Costa Rica ante unas elecciones decisivas: “La democracia está en riesgo”

Costa Rica se enfrenta el domingo a una elección clave en la que se elegirá la continuidad de un sistema democrático aplaudido en el continente americano o si el país cederá a la tentación autoritaria que representa el actual presidente, Rodrigo Chaves. El mandatario populista, que cuenta con una simpatía cercana al 50%, propone sin ambages desmantelar el sistema de contrapesos institucional para instaurar un poder de corte autocrático, con políticas de mano dura contra el crimen más cercano a El Salvador de Nayib Bukele que a la moderada y sosegada tradición política costarricense. “La democracia está en riesgo”, advierte la expresidenta Laura Chinchilla. “Son las elecciones más determinantes que el país ha tenido en muchas décadas”, afirma el expresidente Luis Guillermo Solís, debido a un escenario político marcado por una polarización inédita en el país.

Chaves ha desarrollado una forma de gobernar en confrontación con los poderes del Estado, principalmente el Poder Judicial, al que ha señalado de actuar con arbitrariedad e incluso lo acusó de organizar un supuesto “golpe judicial” en su contra tras una investigación por presunta corrupción en el financiamiento de su campaña. El mandatario llegó a liderar el año pasado una marcha ante el Poder Judicial para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, que maneja numerosas investigaciones penales contra Chaves y expedientes de calado relacionados al crimen organizado, que tiene sumido al país en sus peores años de violencia.

Chaves ha expresado públicamente su intención de redactar una nueva Constitución o impulsar reformas constitucionales profundas, mientras que sectores oficialistas han promovido reformas a la Constitución para permitir la reelección presidencial continua. “Ya es hora de hacer una Constitución nueva”, ha exigido en diversas ocasiones. El presidente ha pedido obtener un “poder absoluto” para su movimiento político en las elecciones del domingo, lo que permitiría empujar reformas para concentrar facultades en el Ejecutivo. Mantiene un discurso hostil hacia la prensa y la sociedad civil, que genera preocupación por retrocesos en libertades democráticas. A ello se suma una estrategia política basada en la polarización, que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y proyecta un riesgo para la estabilidad democrática del país.

Chinchilla y Solís conversaron con EL PAÍS en San José para analizar el estado de la democracia costarricense en vísperas de las elecciones del 1 de febrero. El expresidente Solís explica que el país atraviesa un proceso de choque permanente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el Legislativo y los órganos de control, acompañado de un discurso que responsabiliza a gobiernos anteriores de los problemas actuales. “Hay una permanente crispación en cuanto a culpabilizar a todos los gobiernos anteriores de todos los males imaginables”, afirma, una narrativa que —añade— busca justificar la falta de resultados del actual Gobierno. Aunque reconoce que algunos de los problemas señalados por Chaves son reales, advierte que su uso político es exagerado y funcional a la confrontación.

Uno de esos temas es el de la inseguridad. Costa Rica sufre un deterioro sostenido de la seguridad que ha roto uno de los consensos más arraigados de su democracia: la idea de un país relativamente ajeno a la violencia criminal de la región. Era “la excepción costarricense”. En los últimos años, sin embargo, los homicidios han alcanzado niveles inéditos, el narcotráfico ha consolidado su presencia en puertos y barrios urbanos y las disputas entre bandas han redefinido el mapa del delito.

La respuesta del Estado ha sido fragmentada y reactiva, sin una estrategia clara de prevención ni un fortalecimiento proporcional de la policía y del sistema penitenciario. El impacto se percibe ya en la vida cotidiana, con comunidades marcadas por el miedo y una ciudadanía que empieza a cuestionar la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad. El Gobierno de Chaves ha prometido un sistema de mano dura contra el crimen copiado del régimen de Bukele e incluso ha prometido la construcción de una cárcel al estilo de la controvertida Cecot.

El balance de gestión del Gobierno, en opinión de Solís, es pobre. “Yo lo veo con muy pocas realizaciones”, asegura, y sostiene que muchos proyectos de infraestructura adjudicados al Ejecutivo actual “son fruto de procesos que venían desde administraciones anteriores”. Denuncia además un “desfinanciamiento evidente” de políticas sociales, becas, alimentación escolar y programas para poblaciones vulnerables. En seguridad, afirma que “los números han saltado a los niveles actuales durante los últimos tres años y medio”, lo que atribuye a una mala gestión, aunque reconoce factores regionales como el narcotráfico.

Un punto de inflexión

Las elecciones del domingo se realizarán en ese contexto de polarización y temor ciudadano. La expresidenta Chinchilla advierte de que las elecciones representan un punto de inflexión democrático para el país, tras cuatro años de una forma de gobernar que, según afirma, no tiene precedentes en la historia reciente costarricense. “Hemos pasado cuatro años viendo cosas que nunca antes habíamos visto y escuchando cosas que nunca antes habíamos escuchado”, señala, en referencia a los ataques abiertos del Poder Ejecutivo contra los contrapesos institucionales.

Chinchilla describe una ofensiva sistemática contra “todo aquello que significa control del poder”: medios de comunicación, órganos de control administrativo, partidos de oposición, jueces, fiscales y, más recientemente, el Tribunal Supremo de Elecciones. A su juicio, la gravedad no radica solo en la retórica, sino en el efecto que esta ha tenido sobre la percepción ciudadana. “Lo que más nos preocupa es que se ha ido sembrando en los costarricenses una animadversión hacia instituciones tan importantes para la democracia”, afirma.

La exmandataria sostiene que existen hechos concretos que confirman que el proyecto oficialista va más allá del discurso. Enumera intentos de afectar el modelo de negocios de medios de comunicación, el uso de escoltas para proteger a la contralora general tras recibir amenazas, denuncias de espionaje político con la policía de inteligencia y la instrumentalización de visas estadounidenses para castigar opositores.

Sobre el estado actual de la democracia, Chinchilla es clara: “Es delicado”. Reconoce que Costa Rica cuenta con instituciones imperfectas y con déficits —especialmente en el Poder Judicial—, pero subraya que, hasta ahora, han resistido. “En estos cuatro años, esas instituciones hicieron su trabajo”, afirma, destacando el papel de jueces, fiscales, la Contraloría y los medios de comunicación. Sin embargo, lanza una advertencia central: “La pregunta es si el país podrá resistir cuatro años más. Yo temo que sea difícil hacerlo”.

Para el expresidente Solís, la elección definirá si Costa Rica continúa por la senda del proyecto oficialista o si retorna a un marco de mayor normalidad democrática. “Estas elecciones van a marcar un punto de inflexión: o se le da continuidad al proyecto de Chaves o se vuelve a un momento de mayor normalidad política, más dialogante y menos crispado”, explica. A su juicio, el dilema no es si atender o no los problemas estructurales del país, sino hacerlo “dentro de la institucionalidad y con respeto al Estado de derecho”.

Un plebiscito para Chaves

Chinchilla considera que el oficialismo convirtió deliberadamente la elección en un plebiscito sobre la figura presidencial. “La estrategia fue hacer de esta elección no una elección para elegir presidente, sino un referéndum a favor o en contra del presidente”, afirma. Según explica, el mandatario se colocó en el centro de la campaña mientras la candidata oficialista, Laura Fernández, permanecía prácticamente invisible, evitando debates. “El objetivo no era que votaran por la candidata, sino que votaran sí o no al presidente”, resume.

En un eventual triunfo del oficialismo, Chinchilla identifica como principal riesgo la concentración de poder. “Sin duda”, responde cuando se le pregunta si existe ese peligro. Subraya que no se trata de una sospecha, sino de una propuesta explícita: “Ellos quieren reformar la Constitución, cambiar los mecanismos de elección de magistrados, debilitar los órganos de control, sacar a la Fiscalía y a la Sala Constitucional del Poder Judicial”.

Advierte además que el próximo cuatrienio será especialmente sensible, ya que se renovará más de la mitad de los magistrados y se nombrarán autoridades clave de control. “Ahí sí me temo que pueden haber daños irreversibles”, afirma. Chinchilla contextualiza el fenómeno dentro de una tendencia global. “No es ajeno a Costa Rica. Es parte de un movimiento mundial que utiliza los mecanismos de la democracia para socavarla desde adentro”, explica, subrayando que incluso democracias más antiguas y sólidas han caído en derivas autoritarias.

Chaves llega a la elección del domingo con un alto nivel de aprobación, lo que espera que se traduzca en apoyo a la candidata oficialista. Del otro lado, una veintena de partidos esperan rascar votos suficientes para forzar una segunda vuelta. Fernández necesita el 40% de los votos para evitarla.

Solís explica esa la alta popularidad del presidente como resultado de una combinación de factores. “Chaves se presenta como el hombre fuerte, el antisistema, capaz de resolver los problemas a punta de medidas efectistas que no existen en la práctica”, afirma. A ello suma el enojo ciudadano con la política tradicional y una estrategia de comunicación agresiva. “Hay miles de troles muy bien financiados, con asesoría internacional, sosteniendo una campaña permanente de propaganda”, dice, comparando el modelo con el de Nayib Bukele.

El exmandatario advierte de que en esta elección el abstencionismo y la indecisión electoral pueden ser decisivos. “Cada 5% de abstencionismo son 150.000 votos que se quedan al margen”, advierte, un fenómeno que favorece al oficialismo, cuyo apoyo es “su voto duro”. En ese contexto, insiste en que la elección del 1 de febrero no solo definirá un Gobierno, sino el rumbo democrático del país: “Costa Rica puede mandar una señal de que es posible frenar el ímpetu autocrático y defender la convivencia democrática”.