Los clanes tradicionales contaminan las listas al Congreso de los partidos alternativos

Desde hace décadas en Colombia es común que los clanes familiares que dominan el poder en las regiones lleguen al Congreso de la República de la mano de partidos políticos tradicionales. Las cabezas de estas estructuras políticas, muchas veces investigadas por parapolítica, corrupción o enriquecimiento ilícito, han sido elegidas por los partidos Liberal, Conservador, la U y Cambio Radical, colectividades que suelen tener listas abiertas, en las que los ciudadanos votan por los candidatos individuales, con el propósito de recoger más votos de las maquinarias. El clan Blel, por ejemplo, mantiene el poder en el departamento de Bolívar, y tiene sus fichas en el Partido Conservador. La familia Gnecco, afincada en el Cesar, ha estado históricamente en La U; los Char, casi dueños del Atlántico y de Barranquilla, son el gran poder de Cambio Radical. Aunque en las elecciones del próximo 8 de marzo esos vínculos se mantienen, algunos de estos clanes, y otros más pequeños y locales, han aterrizado en las listas de los partidos alternativos que en teoría luchan por combatirlos.

La lista al Senado del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro, es un buen ejemplo de cómo estos poderes tradicionales han contaminado los proyectos políticos que antes los cuestionaban. El senador más votado en la consulta de octubre para definir el orden de la lista fue Pedro Flórez Porras, con 185.029 votos. Flórez no es dirigente de la izquierda ni representa a los campesinos, las víctimas del conflicto o los menos favorecidos. Es la ficha del clan Torres, uno de los grupos económicos y familiares más poderosos del Atlántico, que además fue clave en la financiación de la campaña de Petro de 2022. El senador, que ocupará el segundo renglón de la lista cerrada, también es cercano al ministro del Interior, Armando Benedetti. Los Torres lograron poner su otra ficha como el más votado para la Cámara de Representantes en el departamento caribe. Jaime Arturo Santamaría obtuvo 49.000 votos y aseguró su elección al Congreso en las próximas elecciones.

En los primeros puestos de la lista también hay dos mujeres relacionadas con estructuras políticas cuestionadas e investigadas. En el puesto 3 está Carmen Patricia Caicedo, hermana del exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, implicado en distintos escándalos de corrupción. La semana pasada, el también aspirante presidencial fue llamado a juicio por presuntas irregularidades en la construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el departamento en el que mantiene el poder desde hace más de una década. La siguiente mujer es Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, Johnnathan Vásquez, imputado penalmente por presunta compra de votos. Ahumada consiguió 70.000 votos, por encima de lideresas de izquierda como Aida Avella o Esmeralda Hernández. Su votación también le garantiza un puesto en el Congreso en 2026. Además, en el puesto 15 de una lista que podría recoger 20 o más senadores, está Kamelia Edith Zuluaga Navarro, una joven política desconocida que obtuvo más de 35.000 votos, muchos de ellos gracias a su cercanía con la familia Llinas, de la costa caribe. Según La Silla Vacía, Zuluaga hizo campaña con artículos decomisados por ser contrabando por la DIAN que dirigía en ese momento Luis Eduardo Llinás Chica, cercano al presidente Petro.

En la coalición de los partidos Verde, En Marcha y ASÍ también hay políticos relacionados íntimamente con los clanes. En el puesto 16 de la lista al Senado está Antonio Luis Zabaraín López, quien busca reemplazar a su padre Antonio Zabaraín, senador de Cambio Radical por varios periodos y muy cercano a Fuad Char, jefe del clan Char. Las maquinarias con las que Zabaraín aspira obtener una curul son heredadas del poder político que ha cultivado su padre, y también su madre, la excongresista conservadora Inés López, en la costa caribe. José Gutemberg Macea Gómez también espera llegar al Senado por esa lista. El exconcejal de Sincelejo ha recibido el apoyo del exsenador Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer, y de su esposa, la senadora Ana María Castañeda, de Cambio Radical.

Los senadores Gustavo Moreno y Jairo Castellanos, que esperan reelegirse por la misma coalición, también concentran un inmenso poder burocrático en el departamento de Santander. Hace pocas semanas, la Unidad de Víctimas multiplicó su personal sin una justificación conocida. En menos de un mes, y a pocas semanas de las elecciones legislativas, la entidad comprometió más de 22.500 millones de pesos —más de 10 millones de dólares— para realizar las contrataciones que han sido señaladas de responder a cuotas burocráticas de ambos senadores.

En la lista del partido La Fuerza, liderado por el candidato presidencial Roy Barreras, también hay candidatos que hacen parte de clanes familiares con problemas jurídicos. El caso más notorio es el de Milena Flórez Sierra, número 3 al Senado y esposa del exsenador de La U Musa Besaile, condenado y en juicio por múltiples escándalos de corrupción y cabeza del clan familiar. Los Besaile hoy tienen un senador -su hermano Jhonny—, gracias a su poder y votos en el municipio de Sahagún, Córdoba. Flórez, quien se dio a conocer con un video en el que aparecía llorando por una orden de captura contra su esposo, no tiene trayectoria política propia. Musa, condenado por pagar 2.000 millones de pesos al director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía para evitar una orden de captura en su contra y por vínculos con grupos paramilitares, está en juicio por participar en los escándalos de corrupción de Odebrecht y Fonade. Además, se declaró culpable por dirigir un entramado criminal conocido como cartel de la hemofilia, en el que inventaban pacientes enfermos para cobrar dinero al Estado.

De acuerdo con un informe reciente de la Fundación Paz y Reconciliación titulado Candidatos y candidatas cuestionados al Congreso de la República 2026, en estas elecciones cuatro de cada diez candidatos pertenecen a clanes o estructuras de poder. “Estos grupos han renovado sus listas con perfiles jóvenes sin procesos judiciales visibles”, dice el informe. Y concluye: “Persiste la puerta giratoria política, con familiares de mandatarios aspirando a cargos, lo que pone en duda la equidad en la competencia electoral”. Esta composición clientelar también ha permeado a los partidos independientes y alternativos que durante décadas se opusieron al poder de los clanes.