La receta de Bukele contra las pandillas que falló en Honduras: “Aquí ya gobierna la Mara Salvatrucha”

En el barrio Rivera Hernández, en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, se puede constatar el fallido intento del Gobierno de implementar medidas represivas contra las pandillas similares a las impuestas por Nayib Bukele en El Salvador. En la entrada de este poblado, el taxista que pide identificarse como señor Jota explica los nuevos matices con los que realiza su trabajo: “Mire, lo que nosotros pagamos ya no se llama extorsión. Se llama uso de instalaciones. Si usted usa el punto de taxis, tiene que pagarle a la pandilla. Si no lo usa, no paga. Así de sencillo”. El señor Jota es residente de uno de los barrios más peligrosos de Honduras y durante sus casi cincuenta años ha sido testigo de la violencia pandillera. Ahora, dice, el Rivera Hernández es uno de los lugares más “seguros” de este país. La razón, sin embargo, parece una contradicción: “Ahora estamos más seguros porque aquí ya gobierna la Mara Salvatrucha”, dice.

Honduras ha sido históricamente uno de los países más homicidas de América Latina, y el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, es considerado la muestra más fidedigna de esa violencia. En 2014, la ciudad alcanzó una tasa de 140 homicidios por cada 100.000 habitantes, 14 veces lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia. Sin embargo, desde ese último pico, los homicidios en el barrio han bajado de forma sostenida, en línea con la tendencia nacional, hasta llegar a una tas de 25 homicidios en el último año. “Ahora usted puede caminar aquí tranquilo. Los pandilleros ya no se ven. Ahora tienen cámaras de vigilancia en las colonias. Tienen todo controlado desde un centro de mando, pero ya de una forma más profesional”, dice Jota.

El 6 de diciembre de 2022, tras un aumento en las denuncias por extorsión, la entonces presidenta Xiomara Castro impuso un régimen de excepción similar al de El Salvador, que restringió derechos y desplegó al Ejército en las calles. Sin embargo, según fuentes oficiales, la operación no se enfocó en líderes pandilleros ni incluyó redadas masivas, no capturó figuras clave ni reformó el sistema de justicia como en El Salvador. Aunque los homicidios han bajado, las fuentes coinciden en que no se debe al régimen, sino a decisiones internas de la pandilla.

“Aquí las pandillas están más organizadas. Allá (En El Salvador) mataban solo por matar. Aquí funcionan como una empresa. Aquí, si usted se une a la MS, se dice que usted trabaja en la MS. Usted es empleado de la MS. Usted, por ejemplo, le administra negocios, un carwash, un restaurante, o cobra la extorsión y le responde a sus jefes. A la MS ya no le interesa tanto matar sino el negocio”, dijo un alto mando militar con labores de inteligencia.

La baja de homicidios en Honduras coincidió con la consolidación de la hegemonía criminal de la MS-13 tras eliminar a sus rivales. Por ejemplo, para 2010, en el sector Rivera Hernández operaban cerca de una docena de ellas, pero para febrero de 2026, la MS-13 había acabado con todas. “Ahora solo quedan unas cuatro o cinco colonias pequeñas que son de la 18. La Kitur, Cerrito Lindo, la Satélite… poco más. Por eso ahora la MS opera de manera más quirúrgica. No van a matar el montón de gente para hacer la gran bulla. Van a ir de manera selectiva. Ellos saben a quién”, dijo una exfundadora de la MS-13 bajo condición de anonimato.

El fracaso del estado de excepción en Honduras se refleja, por ejemplo, en las 48 masacres registradas en sus primeros dos años, con 220 víctimas, incluida la de 46 mujeres en la cárcel de Támara en junio de 2023, la peor matanza en una prisión femenina en la historia reciente de Latinoamérica. “Solo el primer día [del estado de excepción] secuestraron a tres muchachos de aquí de la colonia, los metieron al baúl de un carro y pasaron enfrente de unos soldados y nadie hizo nada”, dice Jota, el taxista.

El régimen de excepción hondureño fue renovado 24 veces y venció el 26 de enero, un día antes de la toma de posesión de Nasry Asfura. El Gobierno saliente no presentó un balance de la medida y su final pasó casi inadvertido en las calles.

Un intento fallido

Nayib Bukele difundió el 14 de febrero un video en el que el ministro de Seguridad de Honduras afirmó que el modelo salvadoreño “aplica a ciertas condiciones” y “no es una receta” replicable en todos los países. Bukele reaccionó molesto y acusó al ministro de defender los “derechos humanos” de los criminales. Su mensaje desató críticas en redes sociales, principalmente contra el Gobierno hondureño. “Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad (…) Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, escribió.

El régimen de excepción en El Salvador inició el 27 de marzo de 2022, luego de que las pandillas organizaran una matanza de 87 personas en un fin de semana. Esta masacre se dio en medio de una tendencia a la baja en los homicidios y en medio de un discurso triunfalista de Bukele en el que le atribuía la baja al efecto de su plan de seguridad llamado “Control Territorial” que, según él mismo dijo, consistía en siete fases secretas. Más tarde, publicaciones periodísticas e investigaciones de la Fiscalía de Estados Unidos señalaron que Bukele, en realidad, mantenía un pacto con las pandillas.

Desde su aplicación, el Gobierno salvadoreño ha detenido a cerca de 90.000 personas durante ya casi cuatro años sin haber tenido un juicio y ha desarticulado estructuras pandilleras como ningún gobierno anterior. El costo ha sido alto: casi 500 muertes en cárceles y miles de denuncias por torturas y detenciones arbitrarias, según organizaciones de derechos humanos.

Desde entonces, muchos políticos latinoamericanos han querido imitar la medida como si fuera una receta. Xiomara Castro replicó un régimen similar al de El Salvador. El Gobierno hondureño reportó 70.000 detenciones en julio de 2025, pero sin detallar cuántas estaban ligadas a pandillas ni cuántas derivaron en condenas. Entre 2022 y 2025 se registraron 924 quejas por abusos policiales, además de investigaciones por desapariciones forzadas y denuncias de tortura.

De acuerdo con la fuente militar, uno de los factores que no permitió que el estado de excepción en Honduras funcionara como en El Salvador fueron las limitaciones a los agentes de seguridad. “Aquí no se puede capturar a nadie solo porque sí ni hacer redadas masivas de miles de personas. No tenemos esa capacidad legalmente”, dijo.

Las fuentes señalan que la MS-13 en Honduras ya no depende principalmente de la extorsión, sino que participa en la distribución nacional de droga y en el lavado de dinero, por lo que combatir a las pandillas también sería combatir al narcotráfico, un animal más poderoso en la región.

En su discurso de toma de posesión, el pasado 27 de enero, el presidente Asfura enumeró los principales problemas a combatir durante su mandato: el desempleo, la centralización del Estado y la salud. No mencionó a las pandillas ni al narcotráfico. La omisión no es menor, tras un régimen de excepción que no desarticuló estructuras criminales ni alteró sus vínculos con el narcotráfico, el desafío que enfrenta ahora su gobierno es más complejo y profundo. Basta con echar una mirada a Rivera Hernández, el barrio bravo de San Pedro Sula, donde la seguridad no la garantiza el Estado, sino la Mara Salvatrucha convertida en una corporación exitosa.