Un ex alto cargo de Transportes declara que Koldo le instó a duplicar la compra de mascarillas a la empresa de Aldama: “Ocho millones o nada”

Para contextualizar la quinta sesión del juicio a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama hay que situarse en el 19 de marzo de 2020. El estado de emergencia por la pandemia de covid-19 lleva seis días vigente y la curva de contagios continúa creciendo. El recuento oficial del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias suma ese día otros 19.980 contagios, 1.002 fallecidos, 10.542 hospitalizados (52% del total) y 1.141 personas en cuidados intensivos. No hay mascarillas; y las pocas que llegan tienen que ir por ley para los hospitales y centros de salud. Pero las administraciones necesitan para proteger a sus propios trabajadores de servicios esenciales. En esas horas casi de pánico, el ministro de Transportes encarga redactar una orden para hacer un gran pedido de mascarillas para todos los órganos y empresas dependientes de su departamento y a los trabajadores del sector. La preparan en 24 horas. Pero antes de que esté firmada, el asesor del ministro, Koldo García, ya ha postulado a la empresa Soluciones de Gestión, la recomendada por su amigo el empresario Víctor de Aldama y que está en el origen de la investigación que les ha llevado al banquillo.

La sesión de este martes ha entrado por fin de lleno en el epicentro de la investigación: la supuesta asociación criminal del ministro, su entonces asesor y un comisionista profesional para sacar tajada de los contratos de mascarillas firmados por Transportes en los peores días de la pandemia. En el Salón de Plenos del Supremo han comparecido, entre otros, dos ex altos cargos de Transportes que fueron destituidos por el actual ministro, Óscar Puente, a raíz de la auditoría encargada por este sobre las compras bajo sospecha: el exsubsecretario de Transportes Manuel Jesús Gómez y un exdirectivo de Adif, Micheaux Miranda. Cada uno en su papel, trabajaron en los contratos con Soluciones de Gestión que se están juzgando: una por parte de Puertos del Estado firmada el 21 de marzo de 2020 por 24,2 millones de euros y otra, seis días después, por Adif con un importe de 12,5 millones.

Ambos han avalado en el Supremo la legalidad del proceso, que, por otra parte, era bastante laxo porque el estado de emergencia permitía saltarse los controles habituales de la contratación pública y adjudicar a dedo. Pero uno de esos testigos, el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, ha señalado al asesor del ministro como la persona que le hizo llegar la oferta de la empresa de Aldama y que, cuando ya estaba sobre la mesa la orden firmada por Ábalos para comprar a esa compañía cuatro millones de mascarillas, le espetó: “La empresa dice que ocho millones o nada”. 38 minutos después, el ministro firmó una nueva orden que duplicaba el número de mascarillas.

Gómez está imputado en la parte de la trama que investiga la Audiencia Nacional, por lo que ha comparecido acompañado por su abogado y podía haberse acogido a su derecho a no declarar. Pero ha optado por contestar a todas las partes para sacudirse la responsabilidad que le ha endosado Ábalos durante la instrucción al señalarle como la persona en la que delegó el procedimiento de contratación. Lo mismo hizo el primer día de juicio una subordinada suya, que aseguró que la orden le vino ya redactada por su jefe. Gómez ha admitido este martes que redactó el marco normativo, pero se ha desmarcado de la decisión de contratar a la empresa vinculada a Aldama. La elección la hicieron Puertos del Estado y Adif, ha asegurado.

Según ha explicado el testigo, cuando Ábalos le encargó el 19 de marzo de 2020 organizar una gran compra, él y su equipo decidieron que la mejor manera era hacerla a través de Puertos del Estado por su experiencia en grandes adquisiciones, tesorería y capacidad logística. Tardaron menos de 24 horas en tener listo el documento. Pero cuando aún estaba cocinándose, Koldo García le llevó a Gómez la oferta de Soluciones de Gestión. El subsecretario, según ha declarado, se limitó a escanearla y remitirla por correos a Puertos del Estado.

La orden que se puso sobre la mesa de Ábalos y que este firmó a las 19.55 implicaba la adquisición y distribución de cuatro millones de mascarillas. Pero, a las 20.33, se anula ese documento y se redacta uno nuevo, idéntico al anterior, pero que duplica la compra, de cuatro millones a ocho. “¿Cómo se pasa de una cifra a otra?”, le ha preguntado el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. “Mi equipo estimó unas necesidades de cuatro millones para 15 días o de ocho para un mes. Yo, por prudencia, preparé la orden de cuatro millones. Pero luego Koldo me indicó que la decisión final eran ocho millones de mascarillas y la cambiamos”, ha explicado Gómez. A preguntas de Luzón, el testigo ha afirmado también que cuando el asesor le comunicó ese dato, él entendió que le transmitía “la voluntad del ministro”. El abogado del abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha conseguido arañar al menos una afirmación a su favor: Gómez ha admitido que el cambio de la cifra no fue una “modificación” en la postura del exministro, sino una “rectificación” porque la primera decisión la tomó él unilateralmente sin consultarla con Ábalos.

Gómez participó también en la compra por parte de Adif, aunque de nuevo ha señalado que su intervención se limitó a redactar la orden, cifrar las necesidades en cinco millones de mascarillas y decidir que fuera Adif la empresa que firmara el contrato. En la tramitación de esta compra estuvo otro de los testigos clave de este martes, el exdirector de personal de la compañía de infraestructuras ferroviarias Michaux Miranda, también imputado en la Audiencia Nacional.

Según ha relatado, fue la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien le facilitó el contacto de Soluciones de Gestión poco después de que le encomendaran organizar la compra de cinco millones de mascarillas. Posteriormente, recibió otra vez la misma referencia por parte del entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, pero ni el uno, ni la otra, ni los acusados que se sientan en el banquillo le presionaron para que eligiera a la empresa de Aldama, ha asegurado. Tampoco le dieron ni le prometieron comisiones por elegirla.

Según su versión, optó por ella porque le pareció solvente. “Teníamos otra empresa y dudamos si dividir la oferta, pero en el ultimo momento le dijeron al director geneal que ya estaban llegando las mascarillas de Puertos del Estado y como ya tenían la logística lo hicimos así”. Aunque había un informe que advertía de que la empresa de Aldama tenía un riesgo “alto” de impago, Miranda ha explicado que el contrato eliminaba ese riesgo porque solo se pagaba a medida que se recibía el material.

Aldama, el “acusador sobrevenido”

La sesión, celebrada en horario de tarde, ha dejado algún que otro momento confuso a raíz de la comparecencia de varios testigos que no tenían nada que ver con los hechos que se juzgan. Unos, directamente por error de las defensas, que son los que los han reclamado; y otros, por el intento de los abogados de hacer una pirueta que les ha salido mal. Ese ha sido el origen de la citación del actual presidente de Adif, Pedro Luis Marco de la Peña y su jefa de gabinete, Rosa Montero. Ninguno de los dos tuvo nada que ver con los contratos de mascarillas, pero el objetivo de su comparecencia, reclamada por los letrados de Ábalos y Koldo García, era otro: minar la credibilidad de Aldama, el “acusador sobrevenido”, como le ha llamado el abogado del exministro, Marino Teruel, en referencia a la autoimplicación del comisionista en la trama, una reducción en la petición de pena que reclaman para él Anticorrupción y la acusación popular (siete años frente a los 30 que afronta Ábalos).

El letrado ha preguntado a ambos testigos por el informe que elaborado en 2024 por la empresa de infraestructuras ferroviarias sobre las obras que, según la documentación que Aldama entregó al Supremo, habían sido preadjudicadas por el exministro y su antiguo asesor a cambio de mordidas. El informe de Adif descartó irregularidades en esas adjudicaciones. Y esto es lo que los abogados querían que ratificaran los testigos. ¿Con qué objetivo? “Lo que se está intentando, con toda probabilidad con poca fortuna, es determinar el grado de credibilidad de Aldama, que es un acusador sobrevenido en esta causa”, ha admitido el letrado, ante el desconcierto del tribunal y del propio testigo y el visible enfado de Luzón.