La falta de consenso retrasa la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad una parte del articulado definitivo de la ley de amnistía, anunciada hace un par de semanas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La previsión era que el texto se aprobase definitivamente en su segunda discusión, pero la falta de consenso sobre su alcance ha retrasado el trámite y la ley volverá a la cámara la semana que viene. El chavismo, que ha reconocido sus prisas para sacar la norma adelante cuanto antes, tiene mayoría para aprobarla, pero prefiere contar con el puñado de votos de la oposición.

Los diputados, dirigidos por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, votaron uno a uno los primeros artículos de la ley durante una hora y 27 minutos. La votación se ha interrumpido en el artículo 7, clave para determinar si el espíritu de esta ley es para perdonar a delincuentes o para liberar a perseguidos injustamente. El matiz, señalado estos días por especialistas y la sociedad civil, es sustancial: es muy distinto reconocer a los detenidos como víctimas de persecución política que como culpables perdonados.

La discusión continuará en los próximos días después de haber recibido 2.700 aportes por escrito de todo el país. Por el momento, el texto con el que se trabaja sigue limitando la amnistía a unos hechos muy concretos de la convulsa historia política venezolana. La norma revisará los casos desde el 1 de enero de 1999 hasta que entre en vigencia la ley. Pero en este periodo se han circunscrito meses y años específicos, como cuando ocurrió el golpe de Estado de 2002, el paro petrolero, las protestas a favor del revocatorio de Hugo Chávez y otros ciclos de manifestaciones antigubernamentales en 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024.

El texto aprobado este jueves recoge algunos cambios respecto a la primera propuesta. Las modificaciones son puntuales, pero flexibilizan la primera versión. Entre los objetivos de la ley se ha incluido una disposición de “favorecer la reintegración a la actividad pública” de las personas beneficiadas por esta ley, lo que les permitiría recuperar sus derechos políticos. También se estableció un plazo de 15 días para que los tribunales revisen los casos, anulen las condenas y sustituyan las sentencias por las amnistías. Además, se ha incluido la premisa de que, en caso de dudas en la interpretación y aplicación de la ley, prevalecerá la decisión más favorable para el acusado.

El consenso se ha roto en el artículo 7 de la propuesta, que es un punto medular. En él se establece que la amnistía abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía. Pero impone la condición de que se hayan sometido a la ley o lo hagan después de la entrada en vigencia. Esto llevaría a que personas en el exilio, por ejemplo, tengan que presentarse ante tribunales e incluso ser detenidos, para poder someterse a la amnistía. Sería el caso de María Corina Machado.

La discusión parlamentaria evidencia las fricciones que hay detrás del proceso, no solo entre diputados, sino también entre la sociedad civil. La votación de este jueves ha llegado en medio de movilizaciones estudiantiles en todo el país, que exigen la liberación de todos los presos políticos. Al mismo tiempo, una marcha chavista llegó hasta la cámara para respaldar la agenda del Gobierno. La semana previa también estuvo marcada por debates intensos. Los familiares de los presos políticos protestaron en la calle y dejaron en evidencia las limitaciones del proyecto presentado por el chavismo, que buscaba una aprobación exprés de una ley considerada histórica tras 27 años de conflicto político en Venezuela.

“Ratificamos que esta ley debe ser amplia, que debe incluir a los presos políticos y a los exiliados, a los que piensan distintos”, dijo la diputada opositora Nora Bracho antes de la lectura artículo por artículo para su aprobación. “Venezuela necesita estabilidad, que haya una transición democrática. Hoy no estamos votando solo una ley, hoy estamos votando una oportunidad histórica para el país”. Una amnistía sin “memoria y garantías de no repetición”, agregó, es “frágil”.

Una de las peticiones hechas por distintos sectores era la derogación de normas que han sido usadas para perseguir a opositores, como la ley contra el odio. Esto no ha sido recogido para la segunda discusión. La previsión, según algunos de los negociadores, es que esas leyes no sean derogadas con la ley de amnistía, pero sí que se incluya alguna fórmula para que los condenados por ellas puedan beneficiarse.

Las fricciones han sido evidentes en el seno del chavismo. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, comisionado por Delcy Rodríguez para avanzar en el proceso, se ha mostrado reacio a una amnistía amplia. En su programa Con el mazo dando cuestionó que se conceda el beneficio a quienes pidieron una invasión o participaron en la Operación Gedeón, la rebelión militar de 2020. “Aquí no va a haber olvido”, afirmó. También aseguró que el dirigente opositor Leopoldo López no podría ser objeto de amnistía ni recuperar derechos políticos. “La única garantía de paz la representa el chavismo”, sostuvo.

El fiscal Tarek William Saab, que ha dirigido buena parte de los procesos contra opositores, planteó otra visión. Dijo que la ley debe beneficiar a todos los sectores, incluido el chavismo. Afirmó que el objetivo es “tender la mano” a todos los factores políticos e ideológicos, incluso a quienes apoyaron acciones de invasión.

En la primera discusión, la semana pasada, el Parlamento aprobó por unanimidad la exposición de motivos sin conocer el resto del contenido. El texto completo se publicó al día siguiente y comenzó a debatirse entre distintos sectores. Recibió respaldos como el del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien visitó Venezuela durante 40 horas y celebró las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Rodríguez para la reconciliación.

Los diputados responsables del proyecto y la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz —integrada por funcionarios y simpatizantes chavistas, junto a miembros de la sociedad civil— han sostenido reuniones con ONG de derechos humanos, decanos de Derecho y familiares de presos políticos. El intento de abrir el debate, sin embargo, ha generado más incertidumbre. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, también ha revictimizado a quienes exigen libertad plena porque les ha obligado a tener que explicar sus casos ante sus propios verdugos.

En un comunicado previo a la segunda discusión, el Comité denunció que la convocatoria oficial para “conocer y estudiar” los casos traslada a las familias la carga de explicar detenciones arbitrarias. A su juicio, el Estado conoce —o debería conocer— las razones políticas que motivaron esos encarcelamientos.