, dirigente del partido Primero Justicia en Barinas, estuvo detenida cinco meses y fue excarcelada a principios de febrero. “Dejamos un petitorio con un abogado. Al día siguiente nos dijeron que no lo avalaron y que debemos volver a hacer la solicitud personalmente. El viaje es largo y costoso”, cuenta por teléfono, desde más de 400 kilómetros del tribunal que la encarceló injustamente.