Costa Rica acude sin entusiasmo a una elección marcada por el desencanto y la amenaza autoritaria

La campaña electoral más larga de la historia reciente de Costa Rica llega a su cierre envuelta en un clima de recelo, cansancio ciudadano y denuncias graves, entre ellas una presunta conspiración para asesinar al presidente, Rodrigo Chaves. Aunque el mandatario no puede optar a la reelección inmediata, se ha convertido en el protagonista indiscutible de la contienda, que definirá este 1 de febrero al próximo jefe de Estado y a los 57 diputados del período 2026-2030, en una apuesta por la continuidad del llamado chavismo costarricense: un movimiento que desafía las tradiciones políticas del país y cuestiona el sistema institucional de pesos y contrapesos.

Lo que durante décadas fue descrito como una “fiesta electoral” se percibe hoy como un pulso que entusiasma a pocos, salvo al segmento de población afín a Chaves, que cierra cuatro años de gobierno con una aprobación de casi el 60%. Veinte partidos compiten en un escenario dominado por el oficialismo y una oposición fragmentada que cruza los dedos para evitar un triunfo en primera vuelta de la candidata Laura Fernández, una exministra leal al mandatario que ya anunció su deseo de nombrarlo en un alto cargo a partir de mayo.

El chavismo, sin embargo, se frota las manos con los resultados de una encuesta publicada el miércoles por la Universidad de Costa Rica (UCR), que acredita a Fernández el 40% necesario para una victoria sin necesidad de balotaje y muestra una alta probabilidad de que su movimiento político, Partido Pueblo Soberano (PPSO) alcance una mayoría parlamentaria. Esto le permitiría avanzar en profundas reformas institucionales ante el temor de sectores críticos sobre una deriva autoritaria en uno de los países históricamente más estables de Centroamérica.

Pese a que casi un tercio del electorado aguarda los debates televisivos finales y las últimas encuestas, en las calles apenas se advierten señales de la inminencia de los comicios. Las pocas banderas visibles —en viviendas o vehículos— muestran mayoritariamente el color turquesa del PPSO. El objetivo del oficialismo claro: continuar la “revolución pacífica” que invoca Chaves, pero sin el contrapeso opositor en el Congreso que sí debió enfrentar en estos últimos cuatro años.

El resto de la población parece optar por la discreción. Algunos porque aún no tienen decidido su voto; otros, por desinterés; y no pocos por temor a exhibir una postura que los exponga en el espacio público a la hostilidad que domina en las redes sociales.

Clima crispado

Al menos cuatro candidatos opositores aseguran que ese temor es real. Juan Carlos Hidalgo, aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, derecha), ha evitado revelar los nombres de sus eventuales ministros por miedo a represalias contra ellos y sus familias. Dirigentes del partido Nueva Generación afirman que sus simpatizantes sienten “terror” de mostrar símbolos partidarios ante amenazas y agresiones verbales de seguidores del oficialismo. El conservador José Aguilar Berrocal, casado con una prima del presidente salvadoreño Nayib Bukele, denunció esta semana presiones desde círculos afines al Gobierno. “Estamos en un ambiente muy peligroso”, afirmó Aguilar. “Personas que se nos han acercado han recibido llamadas con amenazas para disuadirlas de participar, diciéndoles que les cerrarán los negocios o que tendrán repercusiones personales”, explicó el político.

Aguilar compite en un sistema profundamente transformado, lejos del bipartidismo del siglo XX que dio forma a un modelo democrático admirado en la región, pero que Chaves ha descalificado como una “dictadura perfecta” de la que, según él, el país despertó gracias a su llegada al poder. El clima de tensión también alcanza a la prensa. Fuentes periodísticas reconocen rechazar entrevistas por temor a represalias del oficialismo, en un contexto en el que Estados Unidos ha retirado la visa a al menos una decena de figuras criticadas por Chaves en sus habituales discursos semanales, entre ellos Óscar Arias, expresidente y Premio Nobel de la Paz. Reporteros que cubren actos del PPSO aseguran, bajo anonimato, sentirse expuestos a violencia de quienes señalan como “prensa canalla”, el calificativo que el presidente utiliza para referirse a los medios críticos.

Temor a la deriva populista

El principal temor entre la ciudadanía sigue siendo la expansión del crimen organizado, responsable de la peor ola de violencia en la historia reciente del país y de la sensación de que aquella Costa Rica tranquila en la que crecieron generaciones enteras está en riesgo de desaparecer. Chaves ha explotado ese temor y promete una política de mano dura al estilo del salvadoreño Nayib Bukele, que ha exportado a Costa Rica su modelo de megacárcel: Bukele viajó el 14 de enero a San José para poner la primera piedra de un proyecto inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que simboliza las políticas represivas de su Gobierno impulsadas contra la violencia de las pandilla y consideradas como “admirables” por la Administración costarricense.

Sectores ajenos al oficialismo tienen la inquietud de que las elecciones consoliden un proyecto político que consideran incompatible con la democracia liberal costarricense. “Esta elección definirá si Costa Rica rectifica la deriva populista o se hunde de manera más o menos definitiva”, advirtió Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en un programa de radio. “Defender la democracia exige madurez: voto estratégico y renuncia a dogmatismos. El peor escenario sería que una agenda populista controle la Asamblea Legislativa y tenga capacidad para reformar la Constitución con criterios autoritarios”. El TSE es una de las instituciones que han sido blanco del arsenal retórico de Chaves, junto a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría, los sindicatos, las universidades y los analistas críticos.

El oficialismo resume su ambición en una consigna recurrente: “tic-tac”, el tiempo que resta para conquistar el poder total y avanzar en reformas profundas. En la mira está, especialmente, el Poder Judicial, al que Chaves acusa de “corrupto y servil”, aunque también recurre a él para denunciar supuestas conspiraciones en su contra. En octubre, Fernández denunció un presunto espionaje en su oficina; esta semana, el Gobierno acusó a una mujer de 62 años, activista crítica del presidente, de planear su asesinato, basándose en supuestas capturas de pantalla de una conversación que mencionaba a un sicario. Ambas denuncias han generado dudas por la falta de pruebas sólidas electorales.

En noviembre también fue denunciado el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga —otro blanco habitual de Chaves—, por presuntos abusos sexuales denunciados de forma coordinada por cuatro mujeres, en un caso que la oposición considera alentado desde sectores afines al Gobierno.

Está por verse aún la postura de Estados Unidos en esta elección. Donald Trump interfirió en los comicios presidenciales de Honduras a favor del candidato conservador, Nasry Asfura, quien triunfó tras un caótico proceso de recuento de votos. Chaves espera tener el favor de Washington, que en un informe del Departamento del Tesoro estadounidense describió a Costa Rica este jueves como “un punto un punto clave de transbordo de cocaína a nivel mundial, se ha convertido en un punto de paso cada vez más importante para las organizaciones criminales que trafican cocaína a Estados Unidos”.

En ese escenario polarizado la ciudadanía acude al final de la campaña electoral, con dudas entre apoyar al economista Álvaro Ramos; a la Coalición Agenda Ciudadana, liderada por Claudia Dobles, ex primera dama y figura del progresismo urbano; o al Frente Amplio, cuyo candidato, Ariel Robles, ha sido uno de los críticos más duros de Chaves desde 2022. Ninguno supera el 8% de intención de voto, pero batallan por una segunda vuelta si la oficialista Fernández no alcanza el 40% necesario.

La desconfianza hacia los partidos, la proliferación de candidaturas poco conocidas, el ruido de denuncias cruzadas, la urgencia por una respuesta al crimen organizado y la irrupción de actores religiosos —con la Iglesia católica defendiendo la democracia y sectores evangélicos alineados con el oficialismo— completan un panorama incierto. “Cuanta más información veo, más inseguro estoy”, admite Martín Chacón, empleado bancario, en un mercado dominical de San José. “Antes las elecciones eran más alegres. Ahora no sé cómo hay gente que se entusiasma”. Tras una pausa, añade: “Pero voy a votar. Sé que es un privilegio. Mire Nicaragua: es una tristeza”.