Ortega y Murillo condenan a Bayardo Arce por lavado y defraudación fiscal después de que su familia advirtiera que temía por su vida

Daniel Ortega y Rosario Murillo recurrieron este martes a los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal para condenar a quien fue, hasta hace poco más de seis meses, una de las piezas clave del engranaje económico del régimen sandinista: el histórico comandante Bayardo Arce Castaño. Tras mantenerlo medio año recluido en una celda de máxima seguridad de la cárcel La Modelo, bajo aislamiento total, y apenas tres días después de que fuentes de su familia en el exilio denunciaran a EL PAÍS que temían por su vida —al considerar que estaba “secuestrado” por no habérsele imputado ningún cargo—, la pareja copresidencial anunció una condena dictada en un juicio del que no se precisaron ni la fecha ni el lugar.

En un comunicado difundido por la Procuraduría General de la República (PGR), la justicia sandinista no solo condena a Arce, sino también a su asistente ejecutivo, Ricardo Bonilla —cuyo paradero continúa siendo desconocido—, por una supuesta “operatividad financiera compleja y prolongada en el tiempo, orientada a integrar capitales ilícitos”, que le habría generado ganancias de hasta 2.713 millones de dólares y 82.344 millones de córdobas (más de dos mil millones de dólares), “configurando plenamente el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado”.

Si bien Arce fue señalado durante años por el manejo opaco de capitales al amparo de Ortega, es ahora cuando se le procesa formalmente por lavado de dinero y defraudación fiscal, figuras penales que la pareja presidencial ha utilizado de manera recurrente contra opositores y antiguos aliados convertidos en enemigos, en un intento por dotar de apariencia legal a causas de claro trasfondo político.

El régimen también señala como coautores a la esposa de Arce y a su cuñado, Amelia Ybarra y Amílcar Manuel Ybarra, quienes huyeron al exilio en diciembre para escapar de la persecución policial y judicial. Arce y su entorno cayeron en desgracia en julio de 2025, en medio de una purga dirigida por Murillo contra quienes consideraba críticos de su plan de sucesión familiar del poder. El exasesor económico figuraba entre ellos.

Las oficinas de Bayardo Arce fueron allanadas y su entorno neutralizado el 26 de julio de 2025, aunque su captura no se produjo hasta la madrugada del día 30, cuando fue detenido en su vivienda, en Managua, por un convoy de oficiales armados de la Dirección de Operaciones Especiales. Desde entonces, fuentes sandinistas confirmaron que uno de los hombres de mayor confianza de Ortega —y principal artífice de la relación corporativista con el empresariado nicaragüense— permanecía recluido en una celda de máxima seguridad en La Modelo. Nunca trascendió, sin embargo, la celebración de un juicio en su contra, pese a que la PGR sugirió desde un inicio que Arce era investigado por corrupción.

Tras seis meses de reclusión en aislamiento total, durante los cuales solo se le permitieron cinco visitas, fuentes de su familia en el exilio decidieron denunciar públicamente su situación a EL PAÍS. Además de alertar sobre malos tratos, sostuvieron que Arce nunca fue sometido a juicio alguno, ni presencial ni virtual, por lo que calificaron su detención como un “secuestro”. En contraste, el comunicado oficial que anunció la condena, difundido tres días después de esa denuncia, asegura que sí existió un proceso judicial, aunque sin detallar cuándo ni cómo se llevó a cabo.

“Durante el juicio oral y público, el órgano jurisdiccional valoró la prueba documental, pericial y testifical”, sostiene la PGR, que asegura que ello permitió establecer la existencia del delito, la participación directa de los acusados y la trazabilidad de los recursos ilícitos mediante “uso de testaferros, ingeniería societaria ilícita y lavado de dinero”.

El medio nicaragüense Divergentes también tuvo acceso al sistema Nicarao, la base de datos oficial del Poder Judicial en la que se registran todas las causas del país, y constató que Arce no figura con ningún proceso penal activo ni con antecedentes vinculados a lavado de dinero o defraudación fiscal. La ausencia de registros refuerza la versión de las fuentes familiares, que sostienen que el exasesor presidencial nunca fue sometido a un proceso judicial formal y que la condena fue anunciada tras la publicación de EL PAÍS.

La PGR asegura además que, como medidas resarcitorias, la resolución judicial ordenó la cancelación de sociedades y el decomiso de bienes, en aplicación de la Ley N.º 735 sobre crimen organizado y administración de bienes incautados.

Según fuentes en el exilio cercanas a la familia de Arce —considerado el último de su entorno que se mantenía leal a Ortega pese a sus profundas diferencias con Murillo—, el exasesor expresó en todo momento su disposición a cooperar para aclarar los señalamientos de corrupción. De acuerdo con estas versiones, intentó reiteradamente comunicarse por los canales formales con la pareja presidencial, sin obtener respuesta.

Bayardo Arce tiene 76 años, padece diabetes crónica y presenta sospechas de un melanoma en uno de sus brazos. Según sus allegados, durante todo el periodo de aislamiento en la cárcel de máxima seguridad no ha recibido atención médica especializada. “Por el patrón que se ha visto, por su edad y el ensañamiento en su contra, nuestro mayor temor es que no salga con vida, no volver a verlo”, señalaron.