Los militares y sus familiares son los grandes excluidos de la ley de amnistía en Venezuela

La ley de amnistía ha entrado en vigencia y el Gobierno ha asegurado que más de 300 presos serán excarcelados esta fin de semana. A los tribunales han comenzado a llegar solicitudes, según el diputado chavista Jorge Arreaza, quien dirige la comisión que evaluará los casos.

La ley es selectiva y excluyente. Por sí sola no podrá saldar la enorme deuda de violaciones de derechos humanos de los últimos 27 años de Gobiernos chavistas. “Hay inclusiones tan específicas que terminan excluyendo”, dice Alfredo Romero, representante de Foro Penal, la ONG que ha defendido a la mayor parte de los perseguidos políticos venezolanos. En la norma se han listado 13 situaciones ocurridas en 14 años del período de más de dos décadas que se pretende revisar que comienza el 1 de enero de 1999 y termina ayer, cuando se promulgó la ley. De esos 14 años señalados para la amnistía se han circunscrito algunos pocos meses relacionados mayoritariamente con protestas. Sindicalistas y trabajadores judicializados por defender derechos laborales, personas acusadas por incitación al odio por alguna opinión en redes sociales y los involucrados en casos militares son los grandes excluidos de la ley.

Entre los que han quedado por fuera están los sentenciados a 30 años de prisión por la Operación Gedeón ocurrida en 2020. Esta fue una incursión marítima en lanchas de militares retirados y civiles con apoyo de ex boinas verdes estadounidenses —que han sido liberados en intercambios de prisioneros entre Washington y Caracas. En la incursión querían derrocar al Gobierno y no alcanzaron siquiera a desembarcar. En este caso han involucrado a Josnar Baduel, hijo del ex ministro de Defensa de Hugo Chávez Raúl Isaías Baduel, un preso político que murió en prisión, y hermano de Raúl Emilio Baduel, que también estuvo en la cárcel por participar en protestas y fue liberado a través de un indulto de Nicolás Maduro en 2020.

“Hay pérdidas irreparables en mi vida en estos 18 años de persecución que ha vivido mi familia. Nada va a hacer que me devuelvan a mi papá y ahora mi hermano sigue preso en el Rodeo 1, que es un centro de tortura ejemplarizante. Está en una celda de 2 por 2 metros, en una cama de cemento con una letrina”, cuenta Andreina Baduel, periodista y parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Josnar Baduel fue condenado hace dos años a 30 años de prisión por la Operación Gedeón con delitos como rebelión. Lo hicieron sin pruebas y sin que el acta de su detención fuera consignada en el expediente, asegura su hermana. “Josnar fue torturado cuando estuvo en el Helicoide. Necesita cuatro operaciones para atender las secuelas. Tiene roto los ligamentos de un hombro y de las rodillas, distintos tipos de hernias, una afección pulmonar y una lesión en los testículos donde le colocaron electricidad”.

Con Josnar hay sentenciados otras 32 militares y civiles, hombres y mujeres. Sus familias denunciaron hace días que desde hace más de seis meses no tenían contactos con ellos, porque habían sido movidos de cárcel sin informar. Pero por este caso, a finales de enero, excarcelaron a Carla Da Silva que estaba presa en Rodeo 1 y se mantiene con medidas cautelares.

“Los militares y sus familias son los grandes excluidos y eso es una gran discriminación inconstitucional sobre todo cuando se está hablando de convivencia nacional”, denuncia Romero. Se cuentan 185 militares presos, pero en gran parte de estas causas también se ha detenido arbitrariamente a familiares y allegados como medida de presión que elevan la cuenta a cerca de 400 personas que de entrada están excluidos por la ley. Una de ellas es Maikelys Borges, pareja del ex teniente exiliado Cristian Hernández, cuyas dos hermanas y un tío también fueron apresados. A Borges la detuvieron en 2025 cuando tenía dos meses de embarazo para que este se entregara. Parió en la cárcel y esta semana ha recibido una medida de arresto domiciliario junto con su bebé de seis meses.

También están quienes han cumplido condena y siguen presos como el hijo de Bianca Lozano, un capitán de la Aviación y especialista en Sukhoi retirado. A Ronald Marrero Lozano lo detuvieron en 2021 cuando regresaba de Colombia, donde había ido a visitar a la familia de su esposa. “Lo acusaron de estar pasando información sensible a un Gobierno extranjero. Él se había salido de la Fuerza Armada porque el sueldo no le alcanzaba para vivir y sostener a su familia y a mí”. Otro caso es el de teniente Coronel Igbert Marín Chaparro, detenido sin orden de aprehensión en 2018 en su lugar de trabajo y condenado a 7 años y 6 meses por el delito de instigación a la rebelión. Durante su detención le abrieron una nueva causa y a pesar de que la CIDH ha dictado medidas de protección no han sido acatadas.

Foro penal contabilizaba hasta el viernes a más de 600 personas todavía en prisión. Pero otro número importante de casos que han comenzado a conocerse ahora y están en revisión podría aumentar no solo la lista de detenidos por motivos políticos sino de excluidos de la ley de amnistía. Desde el 8 de enero, cuando comenzaron las excarcelaciones, han salido 448 personas.

Para Romero, el procedimiento también deja la puerta abierta para más exclusiones. “Las amnistías dependen de la discrecionalidad del victimario que es el juez, que es el que va a determinar si la ley de te favorece o no”, señala el abogado. “Hasta que no se desmantele el sistema represivo del que son parte los tribunales y las cárceles no se va a lograr una verdadera amnistía”. Hay personas encarceladas que no han tenido acceso a la defensa ni a sus expedientes para saber si pudieran beneficiarse con la ley. “Al argentino Nahuel Gallo no sabemos si le aplica la ley, porque nadie ha tenido acceso a él ni ha tenido derecho a la defensa”, agrega. También hay quienes se han ido al exilio sin saber con certeza si están siendo investigados.

El artículo 9 que señala las exclusiones por delitos también dejará fuera de la amnistía a buena parte de los detenidos políticos. La ley señala que no podrán ser recibir la amnistía los acusados por violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio intencional y lesiones gravísimas, narcotráfico y corrupción, con los que se han acusado sin pruebas a varios presos políticos.

Pero además hay coletilla que refuerza discrecionalidad de la ley. Se establece que no recibirán amnistía quienes “estén o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”. Este artículo recoge las disposiciones de la represiva Ley Simón Bolívar que el chavismo aprobó en 2024 para acusar a la líder María Corina Machado por “conspirar” con Estados Unidos. Sobre Machado y su equipo tampoco se sabe con claridad cuáles investigaciones tienen abiertas.