Daniel Ortega, el dictador más longevo de América este siglo

El pasado día 10, Daniel Ortega cumplió 19 años consecutivos en el poder, superando con creces a Anastasio Somoza García, Tacho Viejo, fundador de la dinastía del siglo XX, quien gobernó Nicaragua durante 16 años y, después de su muerte, continuaron en el poder sus hijos Luis y Anastasio.

El caudillo del Frente Sandinista es hoy el dictador más longevo de América Latina y el Caribe, una anomalía en este siglo XXI de volatilidad electoral y alternancia en el poder, a la que se agrega otra aún más estrambótica: una dictadura familiar-matrimonial. De acuerdo con la nueva Constitución “Chamuca” que instituyó en 2025 la sucesión dinástica, Daniel Ortega ahora comparte la copresidencia con su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.

En su carrera maratónica por el poder, Ortega fue primero coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, durante la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en 1979, y en 1985 fue electo presidente. En 1990, el exguerrillero sandinista entregó el poder, tras su derrota electoral ante mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, quien, a su vez, inició la transición democrática.

Después de perder otras dos elecciones y tras 16 años en la oposición, “gobernando desde abajo”, Ortega alternó la captura del poder judicial con violentas asonadas y negociaciones políticas al borde del abismo, y regresó al poder por la vía electoral en 2007 como resultado de un éxito de táctica política y un incidente fortuito. El primero fue el pacto con el corrupto expresidente Arnoldo Alemán en el año 2000 que redujo el umbral para ganar en primera vuelta, como un traje a la medida del bagaje electoral de Ortega, a un mínimo del 35% de los votos y cinco puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Así ganó Ortega con el 38%, mientras el 62% de los votantes se dividieron entre otros dos partidos de derecha y un tercero socialdemócrata. Y lo que de verdad le permitió alcanzar ese 38% de los votos fue el súbito fallecimiento tres meses antes de la elección —en circunstancias nunca totalmente aclaradas—, de Herty Lewites, el popular exalcalde de Managua, que había sido expulsado del FSLN por disputarle la candidatura a Ortega, y se proyectaba como el candidato de la izquierda democrática (MRS), que le restaba a Ortega un alto porcentaje de los votantes sandinistas.

Nada era, por lo tanto, inevitable, ni el retorno al poder de nuestro Stalin tropical, ni su consolidación como dictador durante 19 años, facilitado por el descarrilamiento de la transición democrática, que contó con muchos colaboradores necesarios, empezando por la traición de los jefes militares y policiales que rindieron sus instituciones a la dictadura familiar, como la guardia pretoriana de la época de los Somoza en el siglo pasado.

En su segunda presidencia, Ortega llegó con la determinación de quedarse para siempre en el poder. Ejecutó un golpe desde arriba que demolió las instituciones democráticas, estableció como práctica el fraude electoral, ilegalizó y reprimió a la oposición, hasta lograr el monopolio sobre los poderes del Estado —la Corte Suprema de Justicia, el Legislativo, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría—, cooptando al Ejército y la Policía —otrora las joyas de la transición democrática—, al control político familiar de la pareja presidencial.

Cuestionado en los primeros años por una amorfa mayoría opositora, su proyecto autoritario encontró una senda de legitimidad y estabilidad desde 2009 al concertar una alianza con los grandes empresarios de Nicaragua y la región (Centroamérica, México, Colombia, Estados Unidos y Canadá), a los que les permitió cogobernar en la economía a costa de transparencia y democracia. Fueron también los años de las vacas gordas del precio del petróleo y la cooperación venezolana de Hugo Chávez, a través del desvío de más de 5.000 millones de dólares por medio de un presupuesto privado paralelo para financiar los programas asistencialistas del régimen, pero, sobre todo, para engrosar los negocios privados de la familia gobernante.

En 2011, Ortega se reeligió violando la Constitución, que tenía un doble candado que prohibía la reelección consecutiva y un tercer mandato en el poder después de dos gobiernos alternos. Nuevamente, se reeligió en 2016, inaugurando un sistema de partido hegemónico al despojar a la oposición de sus escaños en el Parlamento, e instaló a su esposa en la línea de sucesión constitucional como vicepresidenta. Pero cuando le tocó gobernar sin el músculo económico de los petrodólares de Venezuela y enfrentar las primeras protestas populares de los estudiantes universitarios, el régimen, que no fue diseñado para tolerar una oposición democrática, provocó el peor baño de sangre de la historia de Nicaragua en tiempos de paz.

El modelo corporativista autoritario y la alianza con los grandes empresarios colapsó durante la rebelión de abril de 2018, una protesta espontánea autoconvocada que desembocó en 100 días de insurrección cívica —marchas masivas, tomas de universidades, paros nacionales, barricadas en los barrios y tranques en las carreteras— que pusieron en jaque al régimen con demandas del fin de la dictadura y elecciones anticipadas. Ortega y Murillo respondieron con el “vamos con todo” de la represión policial y paramilitar, respaldados por la cúpula del Ejército, que causó más de 350 asesinatos y una persecución política que supuso miles de detenciones arbitrarias y decenas de miles de exiliados. La dictadura institucional, acostumbrada a usar la represión de forma selectiva, se convirtió en una dictadura sangrienta, y desde septiembre de 2018 impuso un Estado policial, suspendiendo por las vías de hecho todos los derechos y libertades democráticas: reunión, movilización, prensa y expresión, asociación, e incluso la libertad religiosa.

En noviembre de 2021, Ortega descartó la última oportunidad para arriesgar el poder y celebrar unas elecciones competitivas, aun bajo Estado policial. Con la certeza de que sería derrotado por cualquiera de los contendientes, encarceló a los siete precandidatos de la oposición, y se reeligió por tercera vez consecutiva, sin competencia política. Su reelección ilegal provocó un rechazo mayoritario en la OEA, que cuestionó la legitimidad de su Gobierno, pero nunca pudo reunir los 24 votos para sancionar a la dictadura por la violación de la Carta Democrática Interamericana.

Como un anticipo de lo que ocurriría en Venezuela tres años después, cuando Nicolás Maduro robó las elecciones que perdió ante Edmundo González Urrutia y se impuso por la fuerza, en Nicaragua los gobiernos democráticos de América y el Sistema Interamericano fracasaron para frenar una dictadura que hoy tiende a normalizarse. Pese a que algunos líderes democráticos apostaron, con ingenuidad, que una vez reelecto Ortega llamaría a una especie de diálogo nacional, bajo el mando total de Rosario Murillo la dictadura más bien continuó radicalizando su camino hacia un esquema aún más totalitario. Entre 2021 y 2025, el régimen barrió toda la sociedad civil —universidades, medios de comunicación, gremios empresariales, asociaciones civiles y religiosas, incluidas la Cruz Roja, las monjas de Madre Teresa de Calcuta, y el certamen de Miss Nicaragua—, eliminó más de 5,500 organizaciones de la sociedad civil, atornilló la censura y desató una rabiosa persecución política contra la Iglesia católica, encarcelando y después desterrando a decenas de sacerdotes y a cuatro obispos. La cereza del pastel de la represión ha sido una campaña vengativa de represión transnacional, apuntalada en el despojo de la nacionalidad a más de 450 ciudadanos, la ejecución de atentados terroristas en Costa Rica, y la cancelación del derecho a viajar y retornar al país en libertad.

De manera sucinta, ese ha sido el itinerario que explica la longevidad de la dictadura Ortega-Murillo, aunque hay otro pilar estructural que sustenta la resiliencia del régimen represivo. A diferencia de Cuba y Venezuela, la economía de Nicaragua no está colapsando, y, a pesar de las confiscaciones de propiedades y el derrumbe de la seguridad jurídica, según los burócratas del Fondo Monetario Internacional más bien goza de buena salud. Eso dicen las cifras macroeconómicas de las reservas internacionales, basadas en las exportaciones a Estados Unidos y a los países del tratado de libre comercio DR-CAFTA; en la expulsión de un millón de nicaragüenses, que envían al país remesas equivalentes al 30% del PIB, y en un esquema de corrupción y extorsión sobre el sector privado empresarial.

La sucesión dinástica de Rosario Murillo al frente del poder total empezó muchos años antes de haberse oficializado en la Constitución, con una interminable purga de los cuadros leales a Ortega, que han sido sustituidos por los murillistas, lo que ha ocasionado una erosión de las bases de apoyo de la dictadura en el sandinismo. Con Ortega como un gobernante ausente, Murillo, omnipresente, gobierna con un aparato de 25 operadores políticos, entre ellos cinco de sus hijos, que controlan sin oposición la represión, la centralización del Estado-partido, la economía y la corrupción, y la censura y la propaganda del régimen.

La caída de Nicolás Maduro, producto de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, generó una mezcla de pánico y paranoia en el búnker de El Carmen. Murillo decretó un estado de alerta que produjo más de 60 nuevos presos políticos, por comentar o celebrar la captura de Maduro, y al mismo tiempo Ortega y Murillo adoptaron un inusual lenguaje diplomático cauteloso, solidarizándose con el chavismo, pero sin mencionar por su nombre a Donald Trump.

En realidad, Nicaragua no está en el radar de las prioridades de la Administración de Trump en América Latina. En la víspera del regreso de Trump a la presidencia en 2025, la dictadura canceló el uso del aeropuerto internacional de Managua como trampolín de vuelos intercontinentales para promover la migración ilegal a Estados Unidos. Y aunque la DEA anunció su retirada de Nicaragua por la falta de colaboración del régimen, el Ejército nicaragüense se esmera en mostrar resultados en la interdicción de drogas, pese a que el ministro de seguridad de Nayib Bukele, el hombre de Trump para Centroamérica, insiste en que la cocaína que está siendo trasegada hacia el Norte en el Pacífico proviene de Nicaragua.

Tampoco las alianzas ostensibles de Ortega con Rusia y China, a las que pretende representar como peón en América Central, parece incomodar a la Administración de Trump. Ni siquiera las violaciones del tratado CAFTA que documentó ampliamente la Oficina de Comercio de Estados Unidos. Sin embargo, dado lo impredecible de Trump y de su lugarteniente Marco Rubio, resulta imperativo reconocer que cualquier acción extraordinaria de presión externa, o incluso una fractura interna, pueden desalojar a Ortega y Murillo del poder, pero solamente una fuerte oposición democrática, sin Estado policial, puede abrir el camino a una transición.

El fin de la dictadura dinástica y la salida democrática en Nicaragua comienza con la unidad en la acción de la oposición dentro del país, y no solo en el exilio; con la reconstrucción gradual del tejido cívico, incluyendo la sociedad civil democrática, la Iglesia y el sector empresarial, para debilitar el Estado policial, y con una hoja de ruta para el día siguiente que coloque en primer plano la justicia sin impunidad. Mientras tanto, el único espacio de libertad que existe en Nicaragua cuando escribo estas líneas es la prensa independiente, que, desde el exilio, todos los días está derrotando la censura de la dictadura.