La ONU denuncia desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia durante el estado de excepción en Honduras

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras durante 2025, en el marco del llamado estado de excepción, una medida de seguridad impulsada por el gobierno hondureño de la expresidenta Xiomara Castro que buscaba replicar el modelo aplicado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en la región. El informe señala ocho casos de desapariciones forzadas, cinco de tortura, tres ejecuciones extrajudiciales y dos muertes bajo custodia del Estado, todas con la presunta participación de agentes de la Policía y el Ejército.

Para la realización del informe, la ONU realizó 82 misiones en el terreno, incluyendo 19 visitas a prisiones del país, consultas con instituciones del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil y víctimas. “Las violaciones habrían sido cometidas durante allanamientos y detenciones sin orden judicial, amparados en la discrecionalidad que otorga el estado de excepción”, señala el informe.

Al menos 13 de los casos documentados ocurrieron en las ciudades de Choluteca, Intibucá, San Pedro Sula y Yoro, y en los departamentos de Francisco Morazán y Olancho. Las violaciones habrían sido cometidas por los cuerpos militares y de la Policía “con el propósito de conseguir información sobre una supuesta pertenencia (de las víctimas) a una mara o pandilla, obtener confesiones sobre la comisión de delitos relacionados con la posesión de drogas, armas o extorsión, entre otros”.

Un día después de la presentación del informe, medios locales reportaron que la Corte Suprema de Justicia acordó “sobreseer el estado de excepción”. Aunque no se explicó en detalle lo que implica la sentencia y el órgano judicial no emitió ninguna comunicación oficial, algunos analistas señalan que esto podría implicar una amnistía general para las autoridades que cometieron delitos durante los 24 meses que duró la medida.

El estado de excepción fue implementado en Honduras en diciembre de 2022, luego de una crisis ocasionada por un repunte en las denuncias por extorsión. Desde entonces, el Gobierno renovó la medida 24 veces, imitando lo que ocurre en El Salvador, donde se ha renovado ya más de 40 veces. En Honduras, sin embargo, lejos de debilitarse, las estructuras criminales se han fortalecido.

El informe señala que, aunque en 2025 la tasa de homicidios en Honduras se redujo un 10,24 % respecto al año anterior, “no parece existir una relación de causalidad con la reducción de los índices de violencia y criminalidad”. Esa lectura coincide con lo que diversas fuentes han advertido: la caída de los homicidios estaría más vinculada a la expansión y consolidación del control territorial de la MS-13 que a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.

Violación sistemática de derechos

Según el documento, el estado de excepción fue presentado por el Ejecutivo de Castro como “la principal estrategia de lucha contra el crimen” y luego de 24 renovaciones perdió “su carácter excepcional y temporal”, abriendo la puerta para la violación sistemática de derechos humanos.

“Las medidas implementadas en el marco del estado de excepción han impactado de forma negativa principalmente a los residentes en barrios caracterizados por altos niveles de pobreza y exclusión social y señalados como territorios de maras y pandillas por las autoridades”, dice el informe.

En El Salvador, durante cuatro años de régimen de excepción, las autoridades han capturado a más de 90,000 personas sin derecho a defenderse, de las que muchas podrían pasar hasta siete años en prisión antes de ser juzgadas. Las denuncias por violaciones a derechos humanos se cuentan por miles y las muertes de personas en prisión se acercan a las 500, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. Decenas de organismos internacionales han denunciado torturas dentro de las prisiones, pero el Gobierno de Nayib Bukele se ha hecho de oídos sordos.

En el caso de Honduras, entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2025, la Policía realizó un total de 15,953 detenciones, de las cuales 13,059 están relacionadas con tráfico de drogas y 377 con extorsión. El informe de la ONU señala que recibió denuncias sobre detenciones arbitrarias que supuestamente “no contaban con investigaciones sólidas y presentaban problemas relacionados con la falta de elementos probatorios para acreditar adecuadamente las incriminaciones”.

El documento de la ONU muestra que la mayoría de las víctimas de violaciones a derechos humanos durante el estado de excepción en Honduras fueron jóvenes de entre 15 y 30 años, algunos con antecedentes penales, y provenientes de zonas pobres controladas por maras o pandillas. “La población en estas zonas está sometida tanto a la presencia de estructuras criminales, como al hostigamiento constante mediante requisas e incriminaciones arbitrarias, insultos y agresiones físicas por las fuerzas de seguridad”, dice el informe.

Desde su adopción en diciembre de 2022, el estado de excepción amplió su cobertura al 76 % del territorio nacional y fue finalmente eliminado el 26 de enero de este año, un día antes de que tomara posesión el nuevo presidente Nasry Asfura, quien ha descartado continuar con la medida.