El presidente Petro arremete contra el sistema electoral mientras el registrador Penagos exige respeto y autonomía

La preparación para las elecciones nacionales en Colombia enfrenta una nueva tormenta política. El presidente Gustavo Petro y el registrador nacional Hernán Penagos mantienen una fuerte discusión pública alrededor de la transparencia de las votaciones al Congreso, el próximo 8 de marzo, y a la presidencia, el 31 de mayo. El enfrentamiento tuvo su punto más álgido entre este jueves y este viernes. El mandatario aseguró, sin pruebas, y ante miles de simpatizantes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, que había “100% de riesgo de fraude electoral”. Horas más tarde, el encargado de la logística electoral reivindicó la independencia de la entidad que dirige: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo llevar a cabo las elecciones”.

Petro, elegido presidente en 2022 tras haber denunciado un fraude en esas mismas elecciones, ha retomado una narrativa crítica de la seguridad del sistema electoral colombiano a medida que se acercan las votaciones para definir su reemplazo. En 2025 llegó a decir que la Registraduría no estaba preparada para garantizar “el voto libre”, y esta semana insistió en el asunto luego de que el registrador, como parte de las explicaciones sobre las votaciones de este año, dio indicaciones a los jurados de votación, ciudadanos de todo tipo que prestan un servicio cívico el día electoral: no deben tachar ni rellenar las casillas en blanco de los formularios que se usan para guardar el total de votos de cada mesa, conocidos por su nombre técnico de E14. Penagos, un antiguo congresista del partido de La U, argumenta que anotaciones como guiones, rayas o equis no previenen el fraude, sino que dificultan la labor transparente de transmisión de los datos y la digitalización de las actas.

El presidente, al contrario, critica los espacios en blanco, pues señala que sirven para que alguien haga trampa, anotando números falsos en ellos. Pero su molestia va más allá de esos formularios, de los que los jurados de cada mesa hacen tres copias frente a testigos electorales acreditados por los partidos políticos, y que siguen caminos diferentes para evitar que la adulteración de uno de ellos incida en el resultado final. Su crítica pasa por una vieja reivindicación del político de izquierdas: la tecnología con la que se hacen las elecciones pertenece a una empresa privada que, alega, favorece a la derecha. “El software a editar no es solo el nacional, sino el que transmite puestos de votación, municipios y departamentos. Este software no es el de Indra sino el de Thomas Greg, que ya ha sido notificado como defectuoso. Que el software de cómputo lo tenga el que guarda, irregularmente, las bases de datos de los colombianos, es el mayor peligro de corrupción que hoy existe”, escribió Petro en su cuenta de X, cargando contra la compañía colombiana a la que quitó el contrato para elaborar los pasaportes.

Frente a miles de simpatizantes que lo acompañaron en la firma del decreto por el que mantuvo un inédito aumento del salario mínimo, Petro insistió en los cuestionamientos: “Ya vivimos fraude poniendo formularios con un guion; ahora imaginen con las casillas en blanco. No se trata de estimular el fraude, sino de desestimularlo. Comenté todas las flaquezas del actual sistema electoral con la misión que llegó hoy de Europa y le pido al ministro del Interior convocar la comisión de garantías. El software de conteo municipal y departamental debe ser auditado por los partidos y la ciudadanía”, señaló.

Como argumento, el jefe de Estado recordó, como ha hecho en múltiples ocasiones en el pasado, que en las votaciones de 2014 el partido cristiano Mira fue víctima de una irregularidad. En los escrutinios iniciales apareció que no pasaba el umbral exigido para llegar al Senado, algo que solo fue aceptado tres años después por un fallo del Consejo de Estado que le reconoció tres curules en la cámara alta. El presidente insiste que en las elecciones de 2022 su partido también fue víctima de un fraude, que logró impedir gracias al trabajo de miles de testigos electorales que recuperaron casi 500.000 votos. Efectivamente, hubo un error en la transmisión de datos de miles de formularios, en los que no contaron los votos por su partido, aparentemente debido a un fallo informático. Sin embargo, en el proceso de escrutinios se resolvió el problema, por lo que el oficialista Pacto Histórico no sufrió el inconveniente que enfrentó años atrás el Mira.

El registrador, por su parte, ha dado parte de tranquilidad sobre la transparencia de las elecciones. Durante la semana explicó las ventajas de no tachar los formularios, y dedicó la mañana de este viernes a responder las acusaciones del jefe del Ejecutivo. Aceptó que contrató a Thomas Greg y otras empresas para realizar las elecciones, como han hecho sus antecesores desde hace dos décadas, y recordó que su entidad es un órgano independiente y autónomo y que no tiene ningún superior. ”Se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior y eso no va a ocurrir".

La directora de la reputada oenegé Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que la narrativa de Petro busca quitarle legitimidad a los resultados electorales, sean los que sean. “Ese riesgo de fraude no existe. Puede que se presenten problemas, pero un riesgo frente a la forma en que se hace el proceso electoral, se transmiten los datos y se consolida la información, no hay en este momento ”, dijo en medios de comunicación quien fue fundamental para que el Pacto Histórico recuperara los votos en 2022.

Los gremios empresariales también han criticado las declaraciones del presidente. “No le conviene a la democracia sembrar dudas sobre la gestión electoral”, aseguró en X la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana y de la alianza de gremios Aliadas, Maria Claudia Lacouture. “Penagos ha demostrado seriedad, independencia y apego a la Constitución y la ley. Cuidemos la confianza institucional y no empañemos la labor de un ente autónomo, sometido a controles, veeduría y auditoría, con acompañamiento y observación internacional”. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, cuestionó al presidente: “La obligación del Ejecutivo, especialmente la de la Presidencia de la República, es defender y fortalecer el sistema electoral, no atacarlo, ni mucho menos ponerle obstáculos a su normal funcionamiento”.