Venezuela excluye de la amnistía a militares y a quienes instigaron una intervención extranjera

Caracas, 19 de febrero de 2026. Venezuela intenta abrir una nueva etapa tras el abrupto descabezamiento del régimen chavista. Un mes y 16 días después de que soldados de élite estadounidenses se llevaran a Nicolás Maduro para juzgarlo en Nueva York, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía que promete liberar a cientos de encarcelados por disentir y protestar contra el régimen. “Hay que saber pedir perdón, hay que saber recibir perdón”, dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al promulgar la norma. “Nos estamos desprendiendo de un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela”, subrayó.

La ley, sin embargo, no liberará a todos —unos dos centenares de militares acusados de rebelión quedan expresamente excluidos—. Tampoco supone un reconocimiento explícito de la represión. Quedan igualmente fuera quienes hayan instigado o facilitado acciones armadas contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial por parte de actores extranjeros, en lo que parece una clara exclusión de perfiles como el de María Corina Machado, a quien el chavismo acusa de haber pedido la intervención militar para Venezuela.

La amnistía, respaldada por unanimidad, extingue responsabilidades penales y permite liberar a personas procesadas o encarceladas por motivos políticos. El acuerdo llegó tras casi tres semanas de negociaciones sobre el alcance de artículos clave. En términos prácticos, cierra causas vinculadas a protestas o a delitos asociados a la confrontación política. También establece garantías para que quienes se acojan a la medida no puedan ser detenidos nuevamente por los mismos hechos y permite a los exiliados tramitar sus procesos a través de abogados.

La ley cubre hechos ocurridos entre 1999 y 2026, prácticamente todo el ciclo político dominado por el chavismo. En ese periodo se concentra un buen número de episodios de convulsión social y represión, incluida la oleada de detenciones tras las elecciones de julio de 2024 en las que Maduro se autoproclamó vencedor acorralado por acusaciones de fraude. La norma alcanzaría a la mayoría de los cerca de 600 presos políticos que, según las organizaciones de derechos humanos, aún permanecen en el país, aunque no a todos. Los límites de la norma han generado un aluvión de críticas en el ala más dura de la oposición.

Poco después de la aprobación de la ley, Rodríguez exhortó a su ministro del Interior, Diosdado Cabello, uno de los pilares de la represión chavista, que revise “los casos no contemplados” en el texto y que dé las “recomendaciones pertinentes, para curar heridas, para rencausar la convivencia democrática y para rencausar la justicia”. No está claro si con ese mensaje los excluidos encontrarán otra fórmula para su liberación o retorno seguro al país.

La redacción deja claro que se trata de un perdón y no de un reconocimiento de la persecución sufrida. Evitar que los presos políticos tuvieran que asumir su culpabilidad fue una de las batallas de la sociedad civil durante la negociación, pero no prosperó. “Después de inventarte un delito, te perdono por no haberlo cometido y de paso perdóname por encarcelarte, torturarte, asediar a tu familia, amenazarte en los medios del Estado y forzarte al exilio”, ironizó en X el político y periodista, del círculo de María Corina, David Smolansky. Tampoco se logró la derogación de varias leyes que han permitido encarcelar a decenas de personas por actos tan cotidianos como publicar una crítica en redes sociales o aplicaciones de mensajería, aunque se prevé que ese sea el siguiente debate parlamentario.

El chavismo, en definitiva, apela al perdón, sin renunciar a la advertencia. El presidente de la comisión que ha debatido la amnistía, el diputado chavista Jorge Arreaza, lanzó un aviso en su cuenta de X horas antes de que comenzase la sesión en la Asamblea: “La violencia y los atajos no constitucionales deben descartarse de la práctica política en el país. Los beneficiarios deben reincorporarse cívicamente, sin reincidir en conductas insurreccionales”.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, excarcelado a comienzos de mes y devuelto después a arresto domiciliario por convertir su liberación en un acto político, obtuvo su libertad plena apenas horas después de la votación. “Lo aprobado hoy no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, escribió en X. Desde el exilio, Pedro Urruchurtu, otro colaborador cercano de María Corina Machado, reclamó: “Según la fulana ley de amnistía, yo, siendo inocente, debo ‘ponerme a derecho’ y reconocer que soy un terrorista falsamente acusado por el régimen”.

La oposición que convive con el chavismo en el Parlamento y que arañó concesiones en cada uno de los 16 artículos sí ve un paso adelante. “Hoy es un día profundamente significativo para la gran mayoría de los venezolanos”, señaló en redes el opositor Stalin González. “Esta ley, aunque no es perfecta, es una herramienta para reconstruir la justicia y avanzar hacia esa Venezuela que anhelamos”, añadió, comprometiéndose a evitar que quede en “letra muerta”.

En un tono igualmente constructivo, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, que representa a buena parte de los presos políticos, advirtió: “A todos nos gustaría que las cosas fuesen distintas y que los escenarios fuesen más auspiciosos. Todos ansiamos un cambio inmediato, pero una de las lecciones que tenemos que aprender es que a veces se construye con lo que se tiene, no con lo que se quiere”. Himiob, en cualquier caso, resaltó que la aplicación de la ley a episodios temporales tan concretos convierte los 28 años de chavismo en una amnistía que deja 14 años “completamente fuera”.

La amnistía forma parte de una apertura calculada de un Gobierno interino que, sin Maduro en el poder, se mueve bajo la presión constante de Washington en varios frentes: judicial, securitario y, sobre todo, económico. Desde la salida forzada del líder chavista, se han producido cientos de excarcelaciones en cárceles de todo el país. Algunas discretas, otras anunciadas a cuentagotas. Casi siempre con restricciones, con cautelares, con silencios impuestos y tobilleras electrónicas, medidas que la amnistía debería anular. Los Rodríguez atribuyen sus gestos a decisiones ya tomadas por Maduro antes de ser capturado, pero Donald Trump no deja pasar la oportunidad de recalcar su propia influencia sobre Caracas. A pesar de que la prioridad de la Casa Blanca es el petróleo –y no el respeto a la democracia–, el republicano necesita un país estable para que prosperen sus planes económicos.